Consalud ya no es la única isapre que demandó al Estado por la pérdida que acusa haber sufrido por financiar una política pública: el mes pasado Colmena también interpuso una millonaria demanda de indemnización de perjuicios contra el Fisco y la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), por la dictación de ley 21.247 que se publicó el 27 de julio de 2020 y la posterior implementación que hizo el regulador. El 1º Juzgado Civil de Santiago ya dio curso a la demanda a fines de abril.

Esta ley fue la que creó la Licencia Médica Preventiva Parental (LMPP), y señalaba que los trabajadores que se encontraban haciendo uso del permiso de posnatal parental durante el estado de excepción constitucional de catástrofe, tendrían derecho, luego del término del mencionado permiso, a una LMPP para efectos del cuidado del niño o niña. Todo ello en el marco de la pandemia.

La vigencia de esta ley se extendió hasta septiembre de 2021, cuando finalizó el estado de excepción constitucional de catástrofe, y en total se presentaron casi 300 mil solicitudes. La licencia se extendía por un periodo de 30 días, el que podía renovarse por un máximo de dos veces.

En el documento, la isapre pide que los demandados sean condenados a indemnizar a Colmena por “la totalidad de los perjuicios derivados de la implementación de la política pública propuesta por el Poder Ejecutivo y aprobada por Legislativo en su labor de colegisladores”. Y argumenta que ambos poderes del Estado, “en un actuar sin precedente en nuestra historia legislativa, trasladó directamente la carga de una política pública al bolsillo de particulares”.

En la acción judicial, patrocinada por los abogados Julio Pellegrini y Fernando Zúñiga, ambos socios de Pellegrini & Rencoret, junto con la asociada María Francisca Fantoni; la isapre acusa que esta política pública “se llevó a cabo a costa de imponer a Colmena la carga de soportar un gasto de $29.253 millones, sin ninguna compensación, e incluso peor, sin otorgar ni reconocer ningún mecanismo que le permita a mi representada paliar los efectos de dicha abrupta disminución patrimonial”. Por tanto, pide la indemnización de ese monto, reajustado por IPC.

Colmena puntualiza que con esta demanda no están criticando dicha política pública, sino más bien, que haya sido la isapre la que tuvo que financiarla. “Lo que se cuestiona en la demanda y la grave injusticia que se denuncia en ella radica únicamente en la forma en que el Estado se sirvió ilegítimamente de recursos de privados para financiar este subsidio”, dice el escrito.

Y Colmena agrega que tienen claro que “los particulares están llamados a contribuir con el bien común y subsidios estatales, pero ello debe realizarse mediante mecanismos que respeten la garantía constitucional de igual repartición de las cargas públicas. A modo de ejemplo, con el pago de los impuestos pertinentes o con la implementación de subsidios que luego son compensados por el Estado. Por el contrario, no puede realizarse por medio de ´expropiaciones´ encubiertas, que vulneran directamente el derecho de propiedad”.

La isapre argumenta que con esta ley “el Estado de Chile no solo obligó a Colmena y a otras isapres a desembolsar su propio dinero sin derecho a restitución, sino que en la misma normativa se prohibió expresamente considerar estos costos en el cálculo del ajuste de precio de los planes de salud. Por lo tanto, no existe forma en que estas empresas puedan compensar los millonarios montos que perdieron en la implementación de la LMPP y que debieron ser financiados por el Fisco desde un principio”.

La demanda también dice que “en los hechos, se está vulnerando el principio de igual repartición en las cargas públicas y, además, se está llevando a cabo una expropiación. En efecto, obligar a un privado a desembolsar más de $29.253 millones no es una mera limitación derivada de la función social de la propiedad, sino que una manifiesta privación de ella”.

Tras consultar a la isapre por esta demanda, desde Colmena señalaron: “Estamos de acuerdo y apoyamos que en el marco de la pandemia estas licencias médicas fueran una posibilidad para que muchos niños y niñas de nuestro país no se contagiaran de Covid-19 al poder quedarse bajo el cuidado de sus padres. Sin embargo, estas ayudas son un deber del Estado que no pueden ni deben ser financiada por privados”.

En ese sentido, enfatizan que “hemos decidido interponer esta acción legal como medida para resguardar la sostenibilidad de nuestra actividad y la cobertura de salud que entregamos a nuestros afiliados. Ello, porque como aseguradora privada de salud no nos corresponde hacernos cargo del financiamiento de una política pública de esta naturaleza, pues constituye una carga desigual e impuesta de manera arbitraria contra el patrimonio de la aseguradora, cuyo costo alcanzó los $29.000 millones”.