"Se lo encontró en su celda sin pulso ni reacción pupilar", señaló el parte médico. A las 8.25, de muerte natural, solo y en una cárcel de la periferia de Buenos Aires, donde cumplía condena por crímenes de lesa humanidad, falleció ayer el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, símbolo de la última dictadura militar argentina. El ex general del Ejército, que encabezó la junta militar que el 24 de marzo de 1976 derrocó el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, tenía 87 años de edad al momento de su deceso.

Videla estaba detenido en el penal de Marcos Paz, 45 kilómetros al suroeste de la capital argentina. "Anoche (jueves) no se sentía bien, no quería cenar y esta mañana (ayer) lo encontraron muerto en la celda. Videla murió durmiendo", dijo Cecilia Pando, titular de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina, como se autodenominan los militares condenados por crímenes en la dictadura. El juez federal de Morón, Juan Pablo Salas, dispuso que se le practique una autopsia a Videla. "Si bien todo hace indicar que se trató de una muerte natural, se ordenó la autopsia como un trámite de rigor y para despejar cualquier tipo de dudas", dijo una fuente judicial.

Para el secretario de Derechos Humanos argentino, Martín Fresneda, "es importante que (Videla) haya muerto de muerte natural y en una cárcel común". "Hubo justicia, no hubo venganza y se va como una persona que fue responsable de los principales horrores que vivió el pueblo argentino", dijo el funcionario en alusión a los juicios que se sustancian por los crímenes del régimen.

Videla había nacido el 2 de agosto de 1925 en Mercedes, a unos 100 kilómetros de Buenos Aires. Siguiendo los pasos de su padre, el coronel Rafael Videla Bengolea asistió al Colegio Militar, donde logró el respeto de sus pares. Años después, ya como general, dirigiría esa institución, poco antes de que en 1975 fuera nombrado por María Estela Martínez como comandante en jefe del Ejército.

Junto con el almirante Emilio Massera y el brigadier general Orlando Agosti (quienes murieron en 2010 y 1997, respectivamente), Videla encabezó la junta militar que gobernó el país, luego del derrocamiento del gobierno de la viuda de Juan Domingo Perón. Una disputa de poder en la cúpula militar lo apartó de la Presidencia en 1981.

Considerado el máximo representante de la "guerra sucia", Videla fue el gestor y cerebro de una sangrienta dictadura que entre 1976 y 1983 dejó 30.000 desaparecidos, según estimaciones de los organismos de DD.HH. Durante su período, las fuerzas de seguridad perpetraron secuestros, torturas, fusilamientos y los tristemente conocidos "vuelos de la muerte", en los que se arrojó a detenidos desaparecidos vivos desde aviones al Río de la Plata. "Los desaparecidos no están, no tienen entidad, no existen", dijo Videla durante su régimen al ser consultado sobre las víctimas de la represión. El año pasado, en el libro Disposición final, del periodista Ceferino Reato, Videla admitió que la dictadura mató "a 7.000 u 8.000 personas", y que sus cuerpos se hicieron desaparecer "para no provocar protestas dentro y fuera del país".

Con José Alfredo Martínez de Hoz como ministro de Economía, Videla instrumentó una política basada en la apertura de los mercados que golpeó la industria nacional. Con la economía en recesión, inflación y la moneda devaluada, el gobernante fue sucedido por Roberto Viola, el 29 de marzo de 1981.

Sentado por primera vez en el banquillo durante el histórico "Juicio a las Juntas" que encabezó el fiscal Julio César Strassera, en 1985 Videla fue condenado a su primera cadena perpetua. Pero recuperó su libertad en 1990, beneficiado por los indultos que decretó el entonces Presidente Carlos Menem. Siguieron años de detención y excarcelación, hasta que en 2008 volvió definitivamente a prisión. Dos años más tarde fue condenado nuevamente a prisión perpetua y en 2012 también a 50 años de cárcel por el delito de secuestro y sustracción de identidad a niños apropiados durante el régimen.

Al momento de su muerte, Videla estaba siendo juzgado por violaciones a los DD.HH. cometidas en el marco del Plan Cóndor, como se conoce al acuerdo de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur. En el marco de este proceso, el martes compareció ante la justicia, pero se negó a declarar y se consideró un "preso político". "Asumo en plenitud mis responsabilidades castrenses por lo actuado por el Ejército en el marco de la guerra contra terroristas", se limitó a decir.