El rol clave de la OCDE en la disputa entre la película chilena El Fantasma y dos aerolíneas

El pasado 15 de agosto llegó a los cines de todo el país la película El fantasma. Dirigida por Martín Duplaquet y escrita por los argentinos Emanuel Diez y Juan Pablo Domenech, la cinta se presentó como una comedia de acción alrededor de José Hidalgo (Willy Semler), un exempleado bancario que inicia su propia venganza contra el sistema que le arrebató todo.

El filme, también protagonizado por Néstor Cantillana, Elisa Zulueta, Daniel Muñoz y Darío Lopilato, tenía previsto debutar en las pantallas de Latinoamérica y Estados Unidos. Sin embargo, un tenso conflicto ha provocado un rediseño de su estrategia comercial en los territorios prioritarios.

El realizador nacional acusa que las aerolíneas Iberia y JetBlue exhibieron su largometraje sin su autorización. Es decir, habrían cometido uso no autorizado de obra, una infracción a los derechos de autor que se constituye cuando privados hacen una comunicación pública de la película sin la venia de los dueños de los derechos patrimoniales de la misma. Eso habría ocurrido entre los años 2022 y 2023, antes de que El fantasma se estrenara en salas locales.

“Ha llegado el momento de que dejen de tomarse este tema a la ligera”, indicó a Culto en agosto pasado, detallando que ya existían acciones judiciales y administrativas en curso en contra de la firma española y la compañía estadounidense.

Una de ellas es la presentación de instancias específicas ante la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), entidad que, entre sus múltiples facultades, posee mecanismos para resguardar los derechos de propiedad intelectual. Apoyándose en que Chile participa en el organismo desde 2010, Duplaquet concretó ese trámite mediante una acción interpuesta por el jurista Juan Pablo De La Jara, de VAE Abogados.

“Paralelo Films ha dado un paso importante en la defensa de sus derechos de propiedad intelectual al iniciar dos Instancias Específicas ante la OCDE a través de los Puntos Nacionales de Contacto (PNC) de España y Estados Unidos, respectivamente”, señala la declaración de VAE Abogados compartida a este medio. El reclamo, consigna, “se enmarca dentro de la aplicación de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable”.

De acuerdo con la definición de los Estados miembros de la OCDE, los PNC son organismos gubernamentales encargados de gestionar esta clase de reclamaciones no judiciales, y deben operar como mediadores entre las empresas multinacionales y las personas afectadas (ya sean naturales o jurídicas).

En este caso particular esa responsabilidad recae en la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones del Gobierno español, la Oficina de Asuntos Económicos y Comerciales del Gobierno estadounidense y la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales del Gobierno de Chile. Según detallan, todos ya han sido notificados y se encuentran al tanto de la solicitud.

En una reunión con los PNC de España y Chile se informó que ya se había establecido comunicación con Iberia, aunque todavía se espera la resolución del caso. En tanto, en noviembre existió una instancia de la OCDE en que “los encargados de los PNC de estos tres países discutieron los casos de Paralelo Films y acordaron trabajar de manera conjunta para gestionar y apoyar el proceso de resolución”, especifican.

La productora plantea que el uso no autorizado de El fantasma “impidió realizar un estreno limpio en dos de sus mercados principales” y busca “una compensación adecuada por el perjuicio causado por cada aerolínea”. Además, persigue que este proceso “sirva como un ejemplo de cómo las empresas multinacionales pueden actuar de manera responsable en cuanto a la protección de la propiedad intelectual, sin necesidad de recurrir a largos y costosos litigios”.

Aunque los PNC no cuentan con la autoridad para imponer sanciones vinculantes, emiten una declaración final que podría adoptar distintas formas: un acuerdo entre las partes, la falta de acuerdo o la emisión de recomendaciones bajo la forma de buenos oficios para las partes con el propósito de resolver el conflicto.