Caso convenios: Ministerio Público indaga traspasos a fundaciones por más de $ 14 mil millones en ocho regiones

A casi tres semanas de que estallara el caso que tiene a Revolución Democrática en el blanco de duros cuestionamientos, producto de los millonarios traspasos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, reparticiones regionales del Ministerio Público ya han iniciado un total de ocho investigaciones penales que buscan esclarecer eventuales delitos de fraude al Fisco y tráfico de influencias.

Y es que no sólo el fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar, ha instruido diligencias para despejar lo ocurrido en dicha comuna, sino que esto también se ha replicado respecto de transferencias visadas por entidades públicas a fundaciones privadas en las regiones del Maule, Los Lagos, Atacama, Biobío, La Araucanía, Arica y O’ Higgins.

En suma, como pudo verificar La Tercera, se revisan transferencias de dinero que ascienden a un monto total de $ 14.215 millones, lo que podría aumentar conforme se expandan las pericias en curso o se sumen nuevas aristas.

El caso vinculado al exseremi Carlos Contreras (RD) y a la expareja de la diputada Catalina Pérez (RD), Daniel Andrade (RD), quien encabeza Democracia Viva, es a estas alturas el más conocido, y conforme a los antecedentes que ha entregado el fiscal Aguilar, refiere a convenios celebrados durante 2022 entre ambas entidades y que generaron tres traspasos por un total de $ 426 millones.

En el marco de dicha causa -iniciada el pasado 20 de junio-, como indicó el persecutor, se indagan presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude al Fisco, por lo que se dictó orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI.

En esta arista iniciada por el Ministerio Público el 28 de junio, según confirmó el fiscal regional Julio Contardo, se indagan ocho transferencias desde la Seremi de Vivienda del Maule a la Fundación Urbanismo Social, por un total de $ 577 millones.

Los cuestionamientos surgieron al observar que quien estaba a la cabeza de la Seremi, Rodrigo Hernández (RD), había trabajado durante siete años -antes de asumir en el cargo- en la fundación que resultó beneficiada, donde incluso tuvo el cargo de director jurídico.

Respecto de la causa iniciada en la X Región el mismo 28 de junio, como confirmó la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer, se ha establecido que se investigan convenios celebrados por parte del gobierno regional, encabezado por el ex DC Patricio Vallespín, con la Fundación Participa, con la Corporación Kimün, con la Fundación Chinquihue y también con otras entidades a las que se traspasaron dineros en 2022, por lo que el monto cuestionado aún no está delimitado.

En suma, como dan cuenta reportes del Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades, ese año el Gobierno Regional transfirió un total de $ 8.049 millones a organizaciones vía convenios, por lo que el Ministerio Público verificará si todo ello está en regla.

En medio de la causa iniciada en Atacama el 30 de junio, se indaga un traspaso realizado desde la Seremi de Vivienda de la región a la Fundación Comprometidos, por un total de $ 128 millones.

De acuerdo con los antecedentes precisados hasta ahora, el proyecto a ejecutar correspondía a un plan “piloto de gobernanza en habitabilidad primaria para distribución de agua potable en campamentos sector Paipote y Villa El Cerro II, de la comuna de Copiapó”, en el marco del programa de asentamientos precarios.

Sin embargo, llamó la atención que la citada fundación, al momento de resultar “beneficiada”, sólo registraba “actividades en producción de películas cinematográficas” y “actividades de clínicas veterinarias” como sus únicos giros.

La quinta arista penal corresponde a la abierta por la Fiscalía Regional del Biobío el 4 de julio pasado. En la zona se iniciaron dos investigaciones de oficio para esclarecer traspasos hechos desde el Serviu y el gobierno regional a fundaciones.

Estos dicen relación con convenios fijados con la Fundación Urbanismo Social y el Serviu del Biobío por $ 148 millones. La otra indagatoria es sobre las transferencias realizadas del gobierno regional a la ONG RedCultivarte por $ 274 millones.

Ambas causas quedaron radicadas en la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional del Biobío, a cargo de la fiscal anticorrupción María José Aguayo.

Según información entregada por la Fiscalía de La Araucanía, iniciaron una investigación este 5 de julio tras recibir una denuncia respecto de transferencias presuntamente irregulares visadas por el gobernador Luciano Rivas a la Fundación Local, con sede en la Región de Valparaíso, por un monto total de $ 2.113 millones.

Como se denunció, el proyecto a ejecutar tenía que ver con programas de reciclaje para la comuna de Padre Las Casas, pese a que la citada ONG no tenía experiencia en la materia.

Al respecto, la vocera de la Fiscalía de La Araucanía, Daniela San Martín, detalló: “Se recibió una denuncia a través de correo electrónico, en la cual se daba cuenta de presuntas irregularidades en el traspaso de dinero que habría efectuado el gobierno regional a una fundación de nombre Fundación local. En este sentido, se dispuso que sea la Fiscalía de Alta Complejidad de nuestra región la que asuma la dirección de esta instigación”.

En el caso de Arica y Parinacota, fue este jueves 6 de julio que se inició una investigación de oficio para establecer o descartar eventuales hechos constitutivos de delitos en el traspaso de recursos públicos desde el gobierno regional local hacia una fundación con domicilio en la Región de Coquimbo.

Esto, luego de que mediante redes sociales se denunciara que existieron eventuales irregularidades en la asignación de $ 2.500 millones a la Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones.

La investigación quedó radicada en la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de Arica, a cargo del fiscal adjunto Carlos Eltit Ortega.

La tarde de este jueves, además, se confirmó la apertura de una investigación de oficio por parte de la Fiscalía Regional de O’ Higgins, pero como pudo recabar este medio, aún no se ha puesto foco en entidades en particular, por lo que no es posible establecer el monto que está siendo pesquisado.

La revisión se da en medio de la determinación de Contraloría de realizar una auditoría nacional a todas las transferencias realizadas por el Minvu a fundaciones desde 2021.