Mauricio, Gonzalo y Felipe no quieren dar sus nombres completos. Dicen ser un profesor, un ingeniero y un técnico jurídico, respectivamente, y tener en torno a los 30 años. Además, cuenta Mauricio, el vocero del trío, comparten “la impotencia de ver que muchos delincuentes entran en la famosa puerta giratoria y al otro día salen libres”. Por eso, en mayo de 2012 crearon una página de Facebook dedicada a recopilar videos de detenciones ciudadanas que vagaban sin pena ni gloria por la red social hasta que a partir de enero sus seguidores comenzaron a subir, pasando de menos 600 a los más de 3.000 que tienen hoy, en un reflejo del boom de este fenómeno en los últimos meses.

Cuentan que el punto de inflexión para su sitio Detenciones Ciudadanas fue un mediático caso de fines de noviembre, cuando un asaltante menor de edad fue desnudado y amarrado a un poste en Agustinas con Bandera, en pleno centro de Santiago. “Esa detención causó impacto porque la gente no sólo retuvo al delincuente, sino que se transformó prácticamente en un ajusticiamiento social y público. Esto permitió que muchos descubrieran nuestra página”, cuenta Mauricio.

Después los casos se sucedieron, generando la sensación de que este fenómeno va en alza, algo imposible de comprobar porque, como explica Antonio Frey, subsecretario de Prevención del Delito, no existe un registro específico de estas detenciones. “Sin tener información que permita comparar es muy difícil decirlo -afirma Hugo Fruhling, director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile-, pero es muy posible que la gente tienda a reaccionar más en situaciones de robos que se estén dando en la vía pública”.

En este escenario, el Gobierno y el Poder Judicial han reaccionado repudiando la nueva moda veraniega. “Frente a estos hechos hay un profundo rechazo del Gobierno. Tenemos que respetar el Estado de derecho”, dice Frey. Mientras que Álvaro Flores, presidente de la asociación de magistrados, agrega que aún no tienen una posición oficial por lo novedoso del fenómeno, aunque aclara que “no se van a encontrar con ningún juez que pueda dar un posición favorable a algo que está al margen de la ley”.

Desconfianza ciudadana

La detención de Agustinas con Banderas marcó un hito. La imagen del asaltante desnudo y humillado en medio de cientos de personas se viralizó  rápidamente por las redes sociales hasta llegar a todos los noticieros y generar una rápida respuesta de organismos como Unicef, que condenó el hecho calificándolo como “inhumano”. Aunque fue otra la particularidad que llamó la atención de la Justicia y las policías: nadie, ni el anciano a quien le habría intentado quitar la billetera ni los captores, denunciaron a Carabineros al joven de 16 años quien volvió libre su casa. Esto tiene que ver con una de las características del fenómeno como lo es la falta de confianza en los tribunales que motiva a hacer justicia por cuenta propia.

Esta desconfianza se ve en cifras: según datos de la Encuesta Nacional UDP, las personas que declaran confiar “mucho” o “bastante” en los tribunales de justicia bajó de 19,2% en 2008 a 8% en 2014. En un fenómeno que también se aprecia en el contexto internacional: según la encuesta Lapop 2014  -hecha en 25 países americanos por la Universidad de Vanderbilt (Estados Unidos)- Chile es el segundo país de América con menos confianza en que la justicia castigue robos y asaltos. También el segundo que menos apoya las medidas preventivas en delincuencia versus medidas punitivas y el cuarto con menor respaldo al sistema de justicia. Además, el mismo estudio mostró que uno de cada cuatro chilenos se muestra de acuerdo con que los ciudadanos tomen la ley en sus propias manos.

Para Mónica Gerber, académica de la Universidad Diego Portales e investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, este es un problema de justicia en la más pura de sus definiciones: “Se tiende a pensar que el problema de la confianza está en la incapacidad del sistema de justicia de encerrar a los delincuentes. Sin embargo, en Chile las cárceles están llenas y la confianza en el sistema de justicia sigue bajando. La investigación muestra que lo que importa no es la percepción de efectividad en la captura de delincuentes, sino que la percepción de que los tribunales y Carabineros tratan a las personas de manera justa, respetuosa e igualitaria”, explica.

Esta percepción también parece afectada por la transición del antiguo sistema a la Reforma Procesal Penal, que ha instalado en cierto sector de la  ciudadanía la idea de que los magistrados son más garantistas en su relación con los delincuentes. “Este sistema entrega mayor transparencia y la gente sabe qué ocurre con sus casos, lo que no pasaba en el sistema antiguo, donde podían pasar dos o tres años sin saber nada. Antes sólo se tenía una impresión de que algo efectivamente pasaba, pero la realidad es que la mayoría de los casos en esas instancias terminaban sobreseídos”, dice Ana María Morales, directora ejecutiva subrogante de Paz Ciudadana. Álvaro Flores recalca: “Desde el punto de vista de las cifras del sistema de justicia, lo que sí tiene hoy la Reforma Procesal Penal es eficiencia para que la gente entre a la cárcel”, dice el presidente de la asociación de magistrados.

Para otros, esta percepción ciudadana está influenciada por los medios de comunicación que amplifican las noticias negativas en temas de seguridad ciudadana, apoyándose en cifras como el último índice de victimización de Adimark y Paz Ciudadana que en octubre pasado fue 43,5%, el más alto desde el año 2000. “El discurso de la puerta giratoria llega permanentemente a los ciudadanos, quienes se dejan influir inmediatamente por grandes titulares. Es cierto que algunos delitos han aumentado, pero lo que más hoy abulta los casos policiales del Ministerio del Interior son hurtos (como robos en supermercados) que afectan a empresas y no a personas”, plantea Alejandra Mohor, coordinadora del área de Prevención del Delito del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile.

Todos estos factores han llevado a grupos, como el de Detenciones Ciudadanas en Facebook, a pensar en tomar medidas ya no tan virtuales. “Nosotros no tenemos claro para dónde va esto. Creo que como están las cosas puede terminar en un movimiento porque no somos los únicos”, advierte Mauricio. ¿Su objetivo?, viralizar lo máximo posible las imágenes. “Queremos que la mayor cantidad de gente tenga acceso a los videos, que vean la cara de estos individuos y los lugares donde transitan”, detalla. Según él, la idea la tomaron de otro grupo de la red social que realiza algo similar en Viña del Mar y Valparaíso y con el que ya han tenido contactos.

¿Víctima o victimario?

El 3 de febrero tres sujetos trataron de asaltar al empresario Sigifredo Rivera a la salida de su negocio en la calle Sepúlveda Leyton, en Santiago. Cuando iban a llevarse su auto algo salió mal y uno de ellos -un joven nuevamente de 16 años- quedó atrapado entre un grupo de personas que lo golpeó y grabó en video, registro que se propagó rápidamente en internet y que ese mismo día llegó a los noticieros. El material después fue ocupado por Juan Eduardo Vásquez, juez de responsabilidad penal adolescente, para declarar por primera vez ilegal una detención ciudadana. Frente a este caso, Frey explica que “la legislación permite el recurso de la represalia y la detención de un delito flagrante por un ciudadano esperando que llegue la policía para llevárselo, la que debe ser avisada inmediatamente tras la detención”.

Una semana antes, el robo de 77 mil pesos en una panadería en Macul terminó con el delincuente Juan Pablo López Villar muerto y con una persona formalizada por homicidio y otras dos por lesiones graves, en medio de una investigación que se extenderá por 120 días. Sin referirse específicamente a este episodio, Juan Pablo Hermosilla, profesor de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales, explica que “en el caso de alguien que detiene a un delincuente y lo mata habiendo cesado ya la agresión, desaparece la hipótesis de legítima defensa  y por lo tanto está cometiendo  probablemente un homicidio calificado con penas que pueden llegar hasta presidio mayor en su grado máximo, es decir, fácilmente a los 20 años”.

En este escenario, muchos critican la forma en que el Gobierno ha abordado el tema. “Ha sido un error por parte del Estado no dejar lo suficientemente claro que esos ciudadanos están cometiendo delitos”, dice Mohor. Mientras que Ximena Tocornal, investigadora de sicología en la Universidad Diego Portales, apunta que “las autoridades deberían mostrar que este tipo de situaciones derivan en otro delito incluso más grave, y señalar que es positivo que la población reaccione, pero que eso tiene un límite”.

¿Ideas en este sentido? Muchas. Para Morales, se debería hacer un trabajo de educación en que se le muestre a la ciudadanía la eficiencia de la Reforma Procesal Penal, mientras que Mohor cree que las políticas públicas tienen que apuntar a contrarrestar la sensación de inseguridad de las personas. Gerber, por su parte, plantea que se debe buscar una solución de largo plazo consistente en disminuir la desigualdad de la justicia en Chile. “Un sistema que trate a todas las personas por igual, sin importar la clase social o la etnia del victimario y de la víctima, promoverá mayor confianza hacia las autoridades”, dice la investigadora de la UDP.

Ante esto, Frey anuncia que el Gobierno está desarrollando mesas de trabajo donde se baraja la posibilidad de iniciar campañas informativas o incluso proponer algún tipo de modificación legal para enfrentar las detenciones ciudadanas. “Prontamente tendremos los resultados para poder anunciar las medidas en particular que se necesiten”, dice el subsecretario de Prevención del Delito.

Mientras tanto, desde su rincón en las redes sociales, Mauricio plantea que los cambios son urgentes. “Creemos que si nuestras autoridades no hacen algo pronto la gente definitivamente va a perder la paciencia, y de los delincuentes que sean detenidos en el futuro más de uno va a morir y después va a venir otro y otro y otro”, advierte el profesor, quien reconoce que ellos nunca han participado de una detención. “Pero hemos visto algunas”, matiza.