Señor director:
"Creo que estamos frente a una gran crisis, la peor que ha tenido Chile desde que tengo memoria"; "tenemos una crisis política, tenemos una crisis institucional", decía el expresidente Lagos en una entrevista publicada por su diario el 28 de julio. "Lo que hay acá es una crisis de legitimidad asociada a una crisis de confianza"; "yo no sé si el país aguanta año y medio con esta crisis", sentenciaba el exmandatario.
En ese momento Lagos aún reflexionaba sobre su intención de repostular a La Moneda, por lo que algunos interpretaron sus palabras como una velada crítica al gobierno y un desmarque de la Nueva Mayoría, que concentraba un 70% de rechazo popular.
Pero a poco de lanzar su candidatura, hace algunas semanas, el apoyo público al expresidente pareció desvanecerse, la adhesión a su nombre cayó varios puntos en las encuestas y el senador Guillier apareció con una clara ventaja como abanderado del gobierno.
A propósito de lo anterior, ¿será un reacomodo del expresidente el contenido de su reciente libro, En vez del pesimismo, donde expone con mucha convicción su respaldo a las políticas de la Presidenta Bachelet y su ideario de izquierda para el Chile del futuro?
Algunas frases para ilustrar a los lectores: "Es importante reiterar el compromiso de quienes compartimos el sentido y pertinencia de las reformas que ha empujado el gobierno actual". "Tenemos la convicción de que buena parte de los problemas que estamos viviendo como país se deben a la enorme resistencia que han tenido sectores conservadores a la evolución social, económica y política que naturalmente debía seguir nuestra sociedad". "No queremos contribuir a esta estrategia conservadora que creemos equivocada para los chilenos y mala para el país". "Recordamos cómo titubeaban los apoyos políticos cuando llegó la hora de respaldar incondicionalmente al Presidente Allende".
¿Convicciones o pragmatismo político?
Carlos Williamson
Señor director:
Me refiero a la entrevista al exsuperintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la aplicacion por parte de la SVS, del artículo 29, inciso primero, de la Ley de Mercado de Valores en la resolucion 223, del 2 de septiembre de 2014, y por la cual ésta había sancionado a mi representado Roberto Guzmán Lyon.
En dicha entrevista, Coloma, en forma a estas alturas contumaz y develando la arbitrariedad con la cual actuó a lo largo de toda la investigación mientras se desempeñaba como superintendente, insiste en que "la investigación y la pertinencia de las infracciones sancionadas están absolutamente en pie".
Resulta preocupante que quienes desempeñan o han desempeñado cargos públicos minimicen o traten de evadir el peso de una sentencia del TC, que revela el actuar arbitrario y al margen del Estado de Derecho de la autoridad. El TC por amplía mayoría lo dice en la sentencia, siendo especialmente elocuente el Considerando 49: la resolución 223 "no se sustenta sobre la base de criterios de razonabilidad que permitan determinar porqué se ha impuesto una determinada sanción", añadiendo que "esta no se compadece con exigencias mínimas de un Estado de Derecho que permitan fundamentar la decisión".
Sugiero a Coloma leer con atención el fallo y con humildad reconocer que al acoger el requerimiento, éste ha reivindicado la importancia de los principios que limitan las potestades punitivas en un Estado de Derecho. Debiéramos aplaudir un fallo que pone límites a las actuaciones abusivas de quienes detentan cargos públicos y Coloma aceptar que -al menos en esta ocasión- su comportamiento socavó el Estado de Derecho.
Gabriel Zaliasnik Sch.
Abogado
Señor director:
El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Patricio Crespo, expone que si se aprueba la reforma al Código de Aguas, el Estado deberá desembolsar US$ 27 mil millones por concepto de indemnizaciones a agricultores y gestión del recurso. Se trata de expresiones graves e irresponsables que han sido utilizadas para distintos proyectos de ley discutidos en el Congreso, buscando hacer pensar que todas estas iniciativas son una misma cosa.
Resulta tan evidente que el proyecto de ley de reforma del Código de Aguas que se tramita en la Cámara de Diputados no se traduce en ninguna expropiación de los derechos de agua, que el propio legislador optó por dejar claro esta situación cuando en el artículo 1° transitorio estableció expresamente que "los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos antes de la publicación de esta ley, seguirán estando vigentes pudiendo sus titulares usar, gozar y disponer de ellos en conformidad a la ley", inciso que fue votado por todas las comisiones legislativas que han revisado el proyecto de ley.
Carlos Estévez Valencia
Director General de Aguas
Ministerio de Obras Públicas
Señor director:
Para la formación integral de niños, niñas y jóvenes es fundamental profundizar en temas de sexualidad, y escuchar las preguntas que tienen los jóvenes. El documento publicado por la Municipalidad de Santiago aborda estas circunstancias y se propone como un instrumento válido para ayudar a los jóvenes a vivir mejor su sexualidad y a ser personas más íntegras y felices.
Sin perjuicio de que no estamos de acuerdo con el enfoque del documento, basado en la salud y la genitalidad y olvidando los aspectos afectivos, emocionales y humanizadores -e incluso legales- de la sexualidad, tiene el valor de relevar un tema que debemos reflexionar más.
Por de pronto, este documento, por omisión, nos hace tener conciencia de la importancia que tienen los adultos, especialmente los padres, en el acompañamiento de los hijos en el proceso de crecer y adentrarse con delicadeza y alegría en el conocimiento de su cuerpo, su sexualidad, las relaciones interpersonales y en un proyecto común basado en el amor.
En el documento hay informaciones atendibles y el método de preguntar a los jóvenes es un buen camino. Lo hemos usado hace años en colegios, donde se trabaja con padres y profesores para que la indagación se convierta en diálogo y proceso desplegado con libertad, en un contexto emocional y valórico situado en un marco de sentido humano.
El documento nos lleva a preguntarnos por qué la educación no es capaz de dar respuesta a esta necesidad social y vivencial, que incluso se expresa en que no hay siquiera un profesor entre los generadores del documento.
Reconociendo que es fácil estereotipar diferentes posturas, queremos destacar la posibilidad que otorga este debate para dialogar sobre el tema y destacar el trabajo de quienes promovemos una educación sexual integral, en cuyo proceso es irrenunciable el rol educativo de los adultos.
Pbro. Tomás Scherz
Vicario para la Educación
Arzobispado de Santiago
Señor director:
¿Cómo su hija/sobrina/hermana/prima de 13 años dirá que no, si en el colegio dijeron que el orgasmo es para relajarse? ¿Cómo dirá que no, si en el colegio dijeron que es como hacer deporte? ¿Cómo dirá que no, si en el colegio dijeron por ahí no se embaraza? ¿Cómo dirá que no, si en el colegio dijeron que tragarlo es nutritivo? ¿Cómo dirá que no, si en el colegio dijeron que esparcirlo por la cara ayuda a la belleza de la piel? ¿Cómo las niñas de 13 años podrán competir con la autoridad del material educativo que se reparte en el colegio?
Quien crea que al famoso manual sólo accederán los alumnos de colegios públicos donde se repartan, no entiende la rapidez con que circula la información hoy. Quienes defienden el manual como un acto de libertad de expresión o para acabar con la "pacatería" de la sociedad conservadora, ¿habrán pensado en las miles de niñas y jóvenes en situaciones vulnerables? ¿Cómo dirán ellas también que no?
Marcela Vélez
Señor director:
A raíz de la discusión en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago el viernes 30 de septiembre, acerca de si las personas que conservan su derecho a voto pero se encuentran privadas de libertad por estar en prisión preventiva podrán votar, uno puede cuestionarse si es válido privar del derecho a sufragio a una persona.
Hablamos del acto que da sustento a una democracia y que permite refrescar sus instituciones. El voto no sólo permite manifestar ideas. La Constitución excluye de la calidad de ciudadanos a todas las personas que han sido condenadas a penas aflictivas (desde tres años y un día) y, en consecuencia, pierden su derecho a sufragio.
Si realmente estamos comprometidos con reforzar la democracia debemos comenzar por replantearnos quiénes podrán participar en los futuros eventos electorales, y elevar el argumento para negarle a alguien un aspecto de su naturaleza -como decía un antiguo filósofo- al ser un animal político.
Francisco J. Molina Jerez
Señor director:
En cadena nacional, la Presidenta Michelle Bachelet se refirió a que parte de los fondos del presupuesto nacional serán destinados a lograr liceos libres de drogas.
En paralelo, esta semana se discuten las modificaciones a la Ley 20.000, para legalizar el uso recreativo, medicinal y de autocultivo, además de modificaciones a la Ley General de Educación que permita a los estudiantes tomar la decisión de un consumo responsable cuando corresponda. Evidentemente hay una discrepancia entre la propuesta del Ejecutivo y la del Legislativo.
Quienes trabajamos en rehabilitación hemos visto un aumento sostenido de estudiantes de 6° básico a IV medio que acuden a tratamiento por dependencia de la marihuana (uno de cada seis estudiantes que usan cannabis son vulnerables a esta enfermedad).
La dependencia es una enfermedad cerebral crónica y del comportamiento, que se caracteriza por la búsqueda de la droga, lo que afectan de manera irreversible la voluntad de elegir. Por lo tanto, el discurso de la libertad de elegir no es válido para los adictos, por lo que una decisión que favorezca el consumo, especialmente en jóvenes, dañaría la salud y los intereses de un país.
Cualquiera sean las intenciones políticas detrás de los proyectos, no hay que confundir el progresismo ni las libertades individuales con el riesgo de daños definitivos a la comunidad, en especial a los más vulnerables.
Rolando Chandía Ramos
Profesor de Psiquiatría
Director de Alfa Adicciones