POCOS meses de haber sido presentado, el Ministerio de Educación trabaja en reformulaciones sustantivas del proyecto de reforma a la educación superior. El sistema de acreditación es quizá el área más relevante, ya que ella afectará a todas las instituciones -reciban o no fondos públicos-, a riesgo de impedir su funcionamiento. De allí que resulte altamente relevante conocer cómo se zanjará la discusión respecto a qué instituciones podrán recibir aportes directos como reconocimiento a la labor pública que realizan.
Las universidades del Consejo de Rectores (Cruch), que agrupa a las instituciones estatales y las universidades privadas creadas antes del año '81, reciben aportes directos del Estado. El proyecto de ley, en cambio, propone que dichos aportes sólo sean destinados a las universidades del Estado. Todas las demás instituciones, universidades complejas, universidades únicamente docentes, institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT) no recibirían aportes basales. De esta forma, las universidades privadas que actualmente pertenecen al Cruch perderían los privilegios que históricamente han tenido.
Ante la posibilidad que las indicaciones cambien este escenario propuesto por la reforma, rectores de universidades privadas no pertenecientes al Cruch han solicitado ser consideras para fondos basales en consideración al rol público que dicen desempeñar. Algunas han sugerido que debido a la composición de su alumnado, proveniente en su mayoría de sectores de bajos ingresos, deben ser consideradas. Si ese fuese el criterio a utilizar, quienes debieran tener mayores aportes serían los CFT e IP y no las universidades. Tal como lo muestran diversos estudios, la educación tiene un valor privado al ser los titulados quienes se benefician de mayores remuneraciones en el mercado laboral. Por ende, el origen de los alumnos no debe ser el criterio principal para decidir. Por el contrario, el Estado sí puede jugar un rol relevante en el financiamiento de ideas e innovaciones que por sus características el sector privado no es capaz de producir.
En ese contexto, hay universidades privadas que no son parte del Cruch que generan más y mejores bienes públicos que algunas estatales. Por ejemplo, existen cuatro universidades privadas no pertenecientes al Cruch entre las quince más productivas en el concurso 2016 de Fondecyt, que financia el desarrollo de ciencia y tecnología. Por su parte, de las 16 universidades del Estado únicamente seis están dentro de las quince mejores, aun cuando todas ellas reciben recursos basales. Si bien las universidades estatales están sujetas a mayor burocracia, controles adicionales y sus funcionarios son parte del aparato público, lo que podría justificar recursos adicionales, resultaría mejor eliminar esas cargas en lugar de financiarlas.
Un ejemplo a considerar es el modelo estadounidense. La National Science Foundation entrega financiamiento competitivo de manera transparente y abierta a instituciones universitarias y otros centros similares que produzcan ciencia relevante. En el último año, más de dos mil instituciones de todo tipo fueron beneficiadas.
Dada la experiencia comparada y la manera como se organizan las instituciones de educación superior en Chile, cualquier mecanismo que privilegie a un tipo de universidades por sobre el resto será visto como un privilegio arbitrario.
