Por cuarte noche consecutiva la violencia se tomó las calles de Irlanda del Norte el lunes, pese a los reiterados llamados a la calma desde diversos sectores de la sociedad. Los manifestantes, entre los que se cuentan jóvenes de 12 o 13 años, se han enfrentado a la policía utilizando bombas molotov, piedras, ladrillos y han hecho barricadas.

Un auto fue incendiado en Sperrin Park, en el área de Waterside de Derry, el lunes en la noche, mientras que también hubo informes de incidentes violentos en Carrickfergus, cerca de Belfast. Ambos lugares han sido escenario de violencia y disturbios entre la comunidad lealista (quienes quieren que Irlanda del Norte siga siendo parte de Reino Unido) en los últimos días.

El domingo por la noche, cinco agentes de policía resultaron heridos tras recibir bombas molotov en Belfast, lo que elevó a 41 el número total de policías heridos en incidentes en Derry y Belfast durante estos días, según da cuenta la cadena BBC.

Los disturbios de la semana pasada fueron gatillados por la decisión del Ministerio Público de no enjuiciar a 24 políticos del partido nacionalista irlandés Sinn Féin por supuestamente violar las restricciones impuestas por el Covid-19 al asistir al funeral de Bobby Storey, una antigua y destacada figura del Ejército Republicano Irlandés (IRA), durante el confinamiento en junio del año pasado.

Pese a que el aforo permitido entonces era de 30 personas, al menos unas 2.000 personas asistieron al multitudinario funeral, entre ellas la viceprimera ministra de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill.

Todos los principales partidos unionistas (que quieren permanecer ligados a Reino Unido) han exigido la dimisión del jefe de Servicio de Policía de Irlanda del Norte, Simon Byrne, alegando que ha perdido la confianza de su comunidad.

Existe el consenso de que no existe solo una sola razón que explique estos disturbios. La mecha la encendió el funeral de Storey, pero la tensión ha estado latente por meses.

Una de las razones se encuentra en la misma conformación del gobierno, en la que unionistas, nacionalistas y partidos no alineados comparten el poder en el Ejecutivo de Stormont. La mala relación entre el Partido Unionista Democrático (DUP) y el Sinn Féin hace que el clima político sea una suerte de olla a presión a punto de estallar.

A esto se suma el Brexit -que comenzó a regir el 31 de enero- y el protocolo de Irlanda del Norte. Con el fin de evitar una frontera dura entre Irlanda del Norte -que pertenece a Reino Unido- y la República de Irlanda -que es un Estado miembro de la Unión Europea- una vez que comenzara el Brexit se acordó que Belfast quedaba en varios puntos en línea con las normativas del mercado único europeo de bienes. Así, por ejemplo, la entrada de un camión cargado de carne escocesa a Irlanda del Norte, por el Mar de Irlanda, sería considerado como un ingreso en territorio de la UE y, por lo tanto, tendría que cumplir con los requisitos necesarios, como los temas sanitarios.

En ese sentido, se estableció un período de gracia para evitar un gran impacto a las industrias a partir del 1 de enero de 2021. Así, la expiración de este se fijó para el 1 de abril. Sin embargo, el gobierno británico anunció unilateralmente que lo extendería hasta el 1 de octubre.

Los controles aduaneros han escalado la tensión entre los unionistas norirlandeses, visceralmente apegados a la corona británica, que los ven como una frontera entre Irlanda del Norte y el resto de Reino Unido. Esta situación se teme que podría socavar el acuerdo de paz alcanzado en 1998.

Ese pacto puso fin a décadas de conflicto entre republicanos irlandeses, facciones probritánicas y las Fuerzas Armadas de Reino Unido, en que murieron más de 3.000 personas. Sin embargo, los unionistas insisten en que las revisiones equivalen a una frontera en el Mar Irlandés entre Irlanda del Norte y el resto de Reino Unido.

Según explica el diario The Guardian, este protocolo preocupa a los unionistas y los lealistas, que temen que pueda convertirse en una antesala de la unidad irlandesa. Muchos lo ven como la última de una serie de concesiones -ya sea reales o percibidas- a los nacionalistas y al gobierno irlandés desde el acuerdo del Viernes Santo, indicó el periódico.

“Los funcionarios de Bruselas, Dublín y Londres pueden haber visto el protocolo en términos técnicos, pero para los lealistas fue una erosión de la soberanía y una traición del gobierno británico”, dijo al diario londinense Peter Shirlow, director del Instituto de Estudios Irlandeses de la Universidad de Liverpool y una autoridad sobre el unionismo. “Hay una rabia en la lealtad, una sensación de frustración muy fuerte”.

A su juicio, la generación que nació después del acuerdo del Viernes Santo vio esos compromisos políticos inherentes al pacto como derrotas. “En el mundo en el que viven muchos de estos jóvenes, es concesión, concesión, concesión. Ven el viento del cambio moviéndose en una dirección en la que constantemente se les dice que el otro lado está ganando”.

Las autoridades sospechan que detrás de estos ataques se encuentra una organización conocida como la Brigada del Sureste de Antrim, una escisión de las unionistas Asociaciones de Defensa del Úlster, e inicialmente un grupo paramilitar implicado en numerosas operaciones delictivas. De hecho, la Policía norirlandesa ha efectuado recientemente algunas incautaciones de drogas en manos del grupo, que sigue gozando de gran respaldo popular.

Si bien los partidos unionistas han exigido la dimisión del jefe de Policía de Irlanda del Norte, Simon Byrne, también han condenado la violencia en las calles, como hizo el sábado la ministra principal norirlandesa, Arlene Foster, quien instó a los jóvenes a que no se involucren en los actos de violencia, pero también señaló que se había perdido la confianza en Byrne.

Por su parte, el Sinn Féin, a través del diputado Gerry Kelly, ha responsabilizado de los disturbios a la “retórica incendiaria” del partido de Foster, el Partido Unionista Democrático (DUP).

La Asamblea de Irlanda del Norte romperá sus vacaciones para discutir la violencia en algunas áreas lealistas. Si bien los políticos están unidos para pedir el fin de la violencia, se encuentran divididos sobre las razones del estallido.