Este lunes el gobierno ingresó la reforma previsional al Congreso. Y un día después la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados realizó la primera sesión para escuchar la presentación del gobierno sobre el proyecto, iniciando así su tramitación.

Gran parte del foco que pusieron los ministros del Trabajo y Hacienda estuvo en la reorganización industrial, donde proyectan que, gracias a los cambios incluidos en la reforma, el efecto agregado será de un alza de 23,8% en la Pensión Autofinanciada de Referencia (PAFE). Ese cálculo incluye el efecto que se generaría por la separación de la industria, el término de comisiones indirectas, el cambio de modalidad de cobro de comisiones, el reemplazo de los multifondos, la eliminación del retiro programado, y la licitación de rentas vitalicias.

Este miércoles, la Asociación de AFP decidió responder al Ejecutivo sobre este tema: en algunos casos rebaten los argumentos del gobierno y en otros casos, inclusive sus cálculos.

De todos los temas que abarca la reorganización industrial, la separación de la industria -centralizar las funciones de afiliación, recaudación y pago de pensiones en un ente público y dejar a privados solo la inversión de fondos- es el ítem mediante el cual el gobierno calcula que habrá un mayor impacto en las pensiones, donde proyecta un efecto de 11% en las pensiones: es decir, casi la mitad del total. El subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, argumentó este martes que al separar a la industria se centralizan las funciones de soporte en un ente público, con lo que podrán transferir las economías de escala a los afiliados por la vía de menores comisiones. Además, afirmó que habrá espacio para ganancias de eficiencia adicionales. Y tercero, lo justificó en la existencia de una única cara visible para los afiliados, que será una entidad pública, la Administradora Previsional Autónomo (APA).

El gerente de estudios del gremio, Roberto Fuentes, asegura que “no existe evidencia que, para el número de afiliados de las AFP existentes, se puedan obtener ganancias de eficiencia importantes centralizando las tareas administrativas”.

En esa línea, Fuentes dice que existen estudios que muestran que “las grandes economías de escala se logran ya a nivel de 100.000 afiliados. Los estudios no muestran evidencia que al administrar 11,5 millones de clientes no existan deseconomías de escala (aumentos de costos) que ha identificado la literatura para las grandes entidades. El nuevo ente estatal, por muy buena gobernanza que tenga, tendrá estos mismos problemas de gestionar escalas de participantes tan significativas. Además de la inexistencia de competencia que incentive la innovación y mejora constante en los servicios y procesos”.

Eso sí, Fuentes agrega que “lo que es cierto es que aún sin reducciones de costos reales, el gobierno puede cobrar menos comisiones. Pero esto no es lo mismo que reducir el costo de administrar los fondos. Es posible que la administradora estatal cobre menos que el costo real de ejercer sus funciones, transfiriendo el financiamiento de estos al presupuesto fiscal. Mientras es posible que los pensionados se beneficien, la sociedad como un todo tendría que enfrentar los costos reales de la administración”.

El gobierno propone reducir las comisiones indirectas que podrán cobrar las futuras entidades que gestionen fondos de pensiones, tanto para los privados como para el gestor público. Estas comisiones son las que pagan los afiliados por fondos que contratan las AFP y que son administrados por terceros, principalmente en el exterior.

Con esta medida, el Ejecutivo calcula un alza de 2,4% en las pensiones, ya que estiman que las comisiones indirectas representan 12 puntos base de aumento en el fondo acumulado, y que 100 puntos base mejoran las pensiones en 20%.

No obstante, para Fuentes este argumento “es parcial, ya que ignora el efecto que un cambio en esta normativa tendría sobre la composición de activos en los fondos de pensiones y, por ende, en la rentabilidad de estos por este concepto. En la práctica, suma el menor costo, pero no calcula la menor rentabilidad que provocará este cambio”.

En esa línea, asegura que “revisando la composición de activos en el pasado, podemos decir que si las AFP no hubiesen invertido en mercados emergentes en el período de los multifondos, los afiliados hubiesen perdido entre 351 y 260 puntos base de retorno anual en la inversión en renta variable extranjera”.

Es más, afirma que “al comparar la diferencia de rentabilidad de dos años entre el asset allocation actual y el mismo, pero con vehículo de menor costo para cada región-país, se obtienen menores retornos, entre 344 puntos base en el Fondo B a 186 puntos base para el Fondo E”.

Fuentes también se refiere al resto de los ítems que el gobierno propone dentro de la reorganización industrial para generar una mejora de las pensiones: el cambio de la modalidad para cobrar las comisiones, el reemplazo de los multifondos, la eliminación del retiro programado, y la licitación de rentas vitalicias. A juicio de Fuentes, “todos estos cambios podrían implementarse bajo la estructura industrial existente”. Agrega que “no es necesario terminar con las AFP para aplicar la mayoría de los cambios propuestos. Se pueden hacer hoy sin estatizar el ahorro previsional”.

En primer lugar, menciona el cambio de modalidad de cobro de comisiones. Hoy el cobro el sobre el sueldo, y el gobierno propone hacer un cobro porcentual sobre el saldo total administrado. Fuentes dice que esto “permite una mejor alineación entre el gestor de inversiones y los afiliados, modalidad mas utilizada internacionalmente por administradores de fondos de terceros. Este cambio puede ser aplicado sin problema con las AFP, tal cual ha ocurrido en México y Perú”.

En segundo lugar, sobre el reemplazo de los multifondos por fondos generacionales, el gerente de estudios del gremio señala que “tanto los multifondos como los fondos generacionales son fondos del tipo ciclo de vida, los que permiten ir disminuyendo la relación riesgo/retorno al aproximarse a la edad de pensión. Ambos esquemas tienen ventajas y desventajas, pero fondos (generacionales) pueden ser complementarios a los multifondos, o ser gestionados por las AFP, sin que sea necesaria su eliminación”.

Como tercer punto, hace referencia a la eliminación del retiro programado. Si bien no coincide sobre este punto, igualmente señala que eso podría ocurrir en un sistema donde existan las AFP. “No es positivo restringir las opciones para los afiliados próximos a pensionarse. La renta vitalicia y el retiro programado son modalidades complementarias. La eliminación del retiro programado puede ser perjudicial para aquellos afiliados con bajas expectativas de vida, o con ingresos complementarios y patrimonio”.

Además, menciona que “el retiro programado compite con la renta vitalicia que ofrecen las compañías de seguro, rivalidad que mejora las ofertas de pensión de renta vitalicia para los afiliados. A pesar de lo negativo que puede ser la eliminación del retiro programado, las AFP pueden seguir existiendo para la fase de acumulación del ahorro”.

Por último, Fuentes se refiere a la licitación de rentas vitalicias. Ahí dice que “la mejora consiste en eliminar la oferta externa con agentes comerciales de las compañías de seguros y donde el afiliado deberá seleccionar entre las tres mayores ofertas, aumentando la competitividad. En el sistema SCOMP (Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión) esto se puede realizar sin problema, tal cual fue la recomendación de la Fiscalía Nacional Económica en un informe pasado”.