El 8 de marzo de 2014, cuando las denominadas guarimbas, protestas ciudadanas contra el chavismo convocadas por jóvenes a través de las redes sociales, cumplían más de un mes dejando un crudo escenario de violencia en las calles de más de 12 ciudades de Venezuela, con un saldo de más de una veintena de fallecidos y 900 heridos, la profesora chilena Gisella Rubilar recibió un disparo en la cabeza cuando presuntamente retiraba restos de una barricada ubicada en los alrededores de su domicilio en Mérida. Tras días internada en un hospital, la mujer falleció dejando un caso abierto sin sospechosos.

No fue hasta dos años después, el 26 de enero de 2016, que el entonces diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y presidente del Parlamento venezolano, Diosdado Cabello, apareció en el programa de televisión abierta Con El Mazo acusando al joven de 24 años Steven García Sanz de ser el “asesino” de la docente de 47 años y madre de cuatro hijos. Horas antes, el rapero conocido como Mc Rockola había sido apresado acusado del crimen.

El cantautor venezolano originario de Caracas y exmilitante del partido de oposición Voluntad Popular ha pasado los últimos años internado en el Centro Penitenciario de la Región Andina (CEPRA), en Lagunillas, a la espera de un juicio que hasta ahora no tiene fecha. Su familia, encabezada por su madre, Edith Sanz de García, una exfuncionaria policial jubilada, denuncia que su hijo es un “preso político más, pero sin dinero”.

La trama del caso está llena de imprecisiones, incógnitas y secretismo. Las primeras informaciones del homicidio que llegaron a Santiago aseguraron que la chilena resultó herida al estar cerca de la manifestación. Más tarde, uno de sus hijos, Itciai Catepillán, señaló a la prensa venezolana que el estado médico de su mamá era de “extrema gravedad” debido a que la bala ingresó por la sien y salió por su ojo izquierdo, lo que la mantuvo internada en el Hospital Universitario de Los Andes.

Según el portal Infobae, el 14 de marzo de 2014, en una transmisión en vivo, el recién electo Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro compartió con uno de los hijos de Rubilar. En la instancia, el chavista señaló: “A tu madre la mata un grupo de enmascarados en motos de alta cilindrada”. Ante esto, el joven contradice la versión oficialista advirtiendo: “Parece que no fue gente en moto, hay que investigar más a fondo”, y en respuesta Maduro apuntó que era “información oficial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)”.

La policía venezolana acusó que la investigación oficial reveló que el detenido formaba parte de un grupo de encapuchados que organizaba acciones violentas en Mérida. El crimen fue la bandera del chavismo para descartar “impunidad” en Venezuela.

Diosdado Cabello, ahora número dos del chavismo, al ser primer vicepresidente del PSUV, señaló en ese momento que “con la captura de García Sanz es bueno que los conspiradores, la ultraderecha, (Henry) Ramos Allup, (Mauricio) Macri, (Andrés) Pastrana terminen de convencerse de que en Venezuela no hay impunidad y todos aquellos responsables de los 43 muertos por las guarimbas del año 2014, los buscaremos debajo de las piedras para que sean debidamente juzgados conforme a la Constitución y las leyes venezolanas”.

En ese momento, el Presidente Sebastián Piñera lamentó “enormemente la muerte de una compatriota”. “Una de las preocupaciones que tiene que tener un Presidente es que no empiece a pasar lo que está ocurriendo en Ucrania o en Venezuela, que los muertos comiencen a ser una estadística”, apuntó el Mandatario en una entrevista.

De acuerdo a la reconstitución de esa fatídica noche realizado por Infobae se sostiene que la noche del tiroteo, el CICPC no realizó las experticias técnicas en el lugar, sino que llegaron a la mañana siguiente, momento en el que se habían dado cuenta de que el sitio del suceso fue “lavado y retirados los escombros” por órdenes del entonces gobernador del estado, Ramón Ramírez, lo que sumado a las lluvias borraron cualquier prueba de lo ocurrido.

El chavismo designó como fiscal nacional a Orlando Padrón, quien solicitó una orden de detención contra Steven García. La familia del joven rapero, que trabajaba en una pizzería, denuncia una serie de irregularidades, especialmente porque el detenido no contaba con antecedentes penales previos y que hasta ahora han “desfilado seis jueces” en el caso.

La madre del detenido niega los rumores sobre que su hijo era un opositor, señalando a la prensa local que “no es político. Jamás ha votado y no ha conocido nunca a Leopoldo López. Era músico y cantante. Simplemente, era solo un muchacho al que le apagaron sus sueños, su vida”. La familia impulsará nuevos recursos para intentar que Steven salga de la cárcel lo antes posible.