La primera vez que se mencionó al exjefe comunal de Lo Prado (2004 a 2016) y expresidente del PPD (2016 a 2018), Gonzalo Navarrete Muñoz, en la investigación que lleva la fiscalía por presuntos sobornos de Itelecom a funcionarios públicos, fue el 19 y 20 de agosto de 2020. Ese día, el ingeniero Pedro Guerra, a cargo del área de licitaciones de la empresa de alumbrado público, declaró en calidad de imputado ante la fiscalía que le ofrecieron coimas a Navarrete para que convenciera al actual edil del municipio, Maximiliano Ríos (PPD), de elegir a Itelecom para la licitación de alumbrado público en 2019. Sin embargo, la operación no prosperó.

“Este proceso no fue adjudicado, se ofreció pagar para conseguir la adjudicación. El ofrecimiento lo efectuó (Cristián) Ureta (gestor de Itelecom) a Gonzalo Navarrete (...). En la oferta de Lo Prado, Marcelo Lefort (gerente general de Itelecom) pidió a Ureta que convenciera al alcalde a través de Navarrete para que pidieran una resimulación. Ureta nos decía que el alcalde (Ríos) quería otra empresa”, dijo Guerra esa vez.

A raíz de esa declaración, el 22 de enero pasado Navarrete explicó a La Tercera que “no hubo ni ofrecimiento ni pago. Cristián Ureta me llamó, pero le aclaré que yo no tenía relación con la municipalidad”.

Sin embargo, según los exdirectivos de Itelecom, las gestiones de Navarrete -exsubsecretario de Salud de Ricardo Lagos- fueron más allá. Guerra y el director comercial de la compañía, Ricardo Rodríguez, volvieron a entregar sus testimonios y reconocieron que se reunieron varias veces con Navarrete en 2019 para hablar sobre la licitación en el municipio de Lo Prado.

Rodríguez declaró el 10 de diciembre pasado que “Lefort acordó trabajar con Ureta dicho proyecto: recuerdo que en dos o tres ocasiones Marcelo (Lefort) no pudo reunirse con Ureta en el Hotel Solace y nos pidió a Pedro Guerra y mí que fuéramos a dichas reuniones, en donde Ureta estaba con Gonzalo Navarrete, exalcalde del municipio, quien tenía contacto con el alcalde actual (Ríos) y los concejales”.

El ingeniero detalló que ese “proceso fue declarado desierto y, según Ureta y Gonzalo Navarrete, se realizaría un llamado nuevo en forma privada donde se invitaría sólo a tres empresas, dentro de ellas, a ltelecom. Adicionalmente, Gonzalo Navarrete comentó que su esposa, no recuerdo el nombre, había cambiado de trabajo, pasando de Dideco a ser la Secpla del municipio”.

El exejecutivo de la empresa de luminarias detalló que Navarrete “indicó que conocía el concejo municipal porque venían de su gestión anterior como alcalde”. Y señaló que Ureta le comentó que por estas gestiones había pedido a Lefort una comisión de $ 50 millones. “En las tres reuniones con el exalcalde Navarrete se habló del proceso, de cómo iba, pero no se habló de pagos a Navarrete”, dijo.

Luego, el 17 de diciembre fue nuevamente el turno de Pedro Guerra. En su nueva declaración ante el Ministerio Público precisó que “Ureta estaba ayudando en Lo Prado, él presentó a Gonzalo Navarrete, que habíamos conocido en un intento de presentación al alcalde de Iquique antes del llamado en esa ciudad. Desconozco si había algún acuerdo de pago con Navarrete por organizar esa reunión con el alcalde de Iquique”.

De hecho, en una declaración previa, el 7 de octubre de 2020, Guerra habló por primera vez sobre las supuestas tratativas que Navarrete había realizado en 2018 para beneficiar a Itelecom en la licitación de la Municipalidad de Iquique: “Lefort me solicitó que concurriera a Iquique a hacer una presentación al alcalde en el municipio, que lo había organizado Ureta. Por ello, el 5 de marzo de 2018 Ureta y yo llegamos a la oficina del mismo alcalde, estaban Gonzalo Navarrete y un señor de nombre Víctor Osses. Nos pidieron esperar. Entró solamente Gonzalo Navarrete a hablar con el alcalde y luego de unos 15 minutos salió y dijo que el alcalde no iba a poder atendernos, así que nos fuimos”.

Relató que después Ureta, Navarrete, Osses y él se fueron a tomar un café: “En esa reunión, Navarrete nos señaló que el alcalde le había dicho que el proceso iba a ser abierto, por lo que había que competir y hacer la mejor oferta”.

Sobre los encuentros con Navarrete a raíz de la licitación en Lo Prado, Guerra sostuvo que “con Ureta, Gonzalo Navarrete, Ricardo Rodríguez y yo nos reunimos en el Hotel Solace del frente de Itelecom cuatro o cinco veces. En una de las reuniones se comentó que el ministerio (de Energía) había dicho que ninguna de las postulaciones cumplía por tener una falla técnica”.

Según Guerra, “Gonzalo Navarrete hablaba de que tenía una relación con el alcalde Maximiliano Ríos, pero nunca escuché si le iban a pagar a él. De esta licitación yo tengo claro que Ureta le iba a pagar a Navarrete por la adjudicación”.

Añadió que el exedil comentó que su esposa había tomado el cargo de Secpla y que iban a hacer un llamado cerrado a ciertos oferentes que se habían presentado: “En ese llamado tiene injerencia el Secpla”.

El exalcalde de Lo Prado explicó a La Tercera que se reunió con Ureta en dos oportunidades, porque le había pedido información sobre el proyecto de recambio de luminarias: “No se me ofreció pagar ni a mí ni al alcalde. Lo que le informé es que el proceso probablemente sería declarado desierto por inconsistencias técnicas insalvables”.

¿Por qué aceptó reunirse con Ureta?

Porque lo conozco de una relación política y me pidió conversar. La verdad es que hubo alguien técnico más que conocía.

¿A qué relación política se refiere y quién era ese “técnico”?

Porque Ureta es PS. Al técnico no lo conozco.

¿Dónde realizaron esas reuniones?

Recuerdo una en el Hotel Solace y una en el café del Drugstore. Es cuanto puedo informar.

Además de las declaraciones en que Navarrete ha sido mencionado como presunto gestor de la empresa, la fiscalía ordenó a la PDI el 8 de julio de 2020 realizar un informe en relación a la Municipalidad de Lo Prado para “establecer sus vinculaciones con Itelecom y si existieron acciones tendientes a favorecer la licitación”.

Para esto, el Ministerio Público pidió a la policía tomar declaración como testigos a los directores de asesoría jurídica, Secpla, Daf y Obras Municipales, quienes participaron en la comisión evaluadora, para preguntarles detalles sobre las bases de la licitación de 2019. También, requirió que interrogaran como imputado a Jorge Silva (PPD), quien “a la época de los hechos se desempeñaba como administrador municipal”.

Así, el 2 de diciembre la PDI despachó a la fiscalía el informe sobre Lo Prado: todos desconocieron si Silva cometió alguna irregularidad en la licitación, y Silva descartó haber recibido coimas a cambio de favorecer a Itelecom y dijo que solo conversó con el exalcalde Navarrete sobre temas políticos.