Durante el fin de semana, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, terminó un viaje de seis días a China, que incluyó una visita a la región de Xinjiang, al noreste del país, y donde el gobierno chino tiene detenido a más de un millón de uigures y otras minorías.

Distintos activistas por la causa de los uigures señalaron la visita de Bachelet como una “traición”, luego de que la alta comisionada no denunciase ni condenase el genocidio del gobierno chino hacia la minoría musulmana. Del mismo modo, diplomáticos de la Unión Europea exigieron que Bachelet publicase un reporte, de hace tiempo anunciado, respecto a la situación de derechos humanos en la región de Xinjiang.

La visita es la primera realizada por un alto funcionario en derechos humanos de la ONU desde 2005, y hace más de tres años que se había solicitado al gobierno chino, luego de que emergieran en Xinjiang reportes de detenciones masivas.

Evidencia surgida de imágenes satelitales, documentos del gobierno chino y el testimonio de sobrevivientes indican que las autoridades chinas han usado las detenciones en masa para reprimir en específico a la identidad uigur. Según distintos reportes independientes, habría esterilizaciones forzadas, encarcelación masiva, separación de familias, tortura, adoctrinamiento político y la prohibición de prácticas religiosas y culturales propias de los uigures.

El 28 de mayo, en una conferencia de prensa en Beijing, Bachelet no se refirió a estas situaciones, y los críticos apuntan a que habría repetido la propaganda china, refiriéndose a las políticas del país como “contraterrorismo”, en miras a combatir “actos violentos de extremismo”. Asimismo, se habría referido a los centros de internamiento en la región como “Centros de Educación y Capacitación Vocacionales”, el nombre usado por el gobierno chino.

En la conferencia, Bachelet también alabó los logros del gobierno chino en cuanto a la disminución de la pobreza y el sistema de salud en otras partes del país. La alta comisionada también mencionó haber hablado con uigures, fuera de China, que habían perdido contacto con sus familiares detenidos, y urgió a las autoridades chinas a proveer información a los familiares de los detenidos en Xinjiang.

Activistas y abogados por los derechos humanos alrededor del mundo criticaron la visita de Bachelet, sintiéndose decepcionados por los resultados de un momento altamente esperado por la comunidad internacional. Rayhan Asat, experta en derechos humanos de Yale, cuyo hermano está detenido en Xinjiang, se refirió a la visita como una “traición”: “Si la institución que se suponía nos defendía termina sumándose a la narrativa del gobierno chino, ¿qué más podemos hacer para cambiar las vidas de las víctimas?”.

Frederick John Packer, profesor de Leyes de la Universidad de Ottawa y que trabajó en 1993 en la conferencia mundial que establecería el puesto de alto comisionado por los Derechos Humanos, se declaró “aún en shock” por el modo en que terminó la visita: “El mundo no puede sostener esto. Ella debe renunciar junto con quienes aconsejaron esta pésima gira”.

Desde Human Rights Watch, la directora en los asuntos relativos a China, Sophie Richardson, llamó a Bachelet a publicar ya el reporte en derechos humanos, que la oficina de la alta comisionada dice estará finalizado a fin de año. “Esta es la base fáctica que habría fortalecido significativamente su mano antes de su visita a China, y que ahora es fundamental para restablecer las prioridades urgentes de justicia y rendición de cuentas”, dijo. Desde el año pasado, Richardson ha estado en la lista de sancionados de Beijing por su trabajo como abogada.

En tanto, la ONG Campaña para los Uigures, establecida en Washington, exigió la renuncia de la alta comisionada. “Bachelet descuidó los deberes de su cargo, su mandato al mundo de defender los derechos humanos y los principios fundamentales de la ONU”, dijo el grupo en un comunicado.

Un portavoz de los Asuntos Exteriores de la Unión Europea señaló que el bloque “llama a la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a publicar el ya anunciado reporte remoto respecto de la situación de los DD.HH. en Xinjiang como prioridad”.

En su visita, Bachelet alcanzó a visitar la cárcel de Kashgar, junto con un antiguo centro reconvertido en escuela. El recorrido, sin embargo, se vio limitado por la burbuja que impuso Beijing, culpando a la lucha contra la pandemia. “Esta visita no era una investigación; las visitas oficiales de los altos comisionados son por naturaleza muy prominentes y, simplemente, no permiten el tipo de trabajo detallado, metódico y discreto de una investigación”, señaló Bachelet en una videoconferencia.

Del mismo modo, valoró la posibilidad de hablar con las máximas autoridades chinas respecto de la situación de derechos humanos en Xinjiang y el resto de China. El miércoles, Bachelet realizó una videoconferencia con el Presidente chino, Xi Jinping, donde asegura que planteó al gobierno chino problemas como la ausencia de un control judicial del programa en los centros de educación, alegaciones de uso de la fuerza, maltratos y denuncias de restricciones a la libertad religiosa.

De lo que sí habló la alta comisionada fue sobre las “profundamente preocupantes” detenciones de activistas, legisladores y periodistas en Hong Kong, bajo la Ley de Seguridad Nacional. También defendió la importancia de la libertad de religión y a protección del lenguaje autóctono en Tíbet.