Revista Qué Pasa solicitó al Consejo de Etica de los Medios de Comunicación Social revisar el dictamen que aplicó en su contra por la publicación de un artículo en que un imputado vinculaba a la Presidenta Bachelet con el caso Caval.

La publicación derivó en la presentación, por parte de la Mandataria, de una querella por mentiras e injurias contra cuatro periodistas de la revista. Bachelet, sin embargo, instruyó el viernes el retiro de la acción judicial, argumentando que se daba por satisfecha con el dictamen del consejo.

En su presentación ante el organismo regulador, Qué Pasa -medio perteneciente a Copesa, empresa editora de La Tercera- pide analizar antecedentes adicionales que no pudieron mostrar en su oportunidad, por estar pendiente en aquel entonces el juicio criminal presentado por Bachelet.

En el texto -presentado un día antes de que Bachelet anunciara el retiro de la querella- también se argumenta que el "interés público de la noticia justificaba la publicación de las declaraciones contenidas en las grabaciones acompañadas en el expediente".

Y se cuestiona que con el fallo en contra de Qué Pasa, el organismo regulador "pretende imponer" a la revista "un estándar que jamás se ha exigido en ninguna resolución anterior. Esto es que se verifique la veracidad de las piezas de un expediente judicial".

En esa línea, se advierte que con ese nuevo criterio, el consejo debería sancionar diariamente a todos los medios que publican hechos no contrastados.

"¿Por qué razón debe evaluarse la credibilidad de una grabación que consta en un expediente judicial?", se lee en el documento.

En el texto, la revista argumenta, además, que "sin ánimo de atribuir al consejo sesgo alguno, aparentemente sostiene que la Presidenta tiene mayor protección en su honor que el resto de las personas. Lo dice al señalar: 'Lo anterior, en función de las implicancias que tendría la presunción de inocencia de las personas aludidas'".

"Lo fundamental es que entendemos que el trabajo periodístico que se hizo no infringió ninguna norma ética, por el hecho de reproducir parte de una carpeta investigativa. Aquí no existen valoraciones, no existen imputaciones de culpabilidad", explicó el director legal de Copesa, Alvaro Caviedes.

En el escrito, la reclamación de Qué Pasa reitera la petición de inhabilitarse a dos de los consejeros (Patricia Politzer y Abraham Santibáñez) por haber expresado opiniones públicas -previas a conocer el caso- en favor de una de las partes.