EL MINISTERIO de Transportes pretende impulsar un plan regional que mediante la creación de 13 zonas de regulación para el transporte público, se implementen una serie de medidas, como definir frecuencias, establecer recorridos y fijar tarifas. Dentro de esta última iniciativa, se plantea la posibilidad de rebajar el valor del pasaje a los adultos mayores.

El que el Estado pretenda regular de manera discrecional el funcionamiento del sistema de transporte en regiones es en sí mismo cuestionable, como lo es también fijar tarifas preferenciales para un determinado grupo de usuarios. Si bien el beneficio a quienes tienen menos capacidad económica puede parecer loable, el gobierno haría bien en despejar cómo pretende financiar el costo de esta iniciativa, pues no corresponde traspasarlo a las empresas de transporte. Cuando se propone la gratuidad general pareciera que la medida no tiene costo, pero ese es una error que las autoridades no pueden omitir.

Si el Estado estima que corresponde esta rebaja, debería plantear la creación de un subsidio que sea entregado a los usuarios y ellos lo asignen según sus preferencias. Sin embargo, su financiamiento aumentaría aún más la carga que ya tiene Estado en esta materia, pues el sistema de transporte de regiones se encuentra altamente subsidiado a través de los fondos espejo que se entregan como parte del esquema de financiamiento del Transantiago. Además, tal aporte, entregado de manera genérica -actualmente hay en el país 2,6 millones de adultos mayores-, vulneraría el principio de la focalización de los recursos públicos. No podría obviarse que el gobierno ya decretó que a partir de enero el pase escolar se podrá utilizar todo el año, lo que ha ocasionado fricciones con las empresas de transporte.

Es positivo que el gobierno busque ordenar y mejorar operacionalmente el transporte en regiones, pero ello se debe hacer sobre la base de criterios técnicos, y contemplando la demanda que existe en cada una de las regiones. Por lo tanto, las medidas que se adopten deben orientarse más bien a disminuir la carga del Estado y no a incrementarla, como ocurre actualmente.