Proyecto de entrevista única o para reducir la victimización secundaria. Esos son algunos de los nombres con que se conoce la iniciativa legal que hoy se tramita en el Parlamento, y que persigue evitar que los menores que sufrieron de abusos sexuales sean revictimizados durante el proceso penal.

Uno de los pilares de esta propuesta consiste en reducir al mínimo las entrevistas con el niño, las que deberán ser grabadas para que sirvan como evidencia durante el juicio oral.

El proyecto fue enviado al Congreso el 22 de enero de 2014, convirtiéndose así en uno de los últimos proyectos de la administración de Sebastián Piñera.

Hoy, no obstante, la iniciativa (que fue aprobada en general y ahora está siendo analizada por la comisión) aún está lejos de convertirse en ley. El 6 de marzo, el Ejecutivo introdujo una serie de indicaciones que, para la Fundación Amparo y Justicia, se traducirán en un retraso de la aprobación de la iniciativa.

Maurizio Sovino, abogado y coordinador legal de la entidad, indicó que "estamos intentado hacer un llamado al gobierno que cumpla la promesa que realizó en abril de este año en la cual la presidenta y representantes de diferentes partidos fijaron la agenda legislativa y dentro de eso, señalaron que para agosto de este año tendría que ser ley este proyecto. Tenemos claro que las víctimas de delitos sexuales no pueden seguir esperando". El profesional también indicó que "actualmente (el proyecto) no tiene urgencia justamente por que se están discutiendo nuevamente las indicaciones de parte del Ejecutivo".

Los principales cambios

Sovino relató que "la propuesta que presentó Piñera era basada en un anteproyecto que trabajó Amparo y Justicia, la que se discutió con representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público, el presidente del Senado, y también habían representantes del Ministerio del interior". Agregó que, tras trabajar todo 2013, el gobierno presentó la iniciativa que recogía en gran medida las conclusiones de este grupo de trabajo.

"Nuestra propuesta llegaba a dos instancias de entrevistas: una primera, la que se hace lo más cercano posible a la interposición de una denuncia, en al cual se saca la mayor cantidad de información de la víctima, para tener mayor evidencia al momento de investigar", indicó el abogado, quien agregó que esto también permite "reducir la revictimización secundaria del niño o adolescente".

La segunda entrevista estaba planeada para que se realice una vez que se agotara el proceso indagatorio. Sería llamada judicial, en que "sería un tipo de prueba anticipada que implica que todos los intervinientes puedan participar haciendo preguntas, como el fiscal, defensor y querellante", señaló Sovino.

Actualmente, no obstante, el escenario ha cambiado. Las indicaciones presentadas por el gobierno, para Amparo y Justicia, abren la puerta para que la víctima deba recordar en más de dos ocasiones los ultrajes vividos.

El abogado indicó que "en las indicaciones que se presentaron en la administración de Bachelet, se añaden muchos más elementos, como por ejemplo, se discute actualmente poder hacer entrevistas en instancias previas a la denuncia". Estas situaciones podría ocurrir, por ejemplo, cuando el menor devela el delito, lo que "podría implicar que se llevaran a cabo entrevistas previas a esa entrevista investigativa", según el profesional.

Patricia Muñoz, directora de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, indicó que el "proyecto de entrevista única, como se denominó, es que dentro de la legislación se deben respetar los derechos de niños. Uno de esos derechos y garantías es ser oído. Desde ahí, que un proyecto de ley no puede restringir que un niño requiriera de entregar mayor información, o de contar con una instancia distinta a una entrevista para poder entregar información".

Agregó que se debe avanzar en "reducir quienes pueden hacer la entrevista a quienes estamos a cargo de la persecución penal y a quienes nos asisten, como son las policías".

No fue posible obtener una versión del Ministerio de Justicia.