Mensajes de Giorgio Jackson (Desarrollo Social) y Carolina Tohá (Interior) recibió el fin de semana el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Las comunicaciones tenían por objetivo que el secretario de Estado precisara el sentido de las declaraciones que emitió respecto a la decisión del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno -que fue instruida cuando el titular de Desarrollo Social era ministro de la Segpres, en junio de 2022- y que implicó dejar de reportar detalles sobre las transferencias de recursos a terceros.

La información que había sido publicada por el diario La Segunda el viernes, fue comentada por Montes el sábado durante la mañana en un diálogo con dirigentes sociales. “No soy un experto en esta materia, pero todo lo que he oído de expertos es que efectivamente eso hubiese dado luces más anticipadas de los riesgos que se estaban corriendo y de los hechos que podrían ocurrir. Espero que eso se revise y se replantee”, dijo el ministro.

Sus palabras levantaron alertas inmediatas en La Moneda, desde donde identificaron que contradecía directamente un comunicado que había sido emitido horas antes por el organismo dependiente de la Segpres, asegurando que la determinación se trataba de una medida de carácter técnico y no habría favorecido la ocurrencia de hechos que hoy indaga el Ministerio Público por eventuales delitos de corrupción en los convenios entre fundaciones y distintas reparticiones del gobierno central.

Ante la confusión y la sensación de que se podía leer como un ataque directo a Jackson, Tohá recomendó a Montes aclarar, lo que hizo -tras coordinar una salida comunicacional con sus equipos- durante la tarde de este domingo.

“Respecto a mis declaraciones sobre el Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno, quisiera precisar que me referí en términos generales al rol que considero debe cumplir y de ahí la importancia de fortalecer esta institucionalidad para contar con herramientas más robustas de control interno. Quiero especificar que las auditorías preventivas que implementaremos en el Ministerio nos permitirán detectar de mejor manera las inconsistencias entre los productos solicitados, como -en este caso- la experiencia y objeto de las fundaciones, así como el irrestricto respeto a normas sobre uso de fondos públicos y normas de integridad”, explicó mediante un comunicado.

Y agregó: “Sobre los datos que dejaron de solicitarse en junio 2022, y habiendo recabado toda la información, quiero señalar que por ser muy agregada no habrían permitido determinar potenciales irregularidades específicas del caso Convenios.”

Quienes han conversado con Montes en las últimas horas aseguran que prefirió evitar escalar una polémica que tensionara la interna en el gobierno, desde donde han empalmado su permanencia en el gabinete a la del ministro Jackson.

Asimismo, en el Ejecutivo recalcan que era la salida correcta puesto que no era la primera vez que el socialista incurre en errores no forzados en la administración de la crisis. En su momento, fue cuestionado por las dudas respecto de cuándo se enteró del escándalo de Democracia Viva (la entonces subsecretaria Tatiana Rojas salió del cargo por no haberlo informado oportunamente), pero también surgieron críticas por la demora en algunas decisiones como denunciar ante la justicia una vez conocidos los hechos del Serviu de Antofagasta.

Consultado por su futuro en el gabinete, Montes ha dicho que “mi voluntad es cumplir, yo no voy a renunciar, el Presidente (Gabriel Boric) es quien decide hasta el día en que yo estoy”.

Y si bien sus aclaraciones permitieron descomprimir comunicacionalmente el asunto, lo cierto es que entre el domingo y el lunes varios ministros de La Moneda volvieron a ser consultados por las contradicciones en el gobierno respecto al Consejo de Auditoría. El primero en tomar distancia de sus dichos fue el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, al ser consultado la noche del domingo en Tolerancia Cero.

“Ministro, usted bien sabe que se hizo un cambio en el trabajo que realizaba el Consejo de Auditoría. ¿Qué responsabilidad le cabe en haber dejado de entregar parte de la información que tenía que ver con reportes de transferencias? Lo pregunto porque en una primera instancia Carlos Montes dijo que según le habían dicho los expertos es que efectivamente el reporte hubiera dado luces más anticipadas de los riesgos”, le consultaron.

Ante lo que respondió: “¿Cómo parte la frase Carlos Montes?”, haciendo alusión a que las palabras de su par partieron con un: “No soy un experto en la materia”. Así, Elizalde agregó que “dejémoslo ahí. Por qué digo esto, porque él es muy sincero (...) esta no fue una decisión de carácter político. Fue una decisión de carácter técnico adoptado por el Consejo de Auditoría, por la auditora general, Daniella Caldana”.

Este lunes, en tanto, Elizalde y la ministra Camila Vallejo (Segegob) volvieron a ser consultados por el tema. El titular de Segpres, de hecho, anunció que modificarán el marco normativo de la instancia para evitar conflictos de interés detectados durante la administración de Sebastián Piñera, y recalcó que pondrán urgencia a un proyecto presentado durante el mandato de Michelle Bachelet que busca fortalecer el Consejo de Auditorías para evitar que situaciones de esta naturaleza se repitan en el futuro.

La vocera de La Moneda, por otro lado, reforzó que se va a nombrar a los integrantes que aún están vacantes. “El CAIG funciona, ustedes saben que independientemente de su funcionamiento el gobierno tiene una mirada crítica de aquello y por lo mismo no solo se ha quedado en criticar, sino que hacer propuestas para tener una institucionalidad de verdad robusta en materia de auditorías internas”, afirmó la secretaria de Estado.