"Me preocupa como señal (...) Por supuesto que la respeto, pero no la comparto para nada".

Con esas palabras el superintendente de Valores y Seguros (SVS), Carlos Pavez, se refirió al fallo del Tribunal Constitucional (TC), que la semana pasada acogió un requerimiento del abogado Roberto Guzmán Lyon.

El profesional, uno de los sancionados por la SVS en el marco del caso cascadas, impugnó el monto de la multa aplicada, obteniendo una cuantiosa rebaja.

A juicio de Pavez, si predomina el criterio del TC significaría que las multas aplicadas no tendrían relación con la gravedad de la falta. Por eso, espera que las cortes le den finalmente la razón.

En el marco de la investigación por el caso cascadas, la SVS cursó multas en 2014 por un total de UF 4.010.000 (unos US$ 164 millones de ese año). Entre los sancionados estaban Julio Ponce, con UF 1.150.000; Aldo Motta, con UF 600 mil; y Patricio Contesse Fica, con UF 60 mil. También figuraba Roberto Guzmán, por UF 550 mil.

El jueves pasado el TC acogió un requerimiento de Guzmán -cuya sanción equivale a US$ 23 millones-, estableciendo que el máximo legal para una multa del regulador contra una persona natural es de UF 15 mil (US$ 630 mil) y que puede llegar a UF 30 mil (US$ 1,2 millón) sólo si hay reiteración, lo que no ocurrió en este caso.

"La disposición legal impugnada impone de esta manera una potestad discrecional arbitraria que no se compadece con las exigencias mínimas de un Estado de derecho", señaló la sentencia, que fue aprobada por siete de los 10 ministros del TC. El fallo apoyó la tesis de la defensa de Guzmán, liderada por el abogado Gabriel Zaliasnik, quien alegó que la multa de la SVS violaba los principios de igualdad ante la ley y de proporcionalidad de las multas.

Pavez afirmó que si el criterio del TC se consolida en otras sentencias, podría ser necesario revisar la legislación. "Si se asienta este criterio, evidentemente creo que va a tener que ser abordado desde eX punto de vista legislativo, para terminar de aclarar en la ley, si es necesario, que ante faltas tan graves como las que tomamos conocimiento y por las cuales aplicamos estas sanciones, corresponden también sanciones de una magnitud equivalente a los daños causados", dijo, tras participar en el evento de lanzamiento del Mes de la Educación Financiera.

El titular de la SVS destacó que el TC no se pronunció en la sentencia respecto a la procedencia del proceso sancionatorio que terminó en esas multas. Tampoco, indicó, se refirió a la rectitud con que se llevó a cabo el procedimiento ni a la existencia de las infracciones que determinó el ente regulador.

Pavez además respondió a las consultas sobre el requerimiento de HK Scott Minerals, que solicitó un pronunciamiento en cuanto a si se requiere o no una Oferta Pública de Acciones (OPA) por el total de SQM en el proceso de venta del 23% de las acciones que posee Pampa Calichera en la minera no metálica. A su juicio, se están revisando los antecedentes y se ha solicitado más información a distintos actores relacionados con el grupo de empresas.

"No hay un plazo establecido, fijo, establecido por la ley para resolverlo", apuntó.

¿Y Garay?

"Lo estamos monitoreando como lo hemos estado haciendo con todos los demás casos relacionados", dijo Pavez al ser consultado por la situación del ingeniero comercial Rafael Garay, quien es requerido por la justicia por denuncias de estafa.

"No tenemos nada que tenga que ver con el señor Garay en nuestros registros; tampoco hemos recibido reclamos de parte de inversionistas sobre esta materia", añadió.

El superintendente de Bancos (SBIF), Eric Parrado, dijo que lo ocurrido con el ingeniero comercial es un ejemplo de la mala educación financiera de los chilenos. "Cuando alguien ofrece un 18% de rentabilidad fija, garantizada, obviamente las personas tienen que preguntarse si es razonable. También, revisar si las empresas que ofrecen ese tipo de rentas son fiscalizadas o no por la Sbif o SVS", declaró.

En cuanto a la posible entrada de la mexicana Liverpool a Banco Ripley, Parrado sostuvo que ha solicitado más información y que los plazos para la decisión van a depender de la calidad de esos antecedentes.