En septiembre de 2020, Contraloría soltó una bomba en Carabineros: acusó a seis generales de no haber implementado los recursos para evitar acciones de abuso policial durante el estallido social, lo que desató una tensa relación entre ambos organismos. El ente fiscalizador formuló cargo contra seis generales, de los cuales cuatro finalmente quedaron absueltos, y dos determinados culpables administrativamente, a quienes se les pidió la suspensión de sus funciones.

El caso activó un duro cruce de amparos, reposiciones y acciones judiciales en los juzgados civiles para determinar si Contraloría tenía o no facultades para pedir sanciones como marginar de forma temporal de sus funciones a los uniformados. La inédita situación ocasionó una soterrada pugna entre ambas instituciones, cuyos edificios institucionales -en Teatinos 56, donde está la oficina del contralor Jorge Bermúdez; y Zenteno 1196, lugar en que trabaja el general director Ricardo Yañez- están separados por sólo 400 metros.

Pese a este tenso episodio, durante el último tiempo, los dos organismos han ido tendiendo puentes para forjar un trabajo colaborativo, enfocado, principalmente en mejorar los canales preventivos de Carabineros, y así evitar acciones que atenten contra la probidad administrativa. Por lo mismo, el general director, Ricardo Yáñez, inició conversaciones con el contralor para concretar estas iniciativas y evitar conductas reñidas con la probidad que han marcado en los últimos años a la institución que dirige.

Fue en base a estas inquietudes que hace algunos meses comenzó a elaborarse un convenio de colaboración entre Carabineros y Contraloría, el que tiene como propósito la mejora continua en el servicio público; en este caso, mediante la implementación de una serie de actividades tendientes a fortalecer el buen uso de los recursos públicos y evitar actos que vulneren el principio de probidad. El acuerdo será oficializado este martes.

Según la información que sustentó el acuerdo, lo que se busca es que a partir del análisis de la información relevante que emane de los procesos de fiscalización, y de la identificación de riesgos asociados, se implementará un programa de trabajo que permita “controlar y/o superar las debilidades detectadas”. El convenio tendrá una duración de un año, aunque podría ser extendido en otros 12 meses si es necesario.

Una vez concretado el acuerdo, Contraloría ofrecerá charlas y capacitaciones a los funcionarios policiales, además de un taller sobre levantamiento de información, entregando herramientas metodológicas y apoyo técnico, junto con monitorear y prestar apoyo durante el proceso de ejecución del convenio.

Se trabajará en cinco puntos: administración de recursos financieros, rendición de cuentas y acreditación de gastos, remuneraciones, control interno y auditoría interna; y abastecimiento y compras. Paralelamente, explicaron en Contraloría, Carabineros junto con comprometerse a participar de charlas y talleres, asegura la realización de un levantamiento de información que identifique los riesgos y controles que los mitiguen, utilizando las herramientas entregadas por el ente contralor.

El contralor, Jorge Bermúdez, explicó que “desde nuestro rol, reafirmamos el compromiso de la Contraloría para aportar con toda nuestra capacidad técnica a una mejor gestión policial”, agregando que “el convenio busca contribuir a una mejor gestión administrativa de Carabineros”.

Por su parte, el jefe policial, general Ricardo Yáñez, indicó que “esta iniciativa es un importante hito en nuestro proceso de modernización institucional, y viene a sumarse a los avances que hemos impulsado como Carabineros en diversas áreas, por ejemplo con la extensión de la formación académica de nuestro personal”.

En ese sentido, agregó que “somos una institución que avanza y aprende de las lecciones del pasado. Tal como lo hemos venido demostrando desde hace más de un año, hoy se confirma nuestro máximo interés y disposición para robustecer la probidad y la transparencia al interior de nuestra organización”.