El 29 de noviembre de este año, un trabajador falleció en las instalaciones del Estadio Nacional, durante el desmontaje del escenario de los conciertos de Iron Maiden. De acuerdo a los primeros antecedentes, habría caído de 14 metros, luego de que una instalación cediera. Se trata de Rodrigo Llanos, de 30 años, quien se desempeñaba como rigger, es decir, realizaba trabajos en altura.

Desde DG Medios, productora del evento, emitieron un comunicado: “Por circunstancias que se están investigando y que en estos momentos se encuentran en manos de los organismos pertinentes, ocurrió un accidente durante el proceso de desarmado de unas de las torres del escenario y que significó la lamentable muerte de una de las personas que trabajaba en el lugar”.

“En estos instantes, como empresa, nuestra principal preocupación es cooperar con la investigación y apoyar a la familia del trabajador”, agregaron.

Ese mismo día, la Policía de Investigaciones (PDI) indicó que el fallecido trabajaba en una empresa externa a la productora y señaló, de forma preliminar, que el trabajador utilizaba su arnés de seguridad.

Desde el Sindicato Nacional de Técnicxs de Espectáculos (SINTECES) precisaron que este no es un caso aislado, bajo la consigna “no más muertes en espectáculos”.

“Hemos advertido a las autoridades pertinentes en reiteradas oportunidades y por diversas vías, las negras cifras de accidentes graves y con resultado de muerte de trabajadores/as que arrastra nuestro sector”, escribieron en un comunicado publicado el 30 de noviembre. Así, añadieron sobre el hecho: “Sin tener mayores detalles oficiales de la investigación, hemos recabado suficientes testimonios entre los mismxs trabajadorxs que estaban en el lugar, que dan cuenta de que efectivamente no estaban las condiciones mínimas de seguridad en el desmontaje para poder trabajar”.

Daniela Valenzuela, presidenta de SINTECES, explica a Culto que según la Ley 20.123—de subcontrataciones—, la productora principal de los eventos es la encargada de la seguridad de todos los trabajadores de una faena, incluyendo a aquellos que forman parte de empresas externas contratadas para funciones específicas. “La ley dice que la empresa principal tiene total responsabilidad respecto a la salud y la vida de todos los trabajadores, incluyendo a aquellos que son subcontratados”, dice la dirigenta.

Consultados al respecto, DG Medios prefirió no referirse al tema por asuntos legales, considerando la investigación en curso. Según pudo saber Culto, el Estadio Nacional estuvo cerrado a productoras de conciertos hasta la jornada del último jueves 12 de diciembre, debido a pericias por la muerte de Rodrigo Llanos.

Desde el recinto de Ñuñoa, el Instituto Nacional del Deporte (IND)—entidad encargada del estadio— afirma que “solo arrienda el espacio para la realización de los eventos y es de exclusiva responsabilidad de las productoras cumplir con las exigencias dictaminadas por la Delegación Presidencial y los entes fiscalizadores pertinentes, todo respecto a las normas vigentes para este tipo de eventos”.

Así, citan el contrato de arriendo: “Será responsabilidad exclusiva de la productora a cargo, cualquier accidente que ocurra en el espacio cuyo uso se cede o en el espacio de acceso facilitado, siendo de su cargo la prevención e implementación de todas las medidas de seguridad necesarias y garantizará, tanto en la integridad física y psíquica de las personas que asistan al espectáculo musical señalado, como en sus pertenencias y en los lugares adyacentes, la seguridad de éstas, liberando de toda responsabilidad al Instituto de cualquier perjuicio material o moral a terceros que pudiere producirse con ocasión del espectáculo musical señalado precedentemente”.

Por lo demás, cada productora debe presentar un seguro de daños ante los recintos donde despliegan sus espectáculos, ante la eventualidad que suceda cualquier accidente. Desde el Estadio Nacional y desde DG medios no confirmaron si en el caso de lo acontecido con Iron Maiden se había presentado tal documento.

El nombre de Rodrigo Llanos se suma al de otros trabajadores fallecidos durante montajes o desmontajes de eventos. Fernando Canales murió en enero de 2019, tras caer del techo de la Quinta Vergara durante las funciones de desarme de la parte alta del escenario del Festival de Viña del Mar. Según pudo saber Culto, Bizarro, la productora a cargo, pagó una indemnización de alrededor de 150 millones de pesos a la familia. Una parte de ese dinero fue cubierta por un seguro de la empresa.

“Los detalles del juicio son macabros—comenta Daniela Valenzuela—. Bizarro nuevamente se gana la licitación del Festival de Viña sin tener ninguna inhabilidad, siendo parte de un juicio y habiendo pagado una parte de la multa. No tiene ninguna inhabilidad para ganarse una licitación”.

De acuerdo a SINTECES, se registran 19 muertes de trabajadores de artes y espectáculos desde 2011.

Otro de los casos recientes es el de la asistente de producción Fabiola Flores, de 34 años. Su fallecimiento ocurrió en el centro de ski El Colorado, el 29 de agosto, durante el rodaje de una película de la productora peruana La Soga y la productora nacional Tiki Films. A inicios de mes, la Seremi de Salud de la región Metropolitana estableció que tanto la productora chilena, como la sociedad que controla el recinto, Andacor S.A., tuvieron responsabilidad en el deceso de Flores, y fueron multadas con una cifra que bordea los 67 millones de pesos.

“La relación de seguridad que tenemos con nuestros empresarios es nula. No existe dentro de la normativa laboral una legislación o protocolo que nos dé la tranquilidad de seguridad e higiene”, explica Marcela Arredondo, secretaria ejecutiva del Sindicato de Nacional Interpresa de Profesionales y Técnicos del Cine y Audiovisual (SINTECI), que reúne a cerca de 800 afiliados. “Terminamos siendo el patio trasero de cultura”, agrega.

“La Soga, que es la que comanda esta película, se va. Extranjería no la retiene en su faena. Esa productora puede volver a entrar a Chile a hacer otra producción”, dice Arredondo.

Desde la Dirección del Trabajo explican que se ha desarrollado “una estrategia inspectiva para abordar todos los aspectos legales y de higiene y seguridad de la industria audiovisual y de espectáculos masivos”.

“Entre los años 2023 y 2024 —expresan—la DT ha registrado 7 accidentes graves o fatales en esta industria. Cuatro de los accidentes fueron graves y tres fatales, incluyendo en estos últimos, de una trabajadora fallecida en El Colorado y del trabajador fallecido en el Estadio Nacional. En total, 5 de las fiscalizaciones significaron multas por un total de $21.414.980. Otras 2 fiscalizaciones no han terminado aún. Un hecho significativo es que, independiente de la naturaleza y magnitud de los trabajos en los que ocurrieron los accidentes, todos fueron por caídas de altura”.

La falta de contratación, la subcontratación, la carencia de fiscalización y legislación pertinente, así como el miedo a la denuncia, son algunas de las aristas que denuncian ambos gremios. “Si yo denuncio, corro el riesgo de quedar sin trabajo. Si ya el trabajo es escaso en región, o aquí mismo en Santiago, termino no denunciado por temor”, reflexiona Arredondo.

La Ley 19.889 fue creada en 2003 y regula las condiciones de trabajo y contratación de los trabajadores de artes y espectáculos. Por consiguiente, en el artículo 145 del Código del Trabajo se agregó el Capítulo IV, que establece la formalización del rubro. A pesar de que la contratación es un requisito por ley, desde SINTECES y SINTECI denuncian la baja contratación a nivel nacional, considerando la cantidad de espectáculos y producciones audiovisuales.

De acuerdo a datos a los que accedieron por Ley de Transparencia, entre 2021 y 2024 se registraron 4.303 contratos por el artículo 145 en la Dirección del Trabajo, de los cuales, solo el 5% corresponde al sector de las artes escénicas o espectáculos.

Daniela Valenzuela, presidenta de SINTECES, indica que la no existencia de contratos en espectáculos da paso a la informalidad o que, en caso de existir estos, a veces son irregulares, ya sea porque se contrata a una persona en representación de un grupo o se hace un contrato por polifunciones. “Esto se traduce en que no existe jornada (laboral) y te encuentras con equipos de trabajo que llevan dos, tres turnos de trabajo. No hay registro de asistencia. Además, tiene asociado todos los problemas de seguridad social en un rubro que ya es precario, porque tenemos que trabajar en múltiples cosas para poder sostener la vida a través del oficio”.

Respecto a la seguridad social y un eventual accidente laboral, Arredondo dice: “Si no estoy contratada, dónde me llevan: ¿a la mutual, al Cesfam? No sabes dónde ir”. Así, Valenzuela añade: “En un accidente, somos nosotros los que estamos cubriendo nuestra atención en salud”.

El diputado Andrés Giordano, quien integra la Comisión del Trabajo de la Cámara Baja, fue músico y dirigente sindical. “La Ley 19.889 aún no se implementa de forma transversal en materia contractual. Es necesario que esta sea revisada en función de las particularidades de los rubros. Me parece fundamental que impulsemos una modificación que habilite la creación de protocolos especializados, y que lo hagamos en conjunto con los sindicatos. Tanto SINTECI como SINTECES tienen trabajo adelantado en esta dirección: le presentaron un proyecto al Ministerio del Trabajo, solicitaron audiencia en la Comisión y solicité un informe de legislación comparada a la Biblioteca del Congreso para acelerar la eventual tramitación”, comenta a Culto.

“En junio de este año ingresamos una denuncia a la Dirección del Trabajo, por cuatro espacios que realizan espectáculos. Por ejemplo, el Teatro Caupolicán o el Movistar Arena, que tienen antecedentes de accidentes o de muertes en su historia, o que son conocidos por los trabajadores por tener condiciones inseguras. Dos fueron cursadas y aún no recibimos los otros dos informes”, explica Daniela Valenzuela, de SINTECES.

Desde el Movistar Arena, explican a Culto que al ser una concesión fiscal son sujeto permanente de fiscalizaciones. “Nuestro recinto es arrendado por productoras, quienes realizan los eventos y como tal, son responsables del montaje, ejecución y desmontaje de dichos eventos. Son ellas las responsables de gestionar los permisos necesarios para la realización de sus actividades, incluyendo aquellos relacionados con seguridad y prevención de riesgos”, indicaron.

Sobre si fueron fiscalizados por la DT, responden: “Sí, hemos sido fiscalizados por la Dirección del Trabajo, la cual, a la fecha, no ha emitido observaciones”. Además, agregan que “Movistar Arena solo permite la realización de un evento tras recibir la conformidad de la Delegación Presidencial, asegurando así el cumplimiento de los requisitos establecidos. Adicionalmente, Movistar Arena cuenta con un equipo de prevención de riesgos y operaciones propio, que vela por que las normativas aplicables se cumplan dentro del recinto”.

En tanto, José Antonio Aravena, administrador del Teatro Caupolicán, expresa que no tienen un prevencionista de riesgos fijo, sino que “son las productoras las que tienen que traerlo y debe estar antes, durante el show y después”. En abril de este año, durante la presentación del grupo Camela, una estructura del escenario cedió e interrumpió el show. Eso si, Aravena indica que en 20 años no reportan ningun accidente. “Nosotros estamos preocupados de que se cumpla la norma, y si el personal no cumple, nosotros tenemos que ordenar detener el montaje. No ocurre, porque esta sala está muy bien preparada”.

Valenzuela, desde SINTECES, indica que el recinto “es tremendamente inseguro para trabajar, necesitamos que alguien vaya a conocer el techo del Teatro Caupolicán, donde tenemos que acceder para hacer conciertos. Existe maltrato a su personal y accidentes por falta de mantención de estructura o no tener personal calificado”.

“Eso es un mito—responde Aravena—. Siempre se ha hablado este tema y siempre lo hemos descartado”.

La DT tiene tareas pendientes. Explican que en la industria audiovisual y de espetáculo están ejecutando una estrategia inspectiva de dos partes. Primero, recoger las denuncias de las organizaciones sindicales, para establecer una “radiografía completa” de la realidad de sus trabajadores. Dentro de esas tareas, se encuentra indagar el cumplimiento de formalidad laboral (contratos, registros de asistencia, pago de remuneraciones y de cotizaciones). Asimismo, se indaga el cumplimiento del derecho a saber, es decir, que el trabajador conozca las medidas para evitar accidentes y que tome conocimiento de que debe usar elementos de protección.

Esa fiscalización dará como resultado una radiografía del cumplimiento legal existente en esta industria, señala la DT, más allá de las detecciones que arrojan las fiscalizaciones en respuesta a denuncias. “Así se pasará en 2025 a una segunda etapa que consistirá en la fiscalización en terreno de las condiciones de trabajo en esta industria, especialmente en espectáculos masivos”.

Como indica la DT, las detecciones actuales las arrojan fiscalizaciones que responden a denuncias. Sin embargo, Daniela Valenzuela comenta que “no existen fiscalizadores especialistas en nuestro rubro, no conocen nuestro marco normativo. ¿Cómo van prevencionistas que tienen que ver con minería o construcción?”. También, apunta a que las fiscalizaciones no se despliegan en los horarios propios de sus faenas, como por ejemplo, en los desmontajes a altas horas de la madrugada. “En este caso es complejo generar fiscalizaciones oportunas porque no hay tiempos de reacción instalados en la DT. Sabemos que faltan recursos en la DT para poder enfrentar los oficios focalizados”.

La falta de capacitaciones es otra clave. “No existe una certificación específica para el trabajo en altura en escenarios”, dice Daniela Valenzuela. Los sistemas de rigging, hay que señalar, son aquellos que generan los puntos clave de anclaje para colgar sistemas de estructura, de sonido, de iluminación o de pantallas. “Lo que existe es una certificación de trabajo en altura, que va asociada a diferentes oficios, como aquellos que trabajan limpiando vidrios de edificios”, agrega.

Así, diferentes personas que se desarrollan en esos oficios luego se pasan al rubro de los espectáculos y conciertos. Luego, hacen un curso de trabajo en altura y son certificados para poder involucrarse en la labor de conciertos. O sea, no existe una especialización más dedicada.

Según cifras de la industria, en el país existen no más de 20 riggers trabajando en la escena de música en vivo. Pocos para un país que es uno de los epicentros de recitales en el cono sur. Son los mismos que se desenvuelven en los mismo megaeventos que se levantan en el mercado. Aproximadamente, un rigger puede ganar $200 mil por jornada, trabajando cerca de 10 días por cada show.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio impulsa el Programa de Promoción y Fortalecimiento del Trabajo Cultural, vigente desde el segundo semestre del 2023 y trabaja en mejorar las condiciones del sector en cuanto a formalidad, estabilidad y remuneraciones.

Respecto a las competencias, se están dando los primeros pasos para incorporar cinco perfiles de trabajo en cultura, en el catálogo de ChileValora. “Actualmente se está en proceso de levantamiento de cinco perfiles (Gestión cultural, artista circense, técnico en montaje, técnico en iluminación y técnico en sonido). Estos fueron levantados en los procesos de Diálogos Sociales como los prioritarios por el sector, siendo necesario establecer por primera vez la incorporación de roles asociados al mundo cultural en el catálogo”, declara la entidad.

Se espera que durante el primer trimestre de 2025 puedan ser validados los cinco perfiles por el Organismo Sectorial de Competencias Laborales. “Una de las medidas concretas que se encuentra en desarrollo es la elaboración de la propuesta del Estatuto del Trabajo Cultural, que será enviado al Ejecutivo durante el próximo mes”. Este plantea mejorar y profundizar las labores de fiscalización.

“Las empresas y las productoras tampoco se han hecho cargo—dice Daniela Valenzuela sobre la capacitación—. Acá hay un tema, por ejemplo, de que no existe responsabilidad social. Todas las utilidades quedan para los productores, pero nunca se invierte en el rubro mismo. En todos los sectores las empresas capacitan a sus trabajadores”.

El panorama del sector audiovisual no es muy lejano. “Desde la pandemia, se ha generalizado una precarización muy grande del medio”, reflexiona Francisco Lluch, presidente de SINTECI. El gremio reconoce los esfuerzos de la DT para regular, por ejemplo, la situación de los contratos a través del registro electrónico de los mismos. No obstante, “estos empleadores no están subiendo los contratos a la plataforma. Hay contratos que a veces solo se generan para la foto”.

“Tenemos productoras que aún no saben estructurar un contrato —agrega Marcela Arredondo, desde SINTECI—y que aún no conocen la ley de espectáculos. Quiero pensar que no la conocen”.

En cuanto a la formalidad laboral, denuncian que, en caso de tener contratos, no se respetan las jornadas de trabajo y los tiempos de descanso, especialmente durante las grabaciones de ficciones en canales de televisión. “En el rubro del cine y audiovisual, en promedio, trabajamos 60 horas”, comenta Marcela Arredondo, de SINTECI.

Ambos gremios aluden a la proliferación poco regulada de productoras. En el sector audiovisual, Lluch señala que siempre ha existido una cantidad importante de productoras. Sin embargo, “en regiones es una situación bastante preocupante, porque también cualquiera coloca una productora”.

Asimismo, el presidente de SINTECI llama la atención sobre los fondos del Consejo Nacional de Televisión (CNTV). “Este organismo no tiene la facultad de fiscalizar lo que ha pasado, sino más que nada, tú tienes que rendirle bien los dineros gastados nada más, pero todos los incumplimientos, accidentes… No se toma en cuenta para un próximo proceso de postulación, donde las mismas empresas o personas se ganan los fondos, habiendo incurrido en no pago de sueldos o accidentes”.

Desde el CNTV confirman a Culto que no tienen esa facultad y aluden a que es atribución de la Dirección del Trabajo. “Durante la ejecución de los proyectos audiovisuales se realizan visitas técnicas para verificar el cumplimiento del plan de producción, por ejemplo, los rodajes; si durante esas visitas se constatan vulneraciones a derechos de las trabajadoras y trabajadores, se le representa a la productora y, eventualmente, se pone en conocimiento de la DT en caso de no resolver las dificultades observada”, informan.

Sin embargo, aclaran que en sus bases sí solicitan una declaración simple de “no encontrarse la institución adjudicataria condenada por prácticas antisindicales ni infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los dos últimos años anteriores a la resolución del concurso”; así como un “certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de la entidad adjudicataria, otorgado por la Dirección del Trabajo, con fecha actual”.

Ambos sindicatos, que enfatizan que no tienen motivaciones políticas, siguen en conversaciones con diversas entidades para mejorar sus condiciones. Al respecto, Daniela Valenzuela reflexiona: “Estamos hablando de esto porque Rodrigo murió, pero también murió Fernando, Victor y Fabiola y tantos otros. No queremos destruir a las productoras ni a las empresas, lo que queremos es simplemente que se cumpla la ley. Necesitamos que la ley nos ayude a fiscalizar”.