Tras meses de negociación con el gobierno de Nicolás Maduro, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) comenzó esta semana a distribuir comidas a los escolares de los sectores más vulnerables de Venezuela. Los primeros envíos de ayuda solicitados por años por la oposición llegan en medio de una larga crisis económica, social y política, que ha dejado a alrededor de siete millones de personas con necesidad de asistencia humanitaria para sobrevivir, y a menos de cuatro meses de unas elecciones claves para el oficialismo.

El paquete mensual para los niños busca disminuir la escasez de alimentos ante una hiperinflación que, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), llegaría a fin de año al 5.500%. El menú incluye seis kilos de arroz, cuatro kilos de lentejas, 450 gramos de sal y un litro de aceite vegetal.

La oficina de Naciones Unidas informó que las primeras raciones fueron repartidas en 277 escuelas y centros preescolares. Debido al cierre de los establecimientos educacionales a lo largo del país para prevenir el contagio de Covid-19, los padres, profesores y el personal escolar debieron retirar las donaciones para trasladarlas a los hogares de menores de seis años en 25 municipios del estado Falcón, donde hay mayor inseguridad alimentaria.

El 19 de abril, el Palacio Miraflores suscribió un memorándum de entendimiento sobre prestación de asistencia con el PMA para acordar la entrada y distribución de las donaciones, un permiso que la oposición solicitaba desde 2016. El acuerdo permitirá proveer de menús escolares a 185 mil niños de los estados Falcón, Zulia y Táchira para fin de año, los que irán aumentando progresivamente para llegar a los 850 mil beneficiados en otros seis estados en julio de 2022, hasta cubrir a 1,5 millones en 2023.

La misión tendrá un presupuesto anual de US$ 190 millones en el marco del Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU para Venezuela. En un comunicado, el PMA agradeció a los donantes internacionales por reunir US$ 30 millones que garantizarán el funcionamiento de las labores hasta fin de año.

“Este es el primer paso de un conjunto de proyectos ambiciosos que abarquen en el apoyo alimentario a todo el pueblo de Venezuela. Cuente conmigo para decirnos las verdades, para comunicarnos permanentemente y para abrirles las puertas a nuevas iniciativas, a nuevos proyectos”, señaló Maduro, el lunes, en un acto con el director ejecutivo del PMA, David Beasley, en Caracas.

La llegada de los alimentos se dio después de la última evaluación de la organización realizada entre julio y septiembre de 2019 por petición del gobierno chavista y que concluyó en que uno de cada tres venezolanos enfrentan “inseguridad alimentaria y requieren asistencia”, seis de cada 10 personas no comen “la cantidad y variedad de alimentos” requeridos para una buena salud y nueve millones de personas están en riesgo de “enfermar o morir” de desnutrición.

El último informe elaborado por Naciones Unidas revela que más de cinco millones de venezolanos han abandonado el país desde 2017 y al menos un 60% de la población actual vive en la pobreza. Para la última semana de abril, el valor del dólar rompió la barrera de 2,5 millones de bolívares, devaluando el salario mínimo mensual de los venezolanos a US$ 0,71 centavos.

De acuerdo con la BBC, en un país donde más del 95% de las divisas provienen de las exportaciones del petróleo, la decadencia de la industria -que tiene a Petróleos de Venezuela (PDVSA) produciendo en promedio 400 mil barriles diarios en 2020, comparable con los niveles de 1930-, sumado a las sanciones internacionales, han impactado al gobierno dejando una deuda pública estimada de US$ 140 mil millones y a la estatal PDVSA en default desde 2017.

Sin embargo, para mitigar el impacto del bloqueo de Estados Unidos y conquistar inversores privados, el chavismo aprobó el año pasado la Ley Antibloqueo para abrir el mercado energético al que podrían llegar sus socios, como China, Rusia e Irán.

La luz verde de Maduro a la llegada de ayuda humanitaria fue catalogada por algunos sectores como una concesión del chavismo al, por un lado, aceptar que el país no está produciendo los alimentos necesarios para su población y, por otro, buscar calmar las críticas internacionales con el objetivo de levantar las sanciones económicas impuestas principalmente por Estados Unidos, de cara a las elecciones de gobernadores y alcaldes programadas para el próximo 21 de noviembre.

“Esta es una acción más de Maduro mediante la cual busca primero aliviar la grave situación económica, de alimentos y social del país no solo por la crisis económica de años, sino por el impacto de la pandemia. Pretenden mandar señales de buena disposición a la comunidad internacional antes de las elecciones de este año con las que Maduro busca legitimarse y debilitar a la oposición”, señala a La Tercera el analista político venezolano Miguel Velarde.

Además, agrega el experto, “Maduro busca el levantamiento de sanciones y la normalización de sus relaciones con los países de la región. El ingreso del PMA no es la solución del hambre, pero puede ser una herramienta política útil para ellos en un año clave si es que logran llevar adelante el proceso electoral”.

Justamente este jueves una misión técnica de la Unión Europea (UE) llegó a Caracas para evaluar inicialmente el escenario y verificar si se cumplen las condiciones para enviar observadores a las próximas elecciones locales y regionales de noviembre, lo que podría significar el regreso de la oposición a las papeletas.

Según la revista colombiana Semana, EE.UU. exige como piso mínimo para elecciones libres el levantamiento del veto a partidos políticos y dirigentes de oposición, ya que consideran las presidenciales de 2018 como fraudulentas.