Cámara aprueba ley Naín-Retamal con el oficialismo dividido y reduce margen de maniobra del gobierno en el Senado

Un minuto de silencio por la muerte de un dirigente sindical de Doñihue fue uno de los pocos momentos de paz que tuvo la Cámara de Diputadas y Diputados este miércoles en la mañana.

A pesar de que la Cámara aprobó con amplia mayoría las distintas disposiciones de la llamada Ley Naín-Retamal (iniciativas fusionadas que recuerdan a dos carabineros asesinados en actos de servicios), el debate no fue pacífico.

Por el contrario, la discusión -presenciada desde las tribunas por las viudas y deudos del sargento Carlos Retamal y de los cabos Eugenio Naín y Juan Florido- fue áspera y cargada de recriminaciones.

Incluso, al usar la palabra la ministra del Interior, Carolina Tohá, fue interrumpida seis veces mientras trataba de explicar cuál era el plan para mejorar el proyecto, que -a juicio del gobierno- no estaba bien organizado ni regulaba correctamente la protección de las policías. A la sexta interrupción, la vicepresidenta de la Cámara, Catalina Pérez (RD), tuvo que intervenir para pedir orden en la sala.

Sin embargo, en vista de que el Ejecutivo quedó sin margen de maniobra para presentar indicaciones en la Cámara -luego de una jugada reglamentaria de las bancadas de derecha que añadieron el texto de la anterior Ley Retamal dentro de la Ley Naín-, Tohá reiteró que apostarán a perfeccionar el nuevo proyecto en el Senado.

Luego, en forma sorpresiva y a pesar de la resistencia que existe en sectores de izquierda, la ministra hizo un llamado a aprobar las mociones fusionadas, cuyo punto más delicado es un artículo que concede a los funcionarios una presunción de uso justificado de su arma de servicio (legítima defensa privilegiada), cuando actúen en defensa propia, de terceros o bien para impedir un delito.

“Cuando se considere que es racional el uso del arma, no se podrá culpar al carabinero”, dijo la titular del Interior, quien añadió que “creemos que ese mismo objetivo (que persigue la Ley Naín-Retamal) se puede obtener con otras formulaciones mucho más precisas, pero nuestra indicación es que este proyecto hoy día tenga respaldo, se apruebe, le demos los votos y sigamos en el Senado mejorándolo”.

El llamado de la ministra tuvo un leve efecto. Si bien la iniciativa tenía el respaldo desde el PS al Partido Republicano para ser aprobada en forma íntegra, el planteamiento de Tohá y las gestiones personales que hizo la ministra general de la Presidencia (S), Macarena Lobos, lograron atenuar los rechazos. Finalmente, el PC y el Frente Amplio optaron por abstenerse o ausentarse en algunas de las 24 votaciones que se dieron ayer para dirimir el contenido del proyecto, artículo por artículo.

No obstante, en el punto más delicado de la jornada -la disposición sobre legítima defensa de parte de policías- el quiebre del oficialismo fue más evidente. Ese artículo se aprobó con 106 votos a favor, 24 en contra y 13 abstenciones. Entre los rechazos, la mayoría eran del Frente Amplio (10 de 20 miembros de la bancada). También votaron en contra todos los comunistas que estaban en la sala (siete de 12 diputados), al igual que una PS (Emilia Nuyado), una legisladora de Acción Humanista (Ana María Gazmuri) y cuatro independientes (entre ellos Pamela Jiles).

En el debate, la diputada Maite Orsini (Frente Amplio-RD) acusó que “si este proyecto hubiese sido ley cuando la senadora (Fabiola) Campillai recibió una lacrimógena en el rostro, ella hubiese tenido que probar que no hizo nada para provocar la reacción del policía que atentó contra de su vida”. No obstante, a pesar de la gravedad de su afirmación, Orsini se abstuvo en este punto.

La diputada Camila Rojas (Frente Amplio-Comunes) también argumentó el mismo caso de Campillai, pero ella sí votó en contra.

El único voto de Apruebo Dignidad en favor de la disposición sobre legítima defensa fue la frenteamplista Marcela Riquelme.

Además, hubo otros puntos que expusieron la división oficialista, pero de forma más atenuada, ya que la mayoría de los legisladores de Apruebo Dignidad decidió abstenerse. Entre esas materias, figuró la disposición que liberaba a los funcionarios de la suspensión administrativa por el uso de su arma de servicio, el artículo que añadía la expulsión como pena adicional a extranjeros que cometan delitos contra policías, las normas que elevaban penas y la que permitía el registro de ocupantes de un vehículo.

Precisamente el uso del arma de servicio por parte de Carabineros y sus consecuencias era una de las principales inquietudes para la policía. La propia ministra del Interior, Carolina Tohá, lo explicó así este miércoles.

“El problema que hay es que mientras se investiga, inmediatamente el policía cae en esta condición de imputado, muchas veces apartado de la institución, y los fiscales interpretan que si este funcionario usó su arma, y hay un herido o fallecido, desde ese momento queda imputado. Entonces, la dimensión procesal de esto es dónde está el verdadero problema”, dijo en Radio ADN.

Y es que siempre que un carabinero usa su arma de servicio -junto con la eventual apertura de una investigación penal-, este es objeto de una investigación interna para determinar si se usó o no correctamente. Esto, explican fuentes de la institución, en casos más graves puede “elevarse” a sumario, lo que impacta en el ascenso que pueda corresponderle a un policía, dado que no puede aumentar de grado cuando hay una investigación de este tipo abierta. Esto muchas veces conlleva tiempo, lo que impacta directamente en la remuneración de un funcionario.

La división oficialista fue objeto de críticas por parte de la oposición. “Durante un año el gobierno negó urgencia a proyectos Naín y Retamal. Hoy se impuso la realidad frente a la delincuencia y la indefensión de Carabineros y la Cámara los aprueba con 34 votos en contra y abstención del FP y el PC. Máximo esfuerzo en el Senado para despacharlos mañana”, tuiteó el presidente de la UDI, Javier Macaya. Mientras que la prosecretaria de esa tienda, Isabel Plá, criticó que “menos de 24 horas después del llamado presidencial a reflexionar, el corazón del gobierno, PC y FA, se despacha 24 votos en contra y 10 abstenciones. No dio ni para cambio táctico, ni hablar de redimirse”.

El problema es que el panorama en el Senado se vislumbra igualmente cuesta arriba para las aspiraciones de La Moneda, que nunca le dio patrocinio ni urgencia a esta iniciativa, debido al fraccionamiento de la alianza gubernamental y también por los reparos técnicos del punto de vista legislativo.

De partida, las bancadas opositoras (UDI, RN, Evópoli y Republicano) son la mitad de la Cámara Alta, es decir, 25 votos. A ellos se suman los senadores del Partido Demócrata (en formación) Matías Walker y Ximena Rincón, quienes en este tema están en sintonía con la postura de la derecha. Con ello, ya habría una mayoría de 27 de 50 votos para imponer los términos de un nuevo proyecto que entregue más atribuciones y protección jurídica a las policías para usar su armamento en circunstancias extremas.

Consultado por el debate de este jueves, el senador Walker dijo que “me parece que es un buen proyecto (Naín-Retamal) el que salió. Llegó la hora de tomar decisiones políticas y creo que el Senado tiene que aprobar los proyectos tal como vienen de la Cámara de Diputados y despacharlos a ley esta semana. La ciudadanía no admite más vacilaciones”.

El PS, el PPD y la DC, por su parte, ya tenían una inclinación favorable a la iniciativa en la Cámara, por lo tanto, es probable que algunos senadores de esos partidos también se plieguen a esa postura, a pesar de la cautela que ha tenido el Ejecutivo. De hecho, las últimas señales de los senadores socialistas José Miguel Insulza (quien se abrió a penalizar como incitación a la violencia el uso simbólico del perro Matapacos) y Juan Luis Castro (quien está pidiendo estado de excepción para la Región Metropolitana) apuntan en ese sentido.

El cuadro complejo de La Moneda no termina ahí. La Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, que le dará el tratamiento más técnico al proyecto, tiene este año una composición mayoritaria de derecha (tres de cinco integrantes) y es presidida actualmente por el senador Evópoli Felipe Kast. Los otros miembros de la instancia son Insulza y el DC Iván Flores.

El riesgo de que el gobierno sufra una derrota con el rechazo de sus indicaciones en el Senado está latente. Y si el Ejecutivo quisiera persistir en su planteamiento tendría que recurrir a un veto presidencial, lo que alargaría el proceso legislativo, con el costo de la presión social que hay detrás de esta iniciativa Naín-Retamal.

Consultado el senador Kast, dijo que “hay espacio para mejoras, pero eso no significa frenar ni dilatar el proceso. Vamos a avanzar con sentido de urgencia haciendo los cambios que se requieran”.

“Lo que queremos, tanto diputados como senadores, es defender a las policías y que tengan certeza jurídica al momento de hacer uso de sus armas de fuego. Hoy cuando un policía hace uso de su arma de fuego se debe enfrentar a un ejército de abogados, y muchas veces en calidad de imputado. En esas condiciones es natural que muchos se inhiban de usar sus armas”, añadió Kast.

Otros personeros de Chile Vamos adelantan que en el Senado hay disposición de evaluar cambios formales. Por ejemplo, el ministro de Justicia, Luis Cordero, propuso alojar el artículo de legítima defensa en el Código de Justicia Militar en vez del Código Penal. No obstante, aclaran que en ningún caso hay ánimo de bajar un peldaño respecto del estatuto jurídico que se aprobó en la Cámara. De hecho, los diputados socialistas son coautores de la fórmula que se aprobó sobre legítima defensa policial.

“Esperamos aprobar con prontitud los proyectos que vienen de la Cámara”, dijo el senador y presidente de RN, Francisco Chahuán.

“En general, los proyectos que ha despachado la Cámara son realistas y correctamente discutidos, que apuntan al tema de fondo, que es darles más atribuciones a Carabineros, a las Fuerzas Armadas y Gendarmería”, añadió Walker.

En total, serán seis iniciativas -todas aprobadas esta semana en la Cámara Baja- que intentará despachar este jueves el Senado en tiempo récord. Además de la Ley Naín-Retamal (que en realidad es un texto misceláneo de varias medidas en favor de las policías), también figuran iniciativas contra el sicariato, la extorsión y el porte de armas en lugares concurridos. También hay otras dos que refuerzan las competencias de Gendarmería y que amplían las facultades policiales en materia de control migratorio.