LA DECISIÓN del presidente venezolano de anunciar el domingo pasado la extensión del decreto de "emergencia económica" viene a confirmar no solo la incapacidad del gobierno para sacar al país de la profunda crisis que vive sino también da cuenta de la fragilidad institucional que atraviesa Venezuela. No solo es la quinta vez que el gobierno extiende el decreto, pese a que la Constitución bolivariana establece con claridad que éste tiene una duración máxima de 90 días y únicamente puede ser prorrogado una vez, sino que además adoptó la decisión sin la requerida aprobación del Congreso.

Maduro cumple un año gobernando por decreto, lo que le permite no tener que someter sus decisiones a la Asamblea Nacional, actualmente en manos de la oposición y a la que acusa de estar en desacato. La medida, sin embargo, ha demostrado su ineficacia, porque durante ese periodo la crisis económica no solo no ha dado señales de ceder sino que ha experimentado un preocupante agravamiento, con una contracción del PIB que superó el 10% el año pasado, crecientes niveles de desabastecimiento que amenazan con un estallido social y una inflación que bordeó el 500% -según estimaciones del FMI- y que para el 2017 podría superar el 1.500%.

En su discurso del domingo -pronunciado por primera vez ante el Tribunal Superior de Justicia y no frente al Congreso, como establece la Constitución- Maduro reconoció que 2016 fue "el año más largo y más duro", pero no dio detalles sobre las medidas que tomará para intentar evitar que el panorama se agrave este año. Hasta ahora el camino seguido por el gobierno venezolano ha demostrado un evidente fracaso y ha sumido a Venezuela en la peor crisis económica, social y política de su historia. Pese a ello, el régimen se empeña en endurecer su discurso y cerrarle la puerta a una salida electoral que aparece hoy como el único camino para poder superar la crisis.