Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio de Salud reportaba 3.483 camas UCI habilitadas en todo el país, con una ocupación del 95%. Se trata de un nivel que diversos expertos y el Colegio Médico han sindicado como parámetro para suspender las elecciones del próximo 10 y 11 de abril. Y según reconoció el coordinador de camas críticas de la cartera, el exsubsecretario Luis Castillo, considerando las cifras de contagios al alza, las próximas semanas serán complejas: ya se les había pedido a hospitales y clínicas alcanzar su capacidad máxima habilitada durante la primera ola (un total de 3.540 cupos críticos), pero ahora se les requirió un esfuerzo adicional para llegar a 3.800 camas disponibles.

El plazo para la primera ampliación masiva de camas, a partir del decreto publicado por Redes Asistenciales, venció el 22 de marzo y estipulaba un aumento del 100% de los cupos UCI en los distintos prestadores. Una meta que -según los números que maneja la cartera y a los que tuvo acceso La Tercera- no todos los hospitales y clínicas pudieron cumplir (ver infografía).

“Los prestadores que no cumplan el compromiso deberán ser fiscalizados. Y si efectivamente ese es el caso, habrá que tener una conversación con ellos para ver si se va a sancionar o si se va a implementar en conjunto con ellos un nuevo plan de crecimiento (de camas UCI)”, comentó Castillo.

En la Región Metropolitana, Clínica Indisa, que durante la primera ola se posicionó como el prestador que más camas críticas habilitó en el sector privado, figura con 84 cupos de internación complejos habilitados, del total de 102 que se les ha requerido. Sin embargo, el jefe de la Unidad de Paciente Crítico (UPC), el doctor Sebastián Ugarte, explica que si bien tienen las herramientas y la disposición, hay áreas que no han podido ser habilitadas para pacientes Covid-19.

“Nos pidieron 102 camas UCI, que es lo mismo que hicimos el año 2020. Pero pasa que tenemos un poco más de 16 camas de pediatría que están convertidas, pero que están con pacientes pediátricos internados. Y si comparamos, el año pasado el área pediátrica estaba vacía, pero no estamos seguros de que se puedan vaciar nuevamente, habiendo contagios entre niños de múltiples enfermedades, sobre todo respiratorias”, asevera el médico intensivista.

Pese a ello, Ugarte anuncia que “como clínica nos pusimos la meta de habilitar 22 camas UCI más. Nos estamos poniendo en el caso y ya estamos empezando a reclutar el personal para esos nuevos cupos”.

Entre los privados, también Clínica Universidad de los Andes registra un cumplimiento menor al requerido por Salud, con 14 camas habilitadas, por debajo de los 26 cupos, su máximo histórico instalado en pandemia. Frente a ello, la subdirectora médica de la clínica, Natalia Siervo, explica que “tenemos una capacidad basal de seis camas críticas. La autoridad solicitó duplicar esa capacidad, pero nosotros hicimos un esfuerzo adicional y llegamos a 14 camas críticas, lo cual representa un incremento de 133% en nuestra capacidad de camas críticas y estamos trabajando en aumentar a 22 camas”.

Siervo añade que “el año pasado armamos 26 camas, porque el contexto epidemiológico era diferente. Estábamos en cuarentena y la actividad de la clínica bajó a 20%, entonces nuestro personal se redistribuyó para atender pacientes Covid-19. Pero en este momento no estamos así y la actividad clínica se ha mantenido en parámetros normales, incluso mayor a lo habitual”.

Dentro de los hospitales institucionales, el de Carabineros es el que registra una menor tasa de cumplimiento respecto de su máximo. Desde el Departamento de Comunicaciones de la entidad señalaron que “aún están trabajando en la reconversión de camas UCI en coordinación con la autoridad de salud”. ¿Las camas requeridas? Se espera aportar con la veintena de los cupos UCI “en los próximos días”.

Asimismo, en el Hospital de la Fuerza Aérea (FACh) comunicaron que si bien se ha ido realizando un esfuerzo “gradual” y que existe la infraestructura y el equipamiento para dar cumplimiento con los cupos de internación, el problema es el personal sanitario.

Mientras que en la Universidad de Chile, el jefe de la UPC del recinto, el doctor Eduardo Tobar, reconoce que están por debajo de lo requerido, pero que sin personal entrenado para las UCI la misión se vuelve cuesta arriba. “Hay 52 camas habilitadas y no hay más personal para abrir más camas. Tenemos becados, algunos residentes nuestros que han sido requeridos por los servicios de salud. Nuestro hospital mandó carta al ministerio, donde se señalan las cosas que necesita el hospital para abrir más camas; el Minsal tendrá que ver cómo apoya a las instituciones”.

En el sector público, el Sótero del Río, requerido por este diario, señaló que es Salud quien debe referirse al cumplimiento (o no) de los recintos.

En el decreto publicado se detallan las sanciones que enfrentarían los recintos si no dan cumplimiento a la orden de Redes Asistenciales, acorde al libro X del Código Sanitario y en el Código Penal, según la Ley 20.393. Desde la Seremi de Salud que corresponda -que sería la entidad encargada de cursar las infracciones por parte de los prestadores- señalan que las multas podrían ir desde las 0,1 a 1.000 UTM, es decir, podría llegar hasta casi $ 50 millones, lo que dependerá de la responsabilidad y descargos que realicen los aludidos. Sin embargo, y previo a las eventuales multas, la Superintendencia de Salud está encargada de fiscalizar en terreno estos cumplimientos, y lo hará durante esta semana.

El superintendente de Salud, Patricio Fernández, señala que hay -al menos- ocho acciones de fiscalización programadas durante esta semana a las clínicas privadas. De hecho, ayer fueron inspeccionadas Clínica Las Condes y Universidad de los Andes.

“Nosotros vamos y constatamos que se cumpla con el criterio, que los procedimientos se estén respetando: que las cirugías electivas se hayan suspendido y que las camas informadas por las clínicas sean realmente las que se informan. Vamos a recorrer ocho clínicas durante esta semana y quedarán plasmados los descargos que pueda hacer el prestador. El reclamo habitual, o la excusa que entregan, ha ido por el lado del recurso humano (que no hay suficiente personal para abrir nuevas camas). Eso queda en el acta de fiscalización, en las observaciones. Y si el incumplimiento se mantiene, entregamos los antecedentes a la Seremi de Salud”, explica Fernández.

En tanto, Luis Castillo añade que para las próximas semanas “estamos estudiando cómo ‘apalancar’ administrativamente a hospitales públicos y clínicas privadas de manera que puedan priorizar en sus establecimientos la actividad de complejización y creación de camas críticas, con terapia ventilatoria invasiva”.

El académico en Salud Pública Claudio Castillo estima que “las autoridades han fallado en transmitir correctamente la gravedad de la situación actual, por la velocidad de nuevos casos como de hospitalizaciones en UCI. Es necesario reconocer errores, como lo hizo la canciller de Alemania, Ángela Merkel, y hacer un esfuerzo del mismo nivel que se hace en el país con la vacunación, para mejorar la trazabilidad y el aislamiento oportuno. Estamos al borde de la catástrofe y las autoridades siguen sin hacer una comunicación de riesgos pertinente a la situación actual”

Mientras, Gabriel Cavada, epidemiólogo de la U. de Chile, planteó que “estamos en un crecimiento muy acelerado de un brote que podría llegar al orden de los 45 mil casos por semana. Es una situación preocupante, porque la epidemia sistemáticamente, a nivel nacional, ha crecido por lo menos a razón de un 16% en las últimas 2 a 3 semanas. La situación es de una epidemia en alza, sin duda. Hoy la positividad superó el 10%, llegó a 11,4% y pasamos de la banda de “aceptabilidad” que definió la OMS sobre control de la pandemia. Por otro lado, la ocupación UCI máxima no será pronto sino que en 14 días después; el estrés de las camas críticas va a venir con desfase”.