Museos en crisis, “basura arqueológica” y “monopolio de arqueólogos”: el duro debate sobre hallazgos y construcción

La construcción del Hospital en La Unión, en la Región de los Ríos, se paralizó a fines de 2022 por hallazgos arqueológicos. Ese es uno de los ejemplos que usó el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Juan Armando Vicuña, para poner nuevamente sobre la mesa un tema cuyo debate se arrastra hace años.

“Hoy día tenemos hospitales detenidos por hallazgos arqueológicos de los que no tenemos claridad del valor. Las cosas que están sacando no las reciben los museos, no las quieren. Lo llaman basura arqueológica o basura, derechamente”, dijo Vicuña en una entrevista en la última edición de Revista Velvet. Según el empresario, los procedimientos y trámites con el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), producto de encontrar piezas con posible valor arqueológico, paraliza la inversión pública y privada, y afecta directamente a las comunidades que requieren dichas instalaciones en construcción.

“Antes no importaba. El marco regulatorio que rige esto es el mismo que existía hace cinco años, prepandemia. Antes cuando encontraban y veían que no servía para nada, que no tenía ningún valor, lo dejaban, lo botaban y se seguía la obra”, aseveró.

Al respecto, Mauricio Uribe Rodríguez, arqueólogo, representante de la Sociedad Chilena de la Arqueología en el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y académico de la Universidad de Chile, conversa con Culto para aclarar varios puntos que el empresario comenta en dicha entrevista.

“Hay un grado de liviandad con la cual se trata el problema. Tenemos un problema, no lo podemos negar, en términos que hay una complejidad en el sistema de inversión, así como de protección patrimonial, que no están dialogando muy bien. Sus palabras no develan la complejidad que tiene, y un grado de ignorancia o sesgo que me parece delicado”, reflexiona el arqueólogo.

“Me parece de una gravedad tremenda decir que (el CMN) paraliza hospitales. Para toda claridad, hospitales como el de La Unión están hoy día paralizados por una Consulta Indígena— o se está solicitando—, que debió hacerse antes de haber iniciado el proyecto o haber licitado el proyecto. Las comunidades están solicitando esto y están en todo su derecho. La empresa debió tenerlo previamente claro, eso es responsabilidad de quién ejecuta los proyectos”, aclara Mauricio Uribe.

Al debate se han sumado antes otras voces, como el presidente de Copsa (Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública), Leonardo Daneri, quien declaró lo siguiente en Radio Pauta, en marzo de este año. Monumentos Naciones “no tiene recursos para estudiar, rescatar y analizar los hallazgos. Es un sistema que hay que reformar, actúa muy lento. Uno puede demorar muchísimos años tener una obra paralizada con todos los costos que eso involucra. Esto tiene un costo gigantesco para la sociedad y muchas veces los hallazgos son basurales del siglo XIX, son restos antiguos, pero con poco valor y no son museables, estas cosas terminan guardadas en bodegas que nadie ve”.

El debate es extenso y posee varias aristas. ¿Qué se debe priorizar, la construcción de un edificio prioritario o la preservación histórica y patrimonial de una comunidad?

Cuando una entidad, ya sea pública o privada, desea construir en un terreno, diversos factores determinan la obligatoriedad de una declaración de impacto ambiental— que incluye una evaluación arqueológica—, como el tamaño del sector de construcción o la magnitud de la obra. Según explica a Culto Mauricio Uribe, miembro del Consejo de Monumentos Nacionales, hay proyectos inmobiliarios que utilizan mecanismos para no hacer evaluaciones, como la subdivisón de sus obras.

Estos informes son enviados para su revisión al Consejo de Monumentos Nacionales, dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. “Dentro de los roles relevantes del CMN, es que se trata de un organismo con competencia ambiental y, como tal, actúa como evaluador de los proyectos de inversión que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), a fin de resguardar el patrimonio arqueo y paleontológico protegido oficialmente. Esto, a través de los profesionales del área de Patrimonio y Desarrollo Sustentable (Padesu), que analiza el componente arqueológico, y de Patrimonio Natural, abocado al componente paleontológico”, explica el Consejo de Monumentos Nacionales a Culto a través de una declaración.

Asimismo, “el área de Patrimonio Arqueológico, a su vez, se ocupa de las iniciativas que requieren de un permiso de excavación y prospección arqueológica —fuera del Sistema de Evaluación Ambiental— y de supervisar y evaluar el manejo del componente arqueológico en el marco de iniciativas de inversión, incluyendo proyectos de infraestructura, como la construcción de viviendas sociales”, agrega la entidad.

En caso de no hacer una evaluación previa, el hallazgo sorpresa de una pieza arqueológica detiene el proceso de construcción, según estipula la ley. “Con la experiencia que ya tienen las empresas, deberían tenerlo considerado dentro de sus propios gastos, o hacerse a asesorar de la mejor manera. Hay que recordar que ellos intervienen el subsuelo, donde se encuentran estos recursos que están el todo el país, porque Chile está habitado por más de 13 mil años, por gente que merece el mismo respecto”, precisa Mauricio Uribe.

Para realizar esas evaluaciones para una construcción, es necesario que se contrate, por ejemplo, a un arqueólogo. He ahí el problema, según señaló el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Juan Armando Vicuña. “Se ha generado una industria de la arqueología en base a los proyectos paralizados, porque ellos son los más beneficiados con esto. Hay un monopolio de arqueólogos que son designados por Monumentos Nacionales, no se puede traer un arqueólogo de afuera, tiene que ser esa gente. Y ese es el principal escollo. Nosotros ofrecimos agilizar el trámite trayendo de arqueólogos de Perú o Egipto, que no digamos que no tienen experiencia y capacidades; y no se puede”.

Al respecto, Mauricio Uribe, parte del Consejo de Monumentos Nacionales, aclara que sí se pueden contratar a profesionales extranjeros. “Se nota falta de conocimiento. Existen convenios internaciones que validan los títulos profesionales de arqueólogos en el extranjero, por ejemplo de Bolivia y España. También se le puede dar permiso a arqueólogos extranjeros que tengan vínculos con universidades chilenas”.

Además, agrega: “El CMN no tiene ninguna potestad para decir con qué arqueólogo se trabaja o no, salvo que cumpla con la legalidad chilena”.

Pedro Andrade, arqueólogo, doctor en Antropología y académico de la Universidad de Concepción, refuerza en diálogo con Culto lo planteado por Uribe. “El CMN no tiene arqueólogos que trabajen para ellos haciendo evaluaciones ambientales, tiene arqueólogos que revisan lo que los otros arqueólogos hacen. El CMN no puede ni debe imponer un arqueólogo. Que un funcionario del CMN recomiende a un profesional por sobre otro es tráfico de influencias y si el señor Vicuña dice eso, si tiene antecedentes, debería denunciarlo. No he conocido ningún caso donde eso ocurra”.

Sobre los altos costos de contratación de los profesionales, Mauricio Uribe señala: “Lo que hay que poner en claro es que Chile tiene un sistema de libre mercado. Los que ponen los precios son los que hacen los negocios, no el Estado. Hay sobrecostos, y quizás cobros excesivos, pero frente a eso hay que buscar otras medidas, y no echarle la culpa al CMN porque en eso no tiene ninguna interferencia. No se hace un negocio con la protección patrimonial, la determinación de costos se hace por fuera, viendo cuánta gente va a trabajar, los metros cuadrados a cubrir o las excavaciones a realizar, pero no tiene que ver con que se haga un negocio con la protección patrimonial”.

En síntesis, el Consejo de Monumentos Nacionales no posee arqueólogos contratados para realizar evaluaciones ambientales, solo a personal de esta profesión en su Secretaría Técnica, que evalúa los informes emitidos por los mandantes de los proyectos.

Otro de los problemas que apuntó el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Juan Armando Vicuña, es la responsabilidad de los museos en la ecuación. “Las cosas que están sacando no las reciben los museos, no las quieren. Lo llaman basura arqueológica o basura, derechamente”, dijo.

Más que el rechazo a bienes arqueológicos por considerarlos ‘basura’, los arqueólogos señalan que el problema radica en otra arista. “Los museos no están dando abasto para recibir la cantidad de materiales”, reflexiona Pedro Andrade, arqueólogo y doctor en Antropología. Mauricio Uribe concuerda, y agrega: “Producto de la intensificación de la actividad económica, se ha generado una enorme cantidad de materiales arqueológicos que el país no estaba preparado para recibir, las instituciones no estaban preparadas para eso, y ha habido poca inversión en los depósitos y los museos. Estamos en una situación crítica en la capacidad de preservar estos materiales”.

Ahora bien, el arqueólogo Pedro Andrade invita a las empresas constructoras a tener iniciativa y ser propositivos en la solución de esa problemática. “Una de las cosas que le preguntaría al gremio de la construcción es por qué no planifican estas cosas con tiempo, por qué no, antes de instalar un proyecto o ingresar una declaración de impacto ambiental, hacen de manera voluntaria una evaluación arqueológica. Hay empresas que sí lo hacen, pero son muy pocas”.

“¿Por qué ellos no habilitan un espacio propio para exhibir esos materiales, que ellos financien una sala museográfica de una localidad? Eso también puede acercar a la comunidad con el proyecto en construcción”, plantea Pedro Andrade.

Uno de los principales argumentos esgrimidos por el presidente del gremio de la construcción, Juan Armando Vicuña, tiene relación con los tiempos que se toma el organismo para la revisión de los permisos. “Las demoras en la toma de decisiones por parte del Consejo de Monumentos Nacionales, retrasan la ejecución de algunas obras, algo reconocido por el Ministerio de Economía y consignado en el informe del Consejo Nacional de Evaluación y Productividad, CNEP”, aclara el empresario a través de una declaración enviada a Culto.

“Como gremio hemos propuesto que sea el MOP (Ministerio de Obras Públicas) quien asuma el riesgo arqueológico y, si desea que el concesionario realice rescates, deben establecerse compensaciones en términos de costos y plazos. Además, es necesario que el Consejo de Monumentos Nacionales respete el plazo de 60 días hábiles para pronunciarse respecto de las solicitudes de prospección y rescate y que según el informe del CNEP (Consejo Nacional de Evaluación y Productividad) supera los 300 días”, profundiza Juan Armando Vicuña en el mismo texto.

Al respecto, Mauricio Uribe del Consejo de Monumentos Nacionales detalla: “Son procesos complejos donde los actores no son solamente el Consejo, sino la empresa que contrata a sus propios arqueólogos, para hacer sus evaluaciones, para que ingresen al sistema de evaluación. En ese sentido, el CMN recepciona los informes y los evalúa. Me impresiona mucho que no haya ninguna autocrítica al respecto, porque se contrata cualquier estudio y muchos de ellos llegan con una enorme cantidad de deficiencias, quizás por las presiones, el apuro, y llegan (al CMN) y se le realizan una serie de observaciones, porque vienen en calidad bastante deficiente”.

El académico de la Universidad de Chile señala la importancia de implicar a varios actores públicos y privados, sin olvidar las Consultas Indígenas, lideradas por el Estado para los proyectos inmobiliarios. “Tienen que ser responsabilidades compartidas”, concluye el profesional.