Brasil pone fin a la operación Lava Jato en medio de polémica mientras escándalo aún salpica a la región

Sus principales figuras, el entonces juez de primera instancia Sérgio Moro y los fiscales de Curitiba, se convirtieron en superhéroes para buena parte de los brasileños e inspiraron, incluso, una película y una serie de Netflix. Pero la operación anticorrupción Lava Jato, que sacudió a Brasil y llevó a la cárcel a presidentes, empresarios y poderosas figuras de América Latina, se cerró a comienzos de mes sin ruido y con sus propias investigaciones bajo sospecha.

La Fiscalía General de Brasil disolvió el grupo de trabajo en Paraná, unidad formada por nueve fiscales (y que llegó a tener 14 en sus mejores tiempos), dedicada en exclusiva a investigar el caso desde Curitiba. Si bien se informó que desde el 1 de febrero se integró al Grupo de Acción Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco) de esa entidad “con el objetivo de continuar el trabajo”, la decisión, burocrática en apariencia, cierra una era de Lava Jato, según la prensa brasileña.

Las pesquisas nacieron hace siete años de manera anodina. En marzo de 2014, se descubrió en un servicio de limpieza de autos de Brasilia una red de lavado y desvío de dinero. Pero era solo la punta de un gigantesco iceberg de corrupción. Rápidamente la operación dejó al descubierto los sobornos que se pagaban a políticos, en un gigantesco escándalo que salpicó de lleno algunas de las empresas más importantes del país, entre ellas la petrolera estatal Petrobras y el imperio Odebrecht. Y no solo eso. La investigación adquirió un asombroso desarrollo con ramificaciones internacionales.

En casi siete años, 12 presidentes o expresidentes se vieron involucrados en América Latina, según France Presse. Además del brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien responde al proceso en libertad tras pasar un año y siete meses entre rejas en la sede de la Policía Federal en Curitiba, los mandatarios Alejandro Toledo (Perú), Ricardo Martinelli (Panamá) y Mauricio Funes (El Salvador) pasaron tiempo entre rejas. El peruano Alan García se pegó un tiro cuando iba a ser detenido.

Además, los fiscales de Curitiba lograron casi 300 detenciones, 278 condenas y recuperaron 4.300 millones de reales (unos US$ 800 millones al cambio actual) para el erario brasileño, gracias a 209 acuerdos de colaboración con algunos de los acusados de participar en tramas corruptas. En tanto, la constructora Odebrecht pagó una multa de US$ 3.500 millones en Estados Unidos.

Pero Lava Jato murió también por mérito propio. La operación se vio a la defensiva cuando en 2019 el portal The Intercept Brasil divulgó conversaciones entre el juez Moro y los fiscales, que arrojaban dudas sobre la imparcialidad de las investigaciones que llevaron a Lula a la cárcel y le impidieron presentarse en las elecciones de 2018. Apenas elegido en esos comicios, Jair Bolsonaro nombró a Moro en su gabinete. Pero el idilio duró poco y el ministro de Justicia y Seguridad Pública renunció en abril de 2020, denunciando tentativas del mandatario de interferir en investigaciones de la Policía Federal.

Moro -que fue fichado a principios de este año por el bufete de abogados estadounidense Álvarez & Marsal, un excliente de Odebrecht-, se defiende con el argumento de que las grabaciones fueron manipuladas, pese a que la policía federal ha confirmado su autenticidad.

Por esa razón, hoy la defensa de Lula está centrada en la anulación de dos condenas en el Supremo Tribunal Federal de Brasil, que tiene pendiente retomar el juicio de un habeas corpus en el que los abogados del expresidente (2003-2011) cuestionan la imparcialidad del exjuez Moro, quien dictó la sentencia en el “caso del tríplex” de Guarujá, un departamento de tres pisos en el litoral de Sao Paulo que Lula habría recibido a cambio de favorecer a la constructora OAS en contratos con Petrobras.

“Hemos pedido expresamente que una vez reconocida la parcialidad de Moro en el caso del tríplex, las consecuencias jurídicas se extiendan a los otros dos procesos donde Moro actuó”, resaltó el abogado del expresidente brasileño, Cristiano Zanin Martins, en declaraciones a EFE. El profesional recordó que si el pedido de anulación es acogido por la máxima corte del país, Lula recuperará sus derechos políticos, los cuales perdió tras la ratificación de su condena en segunda instancia. De ser así, el expresidente podría ser candidato en las elecciones de 2022.

Así, el legado de Lava Jato en Brasil parece incierto. La operación “flexibilizó las reglas de un sistema judicial cuestionado por no condenar a los poderosos”, pero “la experiencia demostró que, en la práctica, esas flexibilizaciones pusieron en jaque toda la estructura del sistema judicial (...) y a la propia democracia constitucional”, dijo a France Presse Daniel Vargas, profesor de derecho en la Fundación Getúlio Vargas. Por su parte, el coordinador del núcleo de la Lava Jato en el Gaeco, Alessandro José de Oliveira, considera que “el legado del grupo Lava Jato es innegable y loable, considerando los avances que tuvimos en discutir temas tan importantes y caros a la sociedad brasileña”.

“Desde mi óptica, el principal activo de la operación Lava Jato fue haber dejado en evidencia la relación de promiscuidad entre el dinero y la política, tanto en Brasil como en América Latina. Sin embargo, al usar métodos corruptos para atacar la corrupción, la operación contribuyó a poner en peligro el Estado de derecho y la democracia en Brasil, al pavimentar el discurso anti-política de Jair Bolsonaro que lo llevó al poder”, comenta a La Tercera Gaspard Estrada, director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC) de Sciences Po, en París.

Además, el politólogo especializado en América Latina destaca que “la corrupción no ha disminuido en Brasil” producto de la Lava Jato. “Los principales empresarios investigados por la operación salieron de la cárcel (como Marcelo Odebrecht). Según el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, Brasil es hoy un país más corrupto que antes del comienzo de la operación, tras bajar cinco posiciones desde 2012. Por el contrario, Bolsonaro está desarticulando las políticas de lucha anticorrupción creadas por el gobierno de Lula que fueron utilizadas por Moro y los fiscales durante la operación Lava Jato”, afirma Estrada.

De hecho, en una columna publicada en The New York Times, Estrada señala que el mismo día en el que se anunció la disolución de la operación, Arthur Lira, un político investigado por posibles actos de corrupción, fue electo presidente de la Cámara de Diputados.

Pero el caso sigue vivo en otros países de la región. En Ecuador, Jorge Glas, quien fue vicepresidente de Rafael Correa y de Lenín Moreno, entró en prisión en octubre de 2017, donde cumple una condena de seis años por un delito de asociación ilícita relacionada con la red de corrupción latinoamericana de Odebrecht. En Colombia, en tanto, la Fiscalía imputará a Roberto Prieto, quien fue gerente de la campaña a la reelección del Presidente Juan Manuel Santos en 2014, por el presunto delito de lavado de activos, como parte del proceso por los sobornos pagados por la constructora brasileña en el país, según informó la revista Semana.

Según el diario El País, la última hora de la operación Lava Jato apunta a que el antiguo director de la petrolera estatal mexicana Pemex, Emilio Lozoya, recibió sobornos de la constructora española OHL a cambio de contratos públicos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. En julio de 2020, la justicia mexicana resolvió enjuiciar por operaciones con recursos ilícitos a Lozoya, señalado también de recibir sobornos de Odebrecht que habrían financiado la campaña que llevó a la presidencia a Peña Nieto (2012-2018), del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Pese a que la Fiscalía General de Brasil disolvió la unidad de trabajo de Lava Jato en Paraná, Estrada no cree que esto incida en las investigaciones que se desarrollan en otros países de Latinoamérica. “Pasada la fase instrucción de los procesos en Brasil, lo importante es que cada uno de los sistemas de impartición de justicia de los países en los cuales han sido abiertos procesos en contra de Odebrecht sigan su curso y se juzguen”, concluye.