Uno de los puntos que genera más dudas entre los especialistas es cómo el gobierno logrará cumplir con la recaudación tributaria estimada en la reforma original, de US$ 8.200 millones en régimen o 3% del PIB. Aunque no entrega mucho detalle, el protocolo de acuerdo agrupó medidas de compensación que debieran asegurar un nervio clave para los planes del Fisco.

El abogado especialista en asesorías de inversiones y fusiones de empresas, Juan Francisco Gutiérrez, socio de Philippi, Yrarrázaval, Pulido y Brunner, plantea que algunos puntos contemplados en el acuerdo generan dudas respecto de la efectividad que tendrían en la mayor recaudación.

Menor dinamismo

Primero, dice el profesional, la restricción de depreciación en el gasto del Goodwill genera una presunción artificial, ya que no valoriza un gasto real que es considerado como un valor comercial. El Goodwill, explica Gutiérrez, es un mecanismo que refleja los flujos futuros a valor presente de intangibles de una empresa, como son la marca o cartera de clientes, y que generan un valor superior al valor libro de ese activo al momento de una fusión.

Hasta ahora, los inversionistas deducen este mayor gasto en el ítem Goodwill, el que permite depreciarlo durante 10 años, generando una baja en la base imponible. Con el cambio, las empresas reevaluarán una posible venta, pues con la eliminación del beneficio el inversionista no va estar dispuesto a absorber el mayor gasto. "Nosotros hemos tenido transacciones en donde el Goodwill ha sido clave para cerrar una compra", dice Gutiérrez.

A su juicio, eso podría derivar en un menor dinamismo en ese tipo de transacciones, lo que, a su vez, tendría un mínimo efecto en la recaudación tributaria. "Al final lo que se va a recibir como menor deducción de Goodwill se va a dejar de percibir como mayor valor de la empresa ", asegura.

Asesorías técnicas

Otro punto que genera contradicciones es la eliminación de la recuperación del impuesto adicional por el pago provisional mensual (PPM) por la contratación de asesorías técnicas en el extranjero. Para Gutiérrez, el gasto tributario por este ítem es marginal, considerando que durante 2013 los beneficios a exportadores totalizaron US$ 7 millones.

Lo que si advierte es el mensaje que se está dando con esta reforma al sector. "Si queremos tener exportaciones con mayor valor agregado, tenemos que facilitar el hecho de que los exportadores puedan contratar asesoría calificada que no esté disponible en Chile. Ahí nos complica el mensaje que se está dando", asegura.

Aclara que si bien el cambio no tiene efecto en países donde Chile tiene convenios tributarios, hay mercados relevantes donde no tiene acuerdos como Alemania, India, Italia y EE.UU. (donde aún no entra vigencia el acuerdo).

¿Blanqueo de capitales?

También llama atención la regulación transitoria que establece el acuerdo, que se extenderá un año y que permite declarar rentas o capitales que están en el extranjero. El experto ve en ese artículo un mecanismo para declarar rentas que no han sido declaradas.

El artículo establece que esta regulación se regirá por los estándares de la Ocde, lo que exigirá un arduo trabajo por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para determinar el origen de esos capitales y descartar la posibilidad de que provengan de negocios ilícitos.

"En temas de blanqueo de capitales la Ocde es estricta en las normas anticorrupción y deberán tener mucho cuidado en que no se cuelguen dineros ilícitos que la Ocde persigue, entre ello, la corrupción política", aclara.