A SOCIEDAD de Fomento Fabril (Sofofa) publicó un inserto en diversos medios de comunicación, en los cuales advierte sobre la pérdida del estado de derecho en La Araucanía, y conmina al gobierno a adoptar todas las medidas necesarias para restablecerlo. Este llamado del gremio empresarial provocó una intensa polémica, no solo porque distintos sectores consideran destemplado el tono del inserto -en particular cuando se urge al gobierno a "tomar medidas inmediatas y excepcionales"-, sino también porque hay quienes desestiman por completo que en la IX Región se viva un cuadro como el que ha descrito la Sofofa.

La región de La Araucanía ha sido escenario de violencia sistemática, en particular el amedrentamiento a través de ataques incendiarios. Estos son reivindicados por grupos altamente radicalizados, que valiéndose del conflicto histórico que se vive en la zona a raíz de las demandas de tierras que antes pertenecían a los indígenas, no han trepidado en recurrir a tácticas violentas para sembrar temor y lograr la "desocupación". Las quemas de camiones se han vuelto cotidianas; los incendios de casas de agricultores, colegios y templos religiosos han adquirido dramática intensidad en el año que acaba de terminar; los casos de trabajadores forestales que han sido víctimas de atentados con disparos también se han multiplicado. La muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay ha sido el episodio más grave ocurrido hasta ahora, pero el domingo en la madrugada hubo que lamentar una nueva víctima fatal, esta vez un trabajador que murió calcinado luego del ataque incendiario a la propiedad que custodiaba.

En ninguna otra zona del país un cuadro de violencia de esa naturaleza sería aceptable. El hecho de que ello solo ocurra en La Araucanía -preocupantemente los ataques incendiarios comienzan a extenderse a zonas de Biobío y Los Ríos- es prueba de que efectivamente el estado de derecho en esta zona se ha debilitado, y ninguna solución será posible en tanto estos grupos radicalizados continúen operando en total impunidad. La negación por razones ideológicas de la violencia que se vive en la zona, o las actuaciones equívocas de las propias autoridades -negándose por ejemplo a invocar la Ley Antiterrorista en casos manifiestos, incluso desestimando o minimizando la existencia de este fenómeno- debilita el imperio de la ley y el derecho que tienen todos los ciudadanos a exigir del Estado protección y amparo.

La solución a un cuadro de especial agitación como el que vive La Araucanía excede el marco policial y la acción de los tribunales; solo en la medida que haya una sacción política, a gran escala, los niveles de tensión bajarán. Pero estas soluciones, que por su naturaleza tomarán un tiempo considerable en ser implementadas, no deben ser justificativo para abstenerse de denunciar la violencia y rechazarla en todas sus formas. Y si las instituciones del Estado son incapaces de contener y desarticular a estos grupos radicalizados, implicaría un reconocimiento implícito de que la violencia se ha desbordado, y con ello el propio estado de derecho. Parece indispensable, en todo caso, que todos los actores llamados a jugar un rol público observen especial prudencia en sus dichos, evitando declaraciones que pueden llamar a la confusión o tensionar innecesariamente el ambiente.