Y finalmente se concretó. Este domingo el abogado Jorge Bofill, socio de Bofill Escobar Silva Abogados, en representación del exsubsecretario de Previsión Social Christian Larraín, presentó una demanda por tutela laboral contra el Ministerio del Trabajo, exigiendo una indemnización por $580 millones.

En la denuncia se presenta una cronología del día en que Larraín fue despedido y otros hechos que ocurrieron después. Ahí recuerda que la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, le pidió la renuncia el 26 de mayo, argumentando “supuestas ´denuncias de acoso sexual y laboral´, ´realizar conductas calificadas como no del todo positivas´ y efectuar ´hostigamientos´ hacia funcionarios de la subsecretaría que lo estaban ´pasando muy mal´”, explica el documento.

Así las cosas, la denuncia fue presentada “por vulneración de garantías constitucionales, con ocasión del despido, por haberse vulnerado la garantía constitucional de mi representado (...) que garantiza el respeto y la protección del honor de la persona y de su familia”.

La demanda argumenta que “la actuación del Estado Empleador fue innecesaria, desproporcionada y carente de razonabilidad”, por lo que pide indemnizaciones establecidas en la ley y la reparación del daño moral.

En ese sentido, pide una indemnización de $80 millones, esto es el equivalente a 11 remuneraciones mensuales, “por quebrantamiento a su garantía constitucional del derecho al honor”. Ello, por “la publicidad con la que fue tratado por la propia Ministra del Trabajo, la Secom y otras altas autoridades del Estado, justificando y avalando públicamente la causa de la petición de renuncia por las denuncias de acoso sexual y laboral, todo sin investigación previa, sin comprobación de los hechos, sin cautelar el debido proceso, sin medida de protección preventiva ni respeto al principio de inocencia”.

Por otro lado, valoriza el daño moral en $500 millones. Esto, porque argumenta que “se ha sometido la reputación personal y profesional del Sr. Christian Larraín Pizarro a un mal irreparable y grave”. Agrega que Larraín “es una persona conocida nacional e internacionalmente en la esfera de la economía, de manera que la forma humillante e indigna en que ha sido despojado de su reputación profesional equivale, en los hechos, a una ´muerte profesional´”. Y afirma que “el sufrimiento experimentado por mi representado no puede describirse en palabras”.

La demanda revela un texto escrito por Larraín, donde confiesa que “de un día para otro mi imagen quedó estigmatizada como un acosador. Los primeros días ni siquiera quería salir de mi casa por miedo a ser reconocido y apuntado”.

Asimismo, la denuncia acompaña un informe de la psiquiatra de Larraín, donde se señala que ha manifestado “sintomatología angustiosa severa, trastorno del sueño con insomnio de conciliación, sueño interrumpido, insomnio del despertar precoz, trastorno del apetito, irritabilidad, cefalea dolor abdominal, labilidad emocional, llanto frecuente, desconcentración desánimo progresivo sin ánimo de levantarse, abatimiento y desesperanza, entre otros síntomas se agrega posteriormente crisis de pánico con taquicardia sudoración profusa, sensación de ahogo, opresión del tórax , mareos y sensación de vértigo entre otros síntomas al tener que enfrentar situaciones de exposición pública por lo que consulta y debe comenzar a recibir tratamiento farmacológico con ansiolíticos e hipnóticos”.

La denuncia enseña la siguiente cronología del día del despido. La ministra Jara citó a una reunión de coordinación de la reforma previsional a las 15:30 del 26 de mayo, donde hubo autoridades de la Dipres, la Superintendencia de Pensiones, la Subsecretaría de Hacienda, la Subsecretaría de Previsión Social, y el jefe de asesores de Jara.

“El objetivo de la reunión fue explorar una alternativa distinta de organización industrial a la que planteaba la reforma, donde se presentaron tres alternativas: 1) Replicar modelo del AFC (administrador del seguro de cesantía); 2) Licitaciones de stock de afiliados; 3) una combinación de ambas. También don Leonardo González expuso sobre un mecanismo 100% redistributivo solicitado por la Sra. Ministra Jara”, dice la demanda.

La ministra se retiró cerca de las 16:30 y dejó coordinando la reunión a Larraín. Pero cerca de las 17:00 horas Larraín recibió un llamado de la secretaria de la ministra, quien le pidió que fuera al gabinete ministerial a una reunión con Jara. “La Sra. Ministra Jara tenía un sobre en su mano, cuyo contenido nunca exhibió y le dijo a mi representado: ´Tengo una denuncia de acoso sexual en tu contra´, para continuar ordenándole renunciar para, según ella, evitar un escándalo. Instantes después ingresó a la oficina el jefe de gabinete de la Sra. Ministra, don Pablo Chacón”, detalla el documento.

La denuncia relata así lo que ocurrió a continuación: “Mi representado estaba totalmente sorprendido y expresó que siempre su cargo había estado a disposición, pero que su integridad era fundamental y que requería conocer la denuncia y la identidad del denunciante, ante lo cual la Sra. Ministra le pidió al Sr. Chacón que le informara al Sr. Larraín en términos generales, sin identificar al denunciante. El Sr. Chacón señaló únicamente que se trataría de ´uso de lenguaje de connotación sexual en público´”.

La demanda agrega que “luego de ello la Sra. Ministra señaló que sería conveniente coordinar el mensaje comunicacional para evitar un escándalo, a lo cual mi representado le manifestó que se estaba afectando su integridad, por lo que era necesario llegar a la verdad. También solicitó que se incorporaran a la reunión su jefa de gabinete, Sra. Consuelo Maldonado, y su jefa de comunicaciones, la Sra. Teresa Espinoza, expresándole a la Sra. Ministra que por ser ambas de su total confianza debían estar presentes dada las gravísimas imputaciones que la propia Sra. Ministra le había hecho saber”.

A continuación, “la reacción de la Sra. Ministra fue que, así las cosas, la renuncia sería inmediata y que La Moneda emitiría un comunicado aceptándola. En ese minuto la Sra. Ministra le pidió a la Sra. Consuelo Maldonado que asumiera como subsecretaria subrogante”.

Cerca de una hora después, a eso de las 18.00, Larraín subió a su oficina junto a Maldonado y Espinoza para “retirar algunas cosas y efectos personales. En el intertanto, la Sra. Consuelo Maldonado redactó la carta de renuncia y se la hizo firmar, sin entregarle copia. Al poco rato se sumó don Cristián Herrera, periodista del área de comunicaciones del Ministerio, quien ayudó a escribir un mensaje de despedida por correo electrónico para todos los funcionarios de la subsecretaría”.

Media hora después Larraín llamó su esposa y le informó todo lo que había ocurrido, “quien reaccionó incrédula ante lo ocurrido, expresándole su total y decidido apoyo, así como el de su familia”, comenta la demanda.

Alrededor de las 19:30 horas, la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia, publicó un comunicado informando la a renuncia de Larraín. A las 19:37 el exsubsecretario envió un comunicado de despedida a todo su equipo directivo.

Casi dos meses después, el 28 de julio, Larraín recibió un correo electrónico donde, en el marco del sumario administrativo que instruyó la ministra Jara, se le cita a declarar el 3 de agosto a las 9.30, en dependencias de la subsecretaría de Derechos Humanos, ante el subsecretario de dicha cartera, Xavier Altamirano Molina, quien actúa como fiscal; y la actuaria Marcela Ruiz Calderón.

Según la citación, dicho sumario fue ordenado instruir el 29 de mayo y tiene el objeto de “investigar los hechos denunciados los cuales ´podrían constituir atentados contra la dignidad de los y las funcionarias del servicio según lo dispuesto en el artículo 84 letra m del Estatuto Administrativo con el fin de determinar tanto la existencia y circunstancias de los mismos, como también un eventual responsabilidad administrativa del señor Christian Eduardo Larraín Pizarro´”.