El 21 de enero de 2023, Jorge Araneda estaba arreglando un portón metálico en una vivienda ubicada en la ruta que une Pitrufquén con Villarrica, en la Región de La Araucanía, cuando una chispa saltó desde su herramienta a los pastizales del lugar, provocando un incendio de 38 hectáreas y un centenar de afectados. A raíz de estos hechos, Araneda se convirtió en el primer querellado por el Estado por faltas a la Ley de Bosques en el contexto de los incendios forestales que afectaron durante el verano a la zona centro-sur y que, según registros del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), arrasaron con 416.000 hectáreas en diversas regiones del país.

Los incendios del verano pasado fueron una de las emergencias más graves del 2023 que acaba de terminar, que obligaron a suspender las vacaciones del Presidente Gabriel Boric y de gran parte del gabinete, que tuvo que partir a regiones en calidad de ministros de enlace para apoyar a los delegados presidenciales. Fue un duro periodo de aprendizaje que también empujó a revisar protocolos, a establecer mesas de trabajo interministeriales y a aumentar significativamente el presupuesto destinado para este tipo de emergencias, dado que el aumento de las temperaturas hace prever que la ocurrencia de incendios forestales es un peligro que con el que habrá que convivir.

Ante los incidentes de la temporada pasada, el Ministerio del Interior, a través de las delegaciones presidenciales, presentó 43 querellas por los delitos de incendio o manejo irresponsable del fuego -según lo estipula la Ley de Bosques-, así como también por el porte de elementos para provocar incendios durante el periodo de diciembre de 2022 a abril de 2023.

El balance de esos procesos, al que tuvo acceso La Tercera, constata que de los 42 imputados por los procedimientos en los que inciden las querellas a la fecha hay 13 imputados condenados, otros 12 imputados accedieron a la suspensión condicional del procedimiento, 2 están con arresto domiciliario, uno está sobreseído definitivamente y hay 4 causas terminadas por la decisión de no perseverar.

El desglose de querellas por región, según la información entregada por la Subsecretaría del Interior, detalla que una corresponde a la Región Metropolitana (RM), dos fueron presentadas en Valparaíso, una en O’Higgins, tres en el Maule, cuatro en Ñuble, 10 en Biobío, dos en Los Ríos, y cuatro en Los Lagos. (Ver infografía)

En La Araucanía, representada por el delegado presidencial Jose Montalva, se registran 16 querellas presentadas por el Estado, siete de ellas terminaron en condenas. Las nueve restantes (incluido el caso de Jorge Araneda) fueron cerradas por diferentes motivos, entre sobreseimiento definitivo por causa de enfermedad mental, falta de antecedentes suficientes, pago de multa, o, por el contrario, siguen en investigación.

Una de las tres querellas presentadas en Maule corresponde a hechos ocurridos en Parral, donde testigos denunciaron al ciudadano de nacionalidad haitiana David Lindor de provocar un incendio en la Ruta 5 Sur. Por este hecho el hombre quedó en prisión preventiva para realizar la investigación, hasta que fue declarado interdicto por presentar patologías mentales.

En la misma región, la Delegación Presidencial Regional (DPR) presentó una querella en contra de una persona que dejó una vela encendida en el cerro Gupo, en la comuna de San Javier, el pasado 22 de enero. Aquello provocó el inicio de un siniestro que logró rápidamente ser controlado y consumió media hectárea. Según la Fiscalía Regional, la causa se encuentra desformalizada porque no se ha logrado dar con los reales responsables del siniestro.

En la Región del Biobío, la DPR encabezada por Daniela Dressner confirma la presentación de 10 querellas entre febrero y abril de este año por diversos hechos relacionados con incendios forestales en comunas como Arauco, Tirúa, Lebú, entre otras. Para la delegada, la persecución penal ayuda a evitar que los hechos se produzcan nuevamente.

Más al sur, la DPR de Los Ríos presentó dos querellas por incendios forestales durante el verano. La primera corresponde a una mujer que el 6 de febrero fue detenida por quemar basura en su domicilio en el sector rural de Curaco y provocar un incendio de pastizales. La mujer quedó con firma mensual y arraigo nacional luego de ser formalizada por el delito de incendio.

Asimismo, la DPR se querelló en contra de otra mujer que quemó un auto y provocó un incendio forestal en Los Lagos el 21 de febrero. La imputada se encuentra actualmente con arraigo nacional y se dejó sin efecto la prohibición de acercarse al dueño del vehículo y al lugar de los hechos.

“Esperamos que en esta temporada sean cero (querellados), ya que junto a Conaf, Senapred y todas las instituciones que conforman el comité de gestión de riesgo y desastre se ha trabajado durante todo el año para concientizar respecto al peligro y daño que provocan estos siniestros en nuestra región y el país”, dice el delegado presidencial, Jorge Alvial.

En Los Lagos, la DPR se querelló en contra de cuatro personas por iniciar dos incendios en Puerto Montt, otro en Puerto Varas y uno en Colbulco, aunque ninguno de estos fue condenado. “Hacemos el llamado constante a tener una conducta responsable a la ciudadanía. Generar un incendio forestal es un delito, por lo que como gobierno vamos a seguir poniendo a disposición todas las herramientas del Estado para perseguir a todo aquel que realice incendios forestales y arriesgue la vida de las personas”, señala la delegada Giovanna Moreira.

El detalle de algunas de las condenas dice que el 20 de septiembre, el Juzgado de Letras y Garantía de Collipulli (Araucanía) condenó a Jorge Mariqueo a presidio menor y a pagar una multa de 1 UTM como autor del delito consumado de incendio forestal que afectó a la localidad de Lolcura el 7 de febrero. A Mariqueo le sustituyeron la pena privativa de libertad por una remisión condicional y la multa se consideró cumplida por los tres días privados de libertad.

Antes, el 4 de agosto, se condenó a dos personas: Joaquín Brown, con tres años de presidio menor en su grado medio, los que cumple en remisión condicional, y a Jazmín Campos, a quien le dieron 300 días de presidio menor en su grado mínimo y los cumple en libertad asistida simple.

Y el 19 de junio, en Ñuble, se condenó a Víctor Castillo a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, sustituyéndose su pena por la libertad vigilada intensiva por el mismo periodo.

Pero en otros casos solo ha habido amonestaciones. El 20 de marzo se detuvo a un hombre por iniciar un incendio forestal en la comuna de Freire, aunque el Ministerio Público decidió que la persona solo debía fijar su domicilio y donar una “pequeña cantidad de dinero” a Bomberos de Chile.

En Pelequén, O’Higgins, el 23 de agosto se condenó a Salazar Negrete a la pena de 61 días de presidio menor por atacar un vehículo en movimiento en febrero de este año que movilizaba a brigadistas de Conaf al combate de un incendio. El otro querellado por esta causa, de iniciales B.I.S.A., fue sobreseido luego de su fallecimiento.

“Llevamos más de 100 incendios y más de 16 detenidos, y por cierto siempre se analiza el mérito de cada uno de ellos en la ocurrencia de estos incendios. Lo importante es que han sido puestos a disposición del Ministerio Público y casi el 100% ha sido por uso negligente del fuego. El llamado es a la prevención”, detalla el delegado Fabio López.

En Arauco, Biobío, el 7 de septiembre se condenó a un hombre a 61 días de presidio, suspensión de cargo u oficio público por el tiempo que dure la condena y a una multa de tres unidades tributarias mensuales por haber provocado un incendio en Cerro Colorado por estar soldando un cerco metálico.