Basta escribir “violencia escolar” o “denuncia sexual escolar” en el buscador de Google para encontrar una serie de hechos que, en apenas tres semanas de año académico, se han suscitado en varios rincones de Chile.

Si se consideran solo los hechos de más connotación, 19 comunas de las regiones Metropolitana, Valparaíso, Maule, Biobío y Los Lagos han albergado incidentes de violencia al interior de sus comunidades escolares (San Javier, Puente Alto, Quillota, Laja, Castro, Nacimiento, Santiago, Quellón, La Calera, Curicó, Osorno, Ñuñoa, Santa Bárbara, Talcahuano, Providencia, Puerto Montt, Los Ángeles, Talca y Maipú).

La lista es amplia y da cuenta de fenómenos que, para los expertos, no son aislados y que tienen explicaciones multifactoriales, que van desde la pandemia hasta el contexto -muchas veces polarizado- del país.

Por eso, no resulta casualidad que, según cifras de la Superintendencia de Educación, el 31% (393) de las 1.271 denuncias que habían ingresado a nivel nacional hasta el 22 de marzo de este año estén relacionadas con maltrato a estudiantes. De ellas, la mayoría se concentra en el maltrato físico y psicológico entre alumnos (273), cifra que aumentó un 22% respecto del promedio (223) del mismo periodo entre los años 2018 y 2019, los últimos antes de que llegaran la pandemia y los encierros.

Los hechos se han dado en distintas latitudes y tipos de establecimientos, como en Quellón, donde dos estudiantes terminaron con lesiones de arma blanca tras una riña con otro grupo, o una funa de carácter sexual de alumnas de distintos establecimientos de Santiago y Providencia hacia un grupo de estudiantes del Liceo José Victorino Lastarria.

Y es que en el caso de las denuncias por comportamientos de connotación sexual, en lo que va del año han ingresado 48, de las cuales 73% corresponden a situaciones que no constituyen agresión física. Al desglosar esta cifra se puede constatar que disminuyen las denuncias de agresiones sexuales, a la vez que aumentan las denuncias por comportamiento de connotación sexual que no constituyen agresión física.

Ejemplos de agresiones abundan, pasando por un alumno de 13 años que apuñaló a otro de 16 en Osorno, a un caso de un menor en Talcahuano que terminó con un TEC y dos de sus agresores formalizados. También, en Talca un alumno de 16 años fue apuñalado en medio de, paradójicamente, una marcha contra los casos de acoso y violencia en recintos educacionales.

¿Lo más reciente? Ayer, otra funa masiva se vivió en las afueras del Instituto Nacional contra de un estudiante; en Renca un apoderado denunció que su hija de 14 años fue abusada sexualmente en el colegio por un estudiante de cuarto medio y, en Talcahuano, otro apoderado apuñaló a un profesor luego de que sus padres fueron citados por una riña de sus hijas.

Desde la Superintendencia de Educación dicen que es fundamental que los protocolos de actuación en situaciones como las descritas “estén actualizados y sean conocidos por todos los miembros de la comunidad educativa, de manera que conozcan los procedimientos que se aplicarán ante distintas situaciones”.

¿Qué ha provocado esta ola de sucesos violentos apenas iniciado el año escolar?

“Sabemos que (los hechos de violencia) revisten distintos grados de responsabilidad y complejidad. Para nuestro entender esta es una de las consecuencias de dos años de distanciamiento y no presencialidad en las escuelas”, señala Marco Antonio Ávila, ministro de Educación.

Los expertos explican que hay varios factores, pero en general coinciden en que la pandemia tuvo mucho que ver.

Para Jorge Gaete, director del Centro de Investigación Salud Mental Estudiantil de la U. de los Andes, durante los dos años de encierro producto del Covid-19 se produjo un debilitamiento de las relaciones sociales entre distintos actores escolares. “Los estudiantes tuvieron menos contacto con compañeros y profesores, y con ello menos oportunidades de practicar sus habilidades sociales o desarrollar habilidades pro sociales”, dice.

El siquiatra ahonda y dice que al hablar de estos fenómenos hay que pensar que son multifactoriales y con distintos niveles de análisis. En este caso, tres: la atrofia en las habilidades sociales de los alumnos, sus familias pasándolo mal en diversos ámbitos y un país viviendo un proceso de deterioro en convivencia general. “El contexto tampoco es propicio a la calma”, dice.

Todo esto derivó en que ahora que los estudiantes están de vuelta en las aulas, no sepan muy bien cómo comportaste. Eduardo Vicuña, psicólogo educacional y director de la Escuela de Psicología de la U. de Los Lagos, explica: “Las interacciones sociales disminuyeron bastante en la pandemia, entonces a los alumnos les cuesta volver a interactuar y resolver sus problemáticas. Cuesta reincorporar las normas sociales”.

Esto sumado a que, para el experto, “muchos alumnos llegaron a la adolescencia en virtualidad, entonces están aún entendiendo de autorregulación. El camino para eso es bastante lento y ellos de un día para otro se encontraron en esto y se vieron ante muchos estímulos y cambios en sus vidas”.

Gaete, quien cree que la violencia sexual es más difícil de explicar y asoman factores como la falta de educación en habilidades respecto del contexto de parejas, cierra así el punto de la vuelta a clases presenciales: “Están más torpes, tienen menos autorregulación, menos control y con más dificultades de frenar impulsos, producto de que mucho tiempo no estuvieron expuestos a la necesidad de practicarlo, por eso es esperable ver conductas más impulsivas”.

En esa línea, desde la Fundación No + Bullying, su fundadora, Jeannete Vergara, cree que “todo lo que tiene que ver con agresiones viene mucho antes de la pandemia, pero se intensificó a través del ciberbullying y se traspasa a la presencialidad de forma estratosférica”. Así, cree que la creciente ola de sucesos tiene relación con que los menores “vienen con todo el estrés del encierro, con un porcentaje muy pequeño que vivió en condiciones saludables las cuarentenas y ese estrés lo están ‘botando’ ahora”.

Para Rocío Angulo, directora del Instituto de Ciencias Sociales de la U. de O’Higgins e investigadora en abuso y acoso sexual, “los niños están saliendo a la calle después de dos años de aislamiento y eso genera ansiedad. Dependiendo de la edad, ha incidido la adquisición de habilidades sociales y se van a enfrentar a todo esto de una forma estresante y eso genera muchas veces situaciones de agresión”. Todo esto, dice la experta, se da en un contexto en el que “se está produciendo el despertar sexual y todo lo que tiene que ver con una socialización de relaciones afectivas tiene un vacío de dos años”.

La doctora en sicología aporta datos de un estudio que realizó en la Región de O’Higgins que reflejó que más del 40% de las denuncias del tipo sexual se producen en establecimientos educacionales y, a su vez, donde más ocurren es en la educación secundaria. “Se produce mayoritariamente entre pares, lo que habla de una normalización absoluta del acoso sexual desde los 13 o 14 años en promedio”. Y añade: “Están empezando a normalizarlo como reflejo de la normalización en la sociedad. Muchas mujeres ni siquiera reconocen el acoso como tal e interactúan sin saber que lo es porque está normalizado”.

“Como ministerio nos haremos cargo de esta situación acompañando a las comunidades, primero con el protocolo que hemos presentado en el que flexibilizamos la jornada escolar completa. Lo segundo es la presentación del plan de activación de aprendizajes, cuyo componente fundamental será el aprendizaje socioemocional y comunitario”, dice el ministro Ávila.

Este plan, cuentan desde la cartera, apunta a una política integral que lo primero que debería permitir es que las escuelas reencuentren el factor comunitario. Para ello, el Mineduc pretende poner a disposición algunos recursos de política, orientación y materiales, entre otros, que permitan a los establecimientos y profesores reconectarse con sus estudiantes.

Pero más allá de lo que pueda hacer el Mineduc, las voces de los expertos señalan que esto debe ser abordado desde las propias comunidades, porque si bien no son hechos aislados, son propios de cada territorio. “Si no se conoce la cultura de cada comunidad, no sirve que vengan del gobierno central”, dice al respecto el académico Vicuña, quien añade que lo recomendable es que los padres se involucren en el establecimiento para así abordar la estrategia conjuntamente y no dar mensajes distintos. Esto, además de enfocarse en lo formativo más que en lo punitivo, porque el menor debe seguir escolarizándose.

Y aunque coincide con lo expuesto por Vicuña, Jeannette Vergara, de No + Bullying, cree que como país hay una deficiencia notoria en el conocimiento de este tipo de situaciones. “Los profesionales de los colegios que están a cargo de estas áreas están muy poco capacitados para enfrentar el tipo de violencia que vemos estos días, lo abordan como una violencia pasajera y no es así”, señala.

Angulo, la académica de la U. de O’Higgins, ve como un problema que las denuncias sexuales en el contexto educacional se tramiten como procedimientos administrativos. “Si se produce entre menores no hay trámites legales asociados, hay mucho ostracismo a nivel escolar y eso dificulta conocer cuál es el real estado de todo esto”, asegura. Sin embargo, añade, “la visibilización de los casos en los últimos años está facilitando que cada vez se vean más quienes denuncian”.

El siquiatra Gaete, en tanto, cree que todo esto “está demostrando que tenemos dificultades para prevenir estas problemáticas a nivel sistémico escolar”.