La sana y "buena" teoría económica enseña que los impuestos sobre los bienes y servicios en un país deben ser parejos y universales, es decir, de igual tasa porcentual sobre todos ellos, so pena de que éstos conlleven una pérdida en el nivel de bienestar social alcanzable por éste. Las excepciones a esta regla se asocian a las externalidades que su producción o consumo generan sobre terceros que no pueden exigir que éstas sean tomadas en cuenta en las decisiones de consumo o de producción por los que participan en esos mercados, en cuyo caso deben establecerse impuestos menores -e incluso subsidios- a los bienes y servicios que generan externalidades positivas, y tasas mayores sobre aquellos que generan externalidades negativas.
Entre las primeras está el consumo de vacunas. Que uno se vacune contra una enfermedad contagiosa automáticamente lo elimina como "contagiador" y, por lo tanto, se genera la externalidad positiva implícita. También está la  producción de  electricidad mediante embalses de acumulación de las aguas, puesto que el embalse es un elemento que mitiga o elimina inundaciones que, sin él, ocurrirían aguas abajo de su emplazamiento.
Entre las segundas está el consumo de cigarrillos, ya que (i) fumar en un lugar cerrado obliga a que otras personas, a su vez, fumen, y (ii), siendo una adicción para la mayoría de los cristianos, los fumadores excesivos tendrán que eventualmente incurrir en costos económicos que podrían ser de cargo de terceros (hijos, hermanos, nietos o el Estado). La primera razón explica la exigencia de tener lugares para no fumadores en ciertos espacios públicos, mientras la segunda se esgrime para colocarles a los cigarrillos un impuesto mayor que el IVA. Esto último es cuestionable si el fumador tiene los recursos suficientes para afrontar los gastos médicos en que eventualmente deberá incurrir y si su programa de salud -isapre o Fonasa- cobra una prima mayor por ser fumador, pues entonces estará él mismo pagando el costo total generado por su adicción y su decisión de fumar sería privada y socialmente óptima.
Distinto es, a mi juicio, el impuesto al alcohol. Como les digo a mis alumnos: "¿Por qué han de castigar a Fontainecito por el hecho de tomarse un traguito o un vaso de vino todos los días, siendo que no me emborracho, no manejo en estado de ebriedad ni,  mucho menos, cometo maltrato intrafamiliar? ¡Lo correcto es castigar los actos despreciables del borracho y no el consumo de alcohol!". Además, la adicción al alcohol -que, al igual que el cigarrillo, sí puede ocasionar costos sobre terceros- es una desgracia que afecta a un porcentaje "pequeño" de la población, por lo que resulta ilógico gravar a todos con un impuesto más alto al consumo de bebidas alcohólicas. La decisión de beber se basa  en los costos y beneficios que afectan sólo a su consumidor y, por tanto, no está reñida con el interés social.
Súper distinto es el caso de la llamada "comida chatarra", no existiendo, a mi juicio, razón económica alguna para gravar su consumo con una tasa discriminatoria. La obesidad le genera al obeso un costo privado que difícilmente difiere del costo social de serlo, pues dicha obesidad no afecta en nada -prácticamente en nada- a terceros. Salvo que yo no esté bien informado, la obesidad es problema del obeso, y es él quien debe asumir el costo que su consumo excesivo de chatarra le genera, por lo que, a mi juicio, no le cabe rol alguno al Estado en afectar su libertad para decidir. ¿Por el colesterol que contienen, debe gravarse el consumo de huevos?