Desde que en 2018 explotaron las denuncias de abuso sexual en contra de sacerdotes de la Iglesia católica, la mirada no solo se centró en los curas diocesanos. El asunto también atacó directamente a las congregaciones religiosas que tienen presencia en Chile. Uno de los golpes más fuertes llegó directamente a la Compañía de Jesús, una de las órdenes más grandes e influyentes del país.

Las denuncias no solo derrumbaron a una de sus figuras más relevantes, el fallecido jesuita Renato Poblete. También revivió una serie de hechos que habían quedado enterrados en el pasado y activó nuevas denuncias que se fueron haciendo públicas de a poco.

Uno de esos casos, los abusos sexuales cometidos por el exjesuita Jaime Guzmán, significó un verdadero remezón para la Compañía. Esto debido a que cuatro de las víctimas del exsacerdote, todos exalumnos del Colegio San Ignacio El Bosque, no solo se quedaron con el proceso canónico iniciado en contra del exreligioso. Iniciaron, además, una demanda civil en contra de la congregación que -además de establecer indemnizaciones- obligó a la Compañía a publicar un informe en donde se transparentara el detalle del caso de Guzmán. Sin embargo, la congregación aprovechó la situación y, de forma histórica, publicó un segundo informe en el cual transparentó todos los abusos cometidos por sacerdotes de sus filas, documentados en denuncias e investigaciones canónicas.

El documento de 32 páginas se publicó en la página web oficial de la provincia chilena de la Compañía de Jesús. En él se expone que en 11 casos la congregación acreditó los hechos denunciados o se pudo alcanzar certeza “respecto de su ocurrencia”. En total, revela la Compañía, han existido al menos 64 víctimas de abusos sexuales o de conciencia, de las cuales 34 eran menores de edad al momento en que ocurrieron los hechos y otras 30 fueron adultos.

El informe hace una compilación de todas las denuncias que se han recibido en Chile en contra de sacerdotes jesuitas. En él se revela que, hasta la fecha, ocho jesuitas en ejercicio fueron denunciados por abuso en contra de menores de edad, respecto de los cuales la congregación abrió procesos canónicos y determinó la verosimilitud de los hechos.

A ellos se suman dos jesuitas en ejercicio que fueron denunciados por haber abusado de personas adultas. Luego hay otros cinco jesuitas que estaban fallecidos al momento de conocerse los hechos denunciados. El listado es seguido por dos jesuitas extranjeros que fueron denunciados por cometer abusos cuando estaban destinados en Chile.

Además, hay cinco denuncias que fueron consideradas como no verosímiles por los investigadores externos a cargo del proceso. Una fue contra un jesuita fallecido. Las otras cuatro corresponden a sacerdotes en ejercicio. De esos cuatro, en uno de ellos “no hubo denunciante ni antecedentes”. De los tres restantes, la Compañía -luego del proceso canónico- presentó los hechos a la fiscalía. Sin embargo el informe consigna que las tres denuncias fueron archivadas por el Ministerio Público.

Hay otra denuncia contra un jesuita que dejó la congregación en los años 60. La Compañía dice que se orientó a la víctima para que, si lo deseaba, iniciara un proceso civil. Una última denuncia fue contra un jesuita fallecido “funado” por Instagram. El informe detalla que se trató de contactar al autor de la publicación y a quienes la comentaron, pero no se tuvo éxito.

Uno de los cuatro denunciantes que emprendió la demanda civil contra la Compañía por el caso de Jaime Guzmán es Juan Pablo Barros. El proceso lo llevaron adelante representados por el abogado Juan Pablo Hermosilla y se cerró a inicios de mayo cuando se logró llegar a un acuerdo reparatorio. Barros dice que junto con sus compañeros “valoran” la publicación de estos informes, pero que aún quedan varios vacíos por llenar y que las congregaciones religiosas “tienen la obligación ética de dar a conocer sus resultados” respecto de investigaciones internas por abuso. No hacerlo, dice, “consistiría en una falta de responsabilidad grave”.

“Creo que al final fue una experiencia reparadora, pese a lo largo del camino recorrido. Esto abre la puerta para que otras personas hagan lo mismo. Lograr establecer marcos o estándares mínimos y marcar esos estándares es algo que da satisfacción. Es el resultado de la lucha de un montón de personas que con otros procesos y con otros sacerdotes unimos fuerzas y nos dimos ánimo con este tipo de cosas”, dice Barros a La Tercera desde Argentina.

Sin embargo para Barros esto aún no ha terminado. “Lo que no está cerrado es la arista penal. Con la ayuda de nuestros abogados esperamos entregar estos antecedentes a la fiscalía porque hay una investigación penal abierta. Es importante que exista ese flujo de información”, dice el denunciante.

En el documento aparecen tres nombres de religiosos de los cuales no se sabía públicamente que habían sido denunciados por abuso. Uno de ellos es el caso del exjesuita José Tomás Gatica. El documento relata que se recibió la denuncia de un menor de edad por “diversas situaciones de connotación sexual” ocurridas en Santiago el año 2007. En su caso, en 2010 se inició una investigación canónica previa y se suspendió su ordenación sacerdotal, que había sido recién solicitada al superior de la congregación. Luego, en 2011, Gatica dimitió de la Compañía de Jesús y en 2012, del diaconado.

El segundo caso corresponde al jesuita Eduardo Tampe. Los abusos ocurrieron en 2015 en la ciudad de Puerto Montt. El documento expone que se trató de una víctima mayor de edad que denunció una “transgresión de límites en la esfera de la sexualidad”. Además se señala que el delito fue frustrado “por acción de la víctima”. El año pasado Tampe fue suspendido de su trabajo pastoral y actualmente cumple un plan de supervisión llevado a cabo por una profesional externa a la congregación.

El último caso es el del fallecido jesuita Carlos Berríos. En su caso la denuncia se recibió en 2018 por parte de una víctima menor de edad al momento de los hechos que, según el informe, sufrió “situaciones abusivas de connotación sexual” durante los años 70.

El informe de la congregación establece, por último, el tipo y cantidad de procesos de reparación que se han llevado adelante con las víctimas. Entre estos, se enumera la realización de acciones simbólicas como reconocimiento de hechos abusivos y peticiones públicas de perdón, además de tratamientos sicológicos y siquiátricos, “según sea la necesidad de la persona. Además, en aquellos casos en que ha sido necesario, se ha entregado apoyo económico en gastos farmacológicos asociados a estos tratamientos”.

Y cuenta reparaciones económicas a 31 víctimas “tomando en consideración referencias y estándares nacionales e internacionales en esta materia -y haciendo el mayor de sus esfuerzos en términos patrimoniales”.