Señor director:

Respecto del editorial titulado como esta carta, publicado el 24  de septiembre, quiero señalar que a diferencia de lo que allí se afirma, aquí no hay ninguna cruzada personal. Corfo, con el respaldo del Consejo de Defensa del Estado y la unanimidad de su Comité Ejecutivo, está exigiendo el fin de los contratos de arriendo a SQM, y la devolución de sus concesiones en el Salar de Atacama.

Las demandas por el contrato de arriendo y el de proyecto fueron presentadas en este gobierno en el marco de un juicio arbitral iniciado en el gobierno anterior, y se ajustan literalmente a lo establecido en los contratos. Es decir, se trata de un conflicto institucional entre Corfo y SQM por sus faltas graves y reiteradas a los contratos firmados, con un claro perjuicio fiscal. Este es el contexto donde se debe analizar la realidad de los dos contratos y el próximo cumplimiento de la cuota máxima de litio permitida a SQM.

En el tema de la eventual venta del control de SQM, es evidente que debe hacerse apegada a la ley y cautelando los intereses de los accionistas minoritarios.

Para desarrollar la minería no metálica del Salar de Atacama, Corfo se asoció con privados. Para ser aliado estratégico del Estado de Chile se requieren "socios" con un comportamiento ejemplar y una conducta impecable. Por lo tanto, estas empresas deben tener un gobierno corporativo de acuerdo a los estándares Ocde, incluyendo el respeto a las exigencias que se ha dado nuestro país para proteger a los accionistas minoritarios en las transferencias de control. Esta es la única opción de que  exista la mínima legitimidad que permita tener alguna posibilidad de conciliar a futuro las diferencias entre Corfo y SQM.

Sorprende que el editorial omita la raíz de los planteamientos de Corfo: la defensa de los intereses públicos vulnerados por SQM, lo que ha dado lugar a las demandas judiciales a las cuales nos hemos referido.

Eduardo Bitran C.
Vicepresidente Ejecutivo Corfo