Un crudo análisis a la reforma a la educación superior realizó ante la Comisión de Educación el contralor general de la República, Jorge Bermúdez. La máxima autoridad del organismo de control criticó que "algunos aspectos del proyecto afectan el buen uso de los recursos".

Dentro de los principales puntos de conflicto identificados en su presentación figura la contraposición de las facultades de la Contraloría y de la Superintendencia de Educación Superior que crea el proyecto. Según Bermúdez, la reforma, "al señalar que corresponde exclusivamente a la superintendencia la potestad sancionatoria" de las infracciones de los planteles, provoca "distorsiones", como dejar exclusivamente en sus manos la fiscalización y excluir a la Contraloría de esta función.

El contralor señaló que "debiese permitirse en el proyecto una fiscalización estratégica, que es la que ejerce históricamente la Contraloría sobre aspectos claves, y una fiscalización operativa, que es la supervisión de aspectos del día a día".

Pero, además, Bermúdez enfatizó que esta exclusión deja afuera sanciones penales que hoy sí existen. "Destinar recursos que son públicos a un fin distinto al que se señaló en la ley no es una cuestión administrativa, sino una cuestión penal. Por tanto, si (la reforma) utiliza la expresión exclusiva, quiere decir que está sacando de acá figuras que son de carácter penal. Por ejemplo, malversación de recursos públicos por la desviación en su uso podría ser constitutivo de delito. Cuando dice que es exclusivamente quiere decir que no cabe la figura penal. Por lo tanto, esto nunca podría ser sancionado penalmente, eso es una consecuencia relevante".

"El estándar no puede ser menor al que existe hoy", agregó el contralor.

Bermúdez remarcó también que la superintendencia tiene problemas de diseño y que "no cuenta con la autonomía constitucional que tiene la Contraloría y, en segundo lugar, la legitimación democrática indirecta que tiene el contralor, que no tendría este jefe de servicio". Esto, principalmente, porque puede ser removido por el Presidente de la República por causas asociadas a un cargo de extrema confianza. "Así como está ahora el proyecto, cambiaría el superintendente cada vez que cambia un gobierno", criticó.

En adición, el contralor subrayó que el diseño del proyecto establece que la superintendencia será la que interprete las normas legales -función que hoy es de la Contraloría-, pero, además, que fiscalice y sancione.

Al respecto, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, señaló que "vamos a trabajar para que no se topen sus funciones, pero sí creemos que es necesario un organismo exclusivo de dedicación, que pueda velar por el cumplimiento de los estatutos y los recursos. Es distinta la fiscalización de las grandes sumas de dinero, donde me parece que tiene que seguir operando la Contraloría".

Fiscalización a privados

Bermúdez reconoció que en los últimos años la Contraloría se ha enfocado en revisar el uso que hacen instituciones públicas de los recursos del Fisco, sin embargo enfatizó que por ley esta entidad puede hacer revisiones a los recursos que se otorgan a planteles privados. En ese sentido, señaló que es un "retroceso excluir de la fiscalización de la Contraloría a instituciones privadas" y anunció que el próximo año se hará una auditoría a los fondos que se entregaron a las universidades por concepto de gratuidad.

El contralor participará hoy en una nueva sesión en la sala de la Cámara para analizar el caso del grupo Laureate.

RR