A las 11.15 de la mañana del lunes 5 de febrero comenzó el Consejo Nacional de Seguridad (Cosena) convocado por el Presidente Gabriel Boric a raíz de la crisis de seguridad que vive el país durante los últimos meses. Cita en la cual las Fuerzas Armadas (FF.AA.) expusieron sus reparos y falencias ante un posible despliegue para el control del orden público y en la cual el gobierno detalló sus planes para disminuir la delincuencia.

Este miércoles, Presidencia hizo pública el acta del Cosena realizado a comienzos de mes, instancia a la que asistieron -según lo establece la Constitución- el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma; el de la Cámara de Diputados; Ricardo Cifuentes; la contralora (s) Dorothy Pérez; la ministra del Interior, Carolina Tohá; la jefa de la cartera de Defensa, Maya Fernández y los jefes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), además de otras autoridades de gobierno.

Según consta en el documento en la cita que buscaba conocer la opinión de los integrantes sobre el proyecto de Ley de Infraestructura Crítica, fueron precisamente las máximas autoridades militares las que se refirieron a un posible despliegue de los militares para hacerse cargo del orden público.

El primero de ellos fue el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, quien comenzó detallando cómo se han desplegado en la Macrozona Sur y Norte y la legislación “robusta” que ha permitido aquello, como por ejemplo al tener una definición de línea de mando. Seguido de aquello, el general aseguró que el resguardo de la infraestructura crítica se vincula con el orden público, lo que requiere “definir la forma en que serán empleadas las Fuerzas Armadas, es decir, si estas estarán destinadas a proteger infraestructura o a cargo del orden público”.

Para la primera circunstancia planteada por Iturriaga -la de proteger la infraestructura crítica-, aseguró que las FF.AA. tienen “plena capacidad pues ya desarrollan labores de este tipo para sus propias instalaciones”. Sin embargo, señaló que dicho aporte en los espacios públicos que se plantea el despliegue militar “no será sustancial porque es infraestructura que hoy cuenta con seguridad privada”.

En el otro planteamiento, en el de utilizar a las FF.AA. para el orden público, el comandante en jefe del Ejército advirtió que “son tareas en las que hay que interactuar con la población, para lo que carecen de entrenamiento, educación o equipamiento adecuado”.

Más adelante Iturriaga destacó que sus razones para oponerse al despliegue de las FF.AA. para el orden público “no dicen relación de modo alguno con el amor que éstas profesan a la Patria, sino que se debe a dudas razonables sobre la estructura de mando en esas tareas”. Por lo cual se mostró “disponible para colaborar siempre que, durante dicho proceso de transición, haya claridad legal sobre deberes y roles”, para lo cual se requiere “un marco jurídico robusto, que no promueva la impunidad, sino que la existencia de reglas claras y protección legal adecuada”.

Opinión que también expuso el comandante en jefe de la Fuerza Aérea (FACH), el general del Aire Hugo Rodríguez, quien afirmó que tras estudiar el proyecto de infraestructura crítica ha identificado que hay “definiciones pendientes” sobre “qué involucra la protección de la infraestructura crítica”. En ese sentido, señaló ante el Mandatario que “le preocupa que se defina claramente ‘el objetivo de ingreso’ y ‘efecto operacional’ buscado con la intervención de las FF.AA”. Junto con eso, agregó que la FACH puede aportar en estos casos, citando como ejemplo la capacidad de visualización de los objetivos de protección, ya que sus labores terrestres “no son muy significativas”.

En el caso del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, destacó que la protección de la infraestructura crítica “no se trata de un fenómeno raro, sino que común a muchos otros países, tanto de América como también en Europa. En todos estos casos vale la pena destacar que lo protegido, al final, no es la infraestructura, sino la seguridad de las personas que hacen uso de ella”, concluyendo que hay necesidad de “incorporar a diferentes instituciones y de tecnificar las formas de análisis y persecución que llevan a cabo nuestras policías”.

El despliegue de las Fuerzas Armadas, tanto en la frontera norte como en la Macrozona Sur, es algo bien evaluado por el Ejecutivo, ya que ha permitido -según señalaron ante el Cosena- reducir, por ejemplo, los ingresos irregulares. Opinión que fue dada a conocer por la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien señaló que se necesita aumentar la capacidad de dar una respuesta rápida. En ese sentido, sostuvo que debe considerarse el aporte que las FF.AA. “podrían realizar en la lucha contra el crimen organizado, considerando que este es un fenómeno complejo y más articulado que en el pasado”.

Es precisamente bajo ese fundamento que la autoridad de gobierno detalló que la fórmula para emplear a las FF.AA. para labores de seguridad debe ser acotada en las zonas urbanas, por lo tanto -detalló- que “se ha analizado la posibilidad de complementar la presencia policial con el resguardo de perímetros de la infraestructura crítica para que las FF.AA. tengan una protección disuasiva adicional”.

En ese sentido, Tohá detalló que la colaboración de las policías con militares “permitirá concentrar la acción policial en aquellas tareas que son más complejas para las Fuerzas Armadas, especialmente en zonas urbanas de alta densidad”, citando como ejemplo de aquellos perímetros de infraestructura crítica la Estación Intermodal de La Cisterna, la Estación Central y los terminales de buses.

Ya haciéndose cargo de lo expresado por los comandantes en jefe, la ministra del Interior aseguró que el Ejecutivo “concuerda en la necesidad de que este tipo de despliegue se haga con una línea de mando bien establecida, con funciones claras y con reglas de uso de la fuerza que definan cuándo se puede hacer uso de esta, de qué manera, y cuándo no”.

El documento dado a conocer por Presidencia durante la jornada de ayer, sostiene que el Presidente Boric concluye de la cita que duró dos horas, que se han mostrado dudas sobre la utilidad de decretar estado de excepción en zonas urbanas, además de comprender “la necesidad de determinar claramente las funciones, atribuciones, estructura de mando y reglas de uso de la fuerza, destacando las palabras del comandante en jefe del Ejército, de que no se pretende impunidad, sino reglas claras para saber cómo actuar”.