“Junto con saludar, me dirijo a Ud. en el contexto de nuestra preocupación por los hechos de notorio y público conocimiento acaecidos en la Municipalidad de Vitacura y las Corporaciones y Organizaciones relacionadas con la misma, los cuales han salido a la luz pública estos últimos días”.

Así comienza el oficio que ayer el alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira (UDI), envió a la Contraloría Regional Metropolitana, tras conocerse la querella que la vecina Municipalidad de Vitacura interpuso por malversación de caudales públicos, fraude al Fisco y otros en el marco de algunos programas “Vita”.

“Solicito a Ud., si lo tiene a bien, incorporar en su plan de auditoría la fiscalización de los aportes otorgados por esta Municipalidad a la Corporación Cultural de Lo Barnechea; como asimismo respecto de las Organizaciones Comunitarias Funcionales Lo Barnechea Servicios y Lo Barnechea ProSeguridad, como cualquier otra entidad que Ud. estime pertinente”, dice el texto.

“A raíz de la investigación que se está llevando a cabo en la Municipalidad de Vitacura, he tomado la decisión de auditar la gestión anterior y la que presido, a través de un oficio ante la CGR solicitando incorporar en su plan de auditoría la fiscalización de los recursos públicos otorgados por la Municipalidad de Lo Barnechea a sus corporaciones, organizaciones funcionales y asociaciones durante la gestión anterior y la actual”, dijo Lira a La Tercera.

Las dos últimas organizaciones -Lo Barnechea Servicios y Lo Barnechea ProSeguridad- tienen el mismo rango y personalidad jurídica que aquellas que hoy son investigadas por la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente en Vitacura. Se trata de entidades privadas que representan a agrupaciones conformadas por la sociedad civil, entre ellas, centros de madres y juntas de vecinos, y que son susceptibles de recibir tanto dineros por parte de municipios como privados, como publicidad y otros.

En el caso de Lo Barnechea ProSeguridad, éste gestiona programas de seguridad y preventivos con los vecinos. Mientras que Lo Barnechea Servicios, realiza programas deportivos, de emprendimiento, traslado de vecinos y convenios con la tarjeta vecino.

El caso de Prodeportes, otra de estas organizaciones funcionales, es al que apunta la denuncia que presentó el alcalde ante la fiscalía.

En la misma línea de Vitacura, Lira -quien asumió la alcaldía cuando Felipe Guevara (RN) fue nombrado intendente en octubre de 2019 y fue electo en mayo- acusó una serie de hechos que “en su apariencia pueden revestir carácter de delito”.

Se trata, en específico, de la explotación comercial de un letrero publicitario o Unipole en la calle Raúl Labbé por parte de la empresa Global Media por la cual el municipio no recibió pago alguno entre 2017 y 2020. El monto que se calcula pendiente es de 1.109 millones de pesos.

La denuncia expone que en diciembre de 2014 el municipio entregó un permiso al Club Deportivo Prodeportes Lo Barnechea -organización funcional- para el uso y goce sobre 84 espacios en la vía pública para la explotación de publicidad. En enero de 2015 Prodeportes, a su vez, realizó un contrato con Global Media a cambio del arriendo de todos esos espacios por $2 millones mensuales, por 48 meses. A cambio, Global Media financiaría obras de construcción de mobiliario urbano y su posterior mantención.

El escrito describe que “sin autorización expresa de la municipalidad”, Prodeportes y Global acordaron también que ésta fabricaría e instalaría a su costo un Unipole en la calle Raúl Labbé, cuyo mantenimiento estaría a cargo de la empresa.

Un año después, en 2016, la municipalidad derogó el permiso y entregó uno nuevo a Prodeportes, en el que aumentó a 104 los espacios en la vía pública. Pero no incluyó la autorización respecto del citado Unipole.

En marzo de 2017, ambas entidades renovaron el contrato publicitario. Y aunque no estaba contemplado en el permiso del municipio, acordaron la operación y explotación del letrero. Sin embargo, tres meses después, en junio, Prodeportes solicitó al municipio poner término al permiso. Al día siguiente de ello, Global Media envió una carta al entonces alcalde Guevara ofreciendo servicios e inversiones en el mobiliario de la comuna y solicitando un permiso por 70 espacios en la vía pública para la explotación publicitaria. El 22 de junio, la municipalidad otorgó el permiso a la empresa, contemplando el pago de 1,50 UTM por elemento publicitario más el pago por derechos por 2 UTM por metro cuadrado. Nuevamente “no quedó comprendido el Unipole ubicado en Raúl Labbé”.

Desde ahí, dice el escrito, “no consta que la municipalidad haya realizado acciones tendientes a la situación de la explotación” de este letrero, “ni a recaudar los respectivos derechos de publicidad correspondientes por su explotación”.

Tras asumir Lira como alcalde, recibió dos cartas del gerente general de Global, Federico Diez, en las que éste señaló que no había pagado pues “la municipalidad tenía dudas de la calidad jurídica del inmueble”. Y que el proceso de cambio de contrato de Prodeportes a un decreto por parte de la municipalidad, además de la necesidad de regularizar la situación del Unipole, la conversaron con los funcionarios Verónica Papic, Miriam Muñoz y la entonces administradora municipal Carla Raglianti.

En 2020, por estos hechos -el no pago de derechos municipales- se solicitó la instrucción de un sumario administrativo, el que sigue en curso. Mientras que la municipalidad demandó civilmente a Global por 1.109 millones de pesos pendientes de pago entre 2017 y 2020, los que luego fueron disminuidos a $ 841 millones por estar prescritos algunos de los periodos correspondientes. La causa sigue pendiente ante el 18 Juzgado Civil de Santiago por el estado de excepción vigente.

En el concejo municipal del 17 de junio pasado, en tanto, se aprobó una propuesta de transacción judicial por $ 80 millones, que incluye, a costo de Global, la desintalación y retiro del Unipol. Para ello se tuvo presente que, además del sumario, el municipio remitió una alerta a la funcionaria responsable ante la Unidad de Análisis Financiero e iniciaría una auditoría a los contratos entre Prodeportes y Global, la que está en curso hoy.

El último paso fue hacer la denuncia ante la fiscalía, dado los antecedentes disponibles.