“Se ha procedido a establecer responsabilidades políticas. El Presidente (Gabriel Boric) ya estableció una responsabilidad política recientemente con la renuncia de la subsecretaria (de Vivienda, Tatiana Rojas)”, dijo este lunes la vocera de gobierno, Camila Vallejo, al referirse al caso de la Fundación Democracia Viva, donde la fiscalía investiga posibles delitos en la firma de tres convenios por $ 426 millones con el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Antofagasta.

Los contratos de la fundación -creada por Daniel Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez- fueron visados por el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, quien, en el pasado, fue jefe de gabinete de la legisladora.

A través de las palabras de la portavoz, el gobierno intentaba evitar que siguieran escalando las responsabilidades al ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS). De hecho, Vallejo recalcó que el secretario de Estado viajará al norte para entregar “toda la información a la fiscalía que investiga estos casos y que puede llegar a un puerto que nos diga qué sucedió, si se cometieron delitos, cuáles fueron y quiénes son los responsables y qué sanciones hay asociadas a ese tipo de delito”.

Si bien, según el gobierno, Montes sólo se enteró del caso cuando estalló públicamente (el viernes 16 de junio), el panorama no está completamente despejado para el ministro, quien -el miércoles de la semana pasada- supo de la existencia de que, además, algunos asesores de Minvu tenían contratos personales paralelos con Democracia Viva. Ese será uno de los puntos que el secretario de Estado informará al fiscal a cargo del caso, Cristian Aguilar.

No obstante, según el Código Procesal Penal, un funcionario público debe denunciar en “24 horas” los hechos que pudiesen ser constitutivos de delito, plazo que ya no se cumplió, salvo que el Ejecutivo interprete que la investigación de oficio que inició el Ministerio Público lo eximía de ese deber. De hecho -a pesar de que la exsubsecretaria Rojas supo de los primeros antecedentes a inicios de mayo-, el primer acto formal de denuncia que el gobierno realizará ante el Ministerio Público será el encuentro que sostendrá mañana Montes con el persecutor de Antofagasta.

El estatuto administrativo en su artículo 55 también refuerza esa obligación de “denunciar” ante la fiscalía o ante la policía “con la debida prontitud”.

Aunque el Minvu desvinculó al seremi involucrado en el caso y abrió un sumario administrativo, La Moneda tampoco ha interpuesto alguna querella, como sí lo han hecho otros sectores políticos.

No obstante, frente al riesgo de que el caso siguiera escalando, el domingo, a través de un comunicado el Minvu salió a dar cuenta de sus pasos administrativos y judiciales, entre ellos la instrucción de un “sumario y una investigación preliminar que llevó adelante un equipo multidisciplinario del nivel central en la región”.

Con el resultado de dicha investigación se adoptaron “dos caminos”. En primer lugar, “junto al Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, se solicitó al Consejo de Defensa del Estado determinar el curso judicial a seguir”. En segundo lugar, se entregarán “antecedentes levantados por la investigación al Ministerio Público regional”.

“Una de las irregularidades levantadas por el equipo central del Minvu es sobre un número de funcionarios contratados por esta fundación (Democracia Viva), que al parecer prestaban servicios en la Seremi, hecho que condenamos y por el que buscaremos sanciones tanto del tipo administrativas como penales”, dice el comunicado del Ministerio de Vivienda.

Estas acciones al menos calmaron a las bancadas de oposición, donde Montes goza de cierto respeto por su trayectoria como parlamentario. Hasta el momento, la única medida de fiscalización que tiene piso en la derecha es la de una interpelación al ministro, pero no una acusación constitucional.

Ayer el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, dijo que “sería injusto que nosotros tratáramos de involucrar al ministro Montes en algo donde evidentemente él no tenía ninguna participación”.

Con mayor cautela reaccionaron en el Partido Republicano. El subjefe de bancada de esa colectividad, Agustín Romero, recalcó que “estamos siguiendo el tema y no descartamos ninguna acción a seguir, desde interpelación hasta una acusación”.

Hasta el Centro de Justicia, en tanto, llegará este martes la directiva de Revolución Democrática (RD), presidida por el senador Juan Ignacio Latorre, para interponer una querella criminal “en contra de todos quienes resulten responsables” en el caso de la Fundación Democracia Viva que afecta a varios militantes del partido e indirectamente a la diputada Pérez.

El fin de semana largo no dio tiempo de descanso para RD. Fue así que la bancada de diputados de esta colectividad emitió un comunicado público en el que hablan derechamente de “corrupción”. Ello marcaba un giro por parte del partido, el cual en un principio había respaldado la versión de Pérez de que detrás sólo había un error político o una imprudencia.

Ahora, el partido le dio la espalda a la diputada y, además de la querella, se pidió suspender su militancia ante el Tribunal Supremo de la tienda.

Luego, en un comunicado recalcaron que “condenamos severa y estrictamente cualquier acto de corrupción política, venga de quien venga”.

Además, recalcaron que “ningún partido está libre de actos de corrupción”.