El abogado y profesor de Derecho Penal Miguel Soto Piñeiro entró al caso bombas tras la detención de 14 personas en agosto de 2010. Ahí asumió la defensa de Candelaria Cortés-Monroy a petición de un cercano que era amigo del padre de la joven detenida. Finalmente, fue liberada y sobreseída. Luego, Soto asumió la defensa de Francisco Solar, uno de los seis acusados que el viernes 1 de junio fueron absueltos. El abogado relató detalles de la trastienda del caso.

¿Cuáles son las lecciones que saca de este proceso?

Es imprescindible la labor de control de los tribunales sobre lo que hace la fiscalía. Si no fuera por los jueces, esto podría haber terminado en una sentencia absolutamente injustificada. Este caso existió sólo por la tozudez del Ministerio Público. No debió jamás formalizar con la prueba que tenía.

¿Qué originaron los cuestionamientos al Ministerio Público?

Es nocivo para la confianza en la legitimidad del sistema que haya dudas sobre la injerencia política en la decisión de persecución penal. Lleva la investigación el fiscal Xavier Armendáriz y el ministro del Interior sale por los medios reclamando por la falta de avance. A los dos días, el fiscal nacional cambia el investigador y traslada el caso a Alejandro Peña. Dos meses después, sin hacer ninguna diligencia probatoria nueva, formaliza. Además, la acusación se formula en el período en que el fiscal Peña está negociando su ingreso al Ministerio del Interior. Todo eso pone en duda la independencia de la fiscalía.

¿Era necesaria la declaración del ministro Rodrigo Hinzpeter?

Esa fue una diligencia absolutamente inútil, que contribuyó a oscurecer lo que se estaba discutiendo y no aportaba nada. Se transformó en un show. Todas las defensas, menos una, no querían que fuera interrogado. Fue la defensa de Omar Hermosilla, que llevaba Rodrigo Román, que pretendía que esta no tenía que ser una defensa técnico-jurídica, sino lo que él llamaba una defensa política. El era el único que mantenía la tesis del montaje.

¿Para usted no existió montaje?

Un montaje es cuando hay un concierto para imputar a personas que se sabe inocentes para que sean declaradas culpables. Ese concepto de montaje no quedó demostrado de forma alguna con la prueba rendida. No se puede probar un montaje. Sí hay una influencia política.

¿Quién es responsable de lo que ocurrió en este caso?

Es responsabilidad de Peña, fundamentalmente. El tomó la decisión de formalizar y acusar. Pero la decisión de ir al juicio es del actual fiscal regional Raúl Guzmán.

¿Cuál fue el punto de inflexión en el proceso?

Después de la acusación (abril 2011), le compete al Octavo de Garantía la preparación del juicio. En esa audiencia se excluyen pruebas por impertinentes . Fueron dos tercios de la prueba los que fueron excluidos. La fiscalía trató de reaccionar pidiendo la inhabilitación del juez Luis Avilés. La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió mantener la exclusión de pruebas y la competencia del juez.

¿Cómo fue su relación con la fiscalía en ese momento?

En ese momento, para tratar de obtener el éxito en esos recursos, el fiscal regional sur Raúl Guzmán ofreció un arreglo a las defensas para que no se presentaran a alegar en esa audiencia en la corte. El fiscal regional ofreció a algunos sobreseimiento definitivo y a otros condenas de 61 días por la asociación ilícita y de 91 días por la colocación de bombas.

¿Fue una negociación?

Empezaron a negociar para tratar de asegurarse de que se anulara todo lo hecho por Avilés. Si las defensas no concurrían a alegar había una posibilidad de que esto ocurriera.

¿Eso lo planteó Guzmán?

Eso lo planteó el fiscal regional Guzmán. Aquellos a los que les ofrecían sobreseimiento definitivo, no podían sino aceptar la oferta, porque hubiera sido una irresponsabilidad profesional. Los demás concurrieron a esa audiencia.

¿A quiénes se les ofreció el sobreseimiento definitivo?

A (Pablo) Morales y (Rodolfo) Retamales. Después de esa resolución de la Tercera Sala, el Ministerio Público decide sobreseer definitivamente la imputación por asociación ilícita. La fiscalía recurrió a otras estrategias de litigación a lo menos discutibles.

¿Como cuáles?

La queja disciplinaria contra el juez Avilés por las opiniones que habría vertido en audiencia. De la misma forma colocaron una cámara dentro de la sala de audiencia que filmaba todo lo que hacía el juez

¿Fue un cambio importante cuando asumió Guzmán como fiscal regional?

El señor Guzmán, salvo para comparecer a alegar en la corte, en las audiencias en tribunales nunca compareció. Entonces, nuestra relación, salvo en esta reunión en que ofreció el arreglo, no fue ninguna.

La Tercera intentó obtener una versión del fiscal metropolitano sur, Raúl Guzmán, respecto de los dichos de Miguel Soto. Sin embargo, desde la oficina de comunicaciones de la fiscalía se informó que no comentarían el tema por encontrarse Guzmán haciendo uso de días administrativos.