Setecientas setenta y cinco indicaciones. Durante las dos últimas semanas, los integrantes de la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional han estado abocados a votar esa cantidad de normas para así configurar el nuevo reordenamiento del poder político que se propondrá en la nueva Constitución.

Y aunque desde la derecha se propusieron varias de esas indicaciones, las que se han aprobado provienen del acuerdo establecido por los colectivos de izquierda y centroizquierda, que busca mantener el régimen presidencialista, la eliminación del Senado, la existencia de un Congreso Plurinacional -la nueva Cámara de Diputadas y Diputados que se propone- y la conformación de un Consejo Territorial -que ocuparía el lugar del Senado-. Además, se agregaría la figura de un vicepresidente de la República y se crearía la del ministro de gobierno.

Tras las primeras definiciones sobre cómo sería el Congreso Plurinacional y el Consejo Territorial, este lunes fue el turno de someter a votación el artículo referido al Poder Ejecutivo.

A grandes rasgos, y para los expertos en el tema, el sistema que emana de la comisión se podría calificar como presidencialista -al menos porque mantiene la figura presidencial como la conocemos hasta ahora-, pero se coincide en que es difícil saber, en relación al Legislativo, si es unicameral o bicameral asimétrico. El pleno, durante la próxima semana, según se estima, tendrá la última palabra.

Sobre la presidencia, uno de los cambios más significativos es lo relativo a la edad de postulación para aspirar al gobierno. La comisión aprobó modificar los requisitos para ser candidato o candidata presidencial, rebajando de 35 a 30 años la edad mínima para postular.

Además, se visó en particular una norma que establece la creación de dos nuevas figuras que acompañarían al Presidente de la República: la vicepresidenta o vicepresidente y una ministra o ministro de gobierno. Ambas autoridades podrán ser reelectas de manera conjunta o separada, de forma inmediata o posterior, y una sola vez.

Se estableció que ambas figuras competirán en la misma papeleta, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. En caso de no obtener la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos, habrá segunda vuelta. El binomio, además, deberá ser paritario, esto es que si es una candidata presidencial, la vicepresidencia tendría que ser un hombre, y viceversa.

En el caso de la vicepresidencia, una de sus principales funciones es que le tocará presidir y dirigir el Consejo Territorial y tendrá derecho a participar en la deliberación con voz, y excepcionalmente con derecho a voto, del Congreso Plurinacional.

Por lo demás, si el presidente estuviera imposibilitado de asumir su cargo, el vicepresidente sería quien asuma el poder. Además, se acordó permitir la reelección de la dupla de Presidente y vicepresidenta, o Presidenta y vicepresidente, después de un periodo presidencial que seguirá siendo de cuatro años. Estos podrán ser reelectos de manera conjunta o separada, de forma inmediata o posterior, y una sola vez.

La nueva figura de ministra o ministro de Gobierno sería nombrada por el presidente y sería la encargada de conducir las gestiones legislativas del gobierno y la ejecución de su programa.

El gabinete ministerial, en tanto, estaría compuesto por la vicepresidencia, el ministro de gobierno y el resto del gabinete de ministros de Estado establecidos por la ley. Asimismo, la comisión visó una iniciativa que establece que el gabinete ministerial debiese ser paritario e incluir al menos a un representante de los pueblos originarios. Para ejercer el cargo, se requerirá ser ciudadano con derecho a voto y cumplir con los requisitos generales para el ingreso a la administración pública.

Uno de los puntos que ha sido ampliamente discutido tanto dentro de la Convención como fuera de ésta es la propuesta incluida en el acuerdo al que llegaron entre la izquierda y la centroizquierda que establece un Consejo Territorial. Este órgano reemplazaría al actual Senado y no sería parte del Congreso Nacional, sino que consistiría en una instancia separada y con carácter consultivo sobre la tramitación legislativa.

Dentro de la comisión ya se han aprobado indicaciones que comienzan a darle forma a este nuevo órgano político. Una de ellas fue la visada en particular la jornada del lunes 1 de marzo, que establece que al Consejo Territorial le corresponderá conocer los proyectos de reforma constitucional, las leyes interpretativas de la Constitución, la ley anual de presupuesto, la ley sobre la división política y administrativa del país, las leyes que afecten las competencias de las regiones, y la ley sobre votaciones populares y el sistema electoral.

Asimismo, durante la sesión del 3 de marzo se aprobó en particular una iniciativa que busca que la segunda cámara tenga más atribuciones de las que se habían propuesto en un principio. Entre estas, se estableció que el nuevo órgano no podría fiscalizar los actos del gobierno, pero sí tendría la facultad de incidir en ciertas decisiones del Presidente.

También se estableció la injerencia del Consejo en las contiendas de competencia entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales superiores de justicia. En caso de que se mantenga una Cámara y un Consejo Territorial, sería atribución del Congreso aprobar o rechazar los tratados internacionales que le presentará el Presidente de la República antes de su ratificación.

La comisión dejó abierto el número de integrantes: sólo quedó establecido que serán al menos 3 representantes por región.

El 2 de marzo la comisión visó un artículo referido a la composición del eventual Congreso Plurinacional, que modificaría la actual Cámara de Diputados y Diputadas. Según quedó estipulado, el órgano estaría integrado por un número no inferior a 205 miembros. Además, estos serían electos a través de un sistema electoral mixto y se contaría con escaños reservados para pueblos originarios y tribales.

En cuanto al sistema electoral, la comisión definió proponer al pleno que en las votaciones populares el sufragio sea universal y obligatorio para las personas mayores de 18 años. Además, se visó que sería facultativo para adolescentes entre 16 y 18 y para chilenos en el extranjero. También se aprobó la idea de que la inscripción en el registro electoral sea automática.

De igual forma, la comisión visó la indicación que señala que sólo las organizaciones políticas que cuenten con al menos el 4% de los votos emitidos en la elección de sus miembros, o que logren al menos tres diputadas o diputados electos de distritos diferentes, tendrían representación dentro del Congreso Plurinacional.

Además, se aprobó la idea de que, para ser electo como diputada o diputado, se debe tener al menos 18 años, haber cursado la enseñanza media, ser ciudadano y contar con derecho a voto.

En tanto, la Cámara contaría con la dedicación exclusiva al cargo de diputado y diputada, ya que, según expresa la norma aprobada en la comisión, el puesto “es incompatible con todo empleo, función, comisión o cargo de carácter público o privado”. En caso de ser notificada esta situación por el Tribunal Calificador de Elecciones, la diputada o diputado “cesará en el otro cargo, empleo o comisión incompatible que desempeñe”.

Además, a través de una indicación presentada por integrantes del Colectivo Socialista, Independientes No Neutrales y el Colectivo del Apruebo, se aprobó que los diputados electos debiesen tener residencia efectiva en el territorio correspondiente durante un plazo no inferior a dos años contados hacia atrás desde el día de la elección.