Cuando Francia ya dispuso la obligatoriedad de la vacuna contra el Covid-19 para los trabajadores de la salud y Estados Unidos analiza replicar la medida en los empleados federales, este jueves la Comisión de Salud del Senado abordó la idea de hacer mandatoria la inmunización en el país, en el contexto de los casi dos millones de personas rezagadas que no han recibido sus dosis.

En Chile, todas las vacunas del Plan Nacional de Inmunización (PNI) y las incluidas en campañas estacionales, como la de influenza, son obligatorias. Incluso, se ha recurrido judicialmente contra padres que se han resistido a inocular a sus hijos.

Y en diálogo con el presidente de la comisión, el senador Rabindranath Quinteros (PS), expertos de la Universidad Católica y el Colegio Médico (Colmed), la vocera del Consejo Asesor Covid-19 y experta en Salud Pública, Ximena Aguilera, destacó la recomendación hecha al Minsal de hacer obligatoria la vacuna “para puestos de trabajo como personal sanitario y los funcionarios de Eleam (Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores).

Si bien la epidemióloga coincidió con Quinteros, quien planteó que “la regla general en Chile es que nadie puede ser obligado a ser sujeto de acciones de salud”, también señaló que ya “tenemos en nuestro arreglo institucional la obligatoriedad de la vacuna para ciertos puestos de trabajo, como son los manipuladores de alimentos, y para el personal sanitario que va a campos clínicos y que está obligado a usar vacunas como la de la hepatitis B”.

Asimismo, la integrante del consejo asesor dijo que “este mismo enfoque se puede adoptar para todas las poblaciones que están en situación de aglomeración, como Gendarmería (...), lo mismo en circunstancias de personal que está en regimientos, donde hay mayor riesgo de transmisión persona a persona”.

La propuesta encontró respaldo en el Colmed. Su presidente (S), Patricio Meza, dijo que si bien “para el colegio este es un tema bastante controversial”, “creemos que, como plantea el consejo asesor, es positivo vacunar y a lo mejor no obligar al personal de salud, pero el que quiera trabajar en el sector salud (...), o con adultos mayores, debe estar vacunado”.

Asimismo, puntualizó que “implementar la obligatoriedad para toda la comunidad es complejo de materializar por el déficit de vacunas que tenemos”. La última semana se ha producido un quiebre de stock de la vacuna Pfizer, que se ha traducido en largas filas y el cierre temporal de algunos laboratorios.

“Vacunas tenemos no para todo el mundo, por tanto, prioricemos. Una de ellas es plantear que en ciertos oficios es necesario estar vacunado para poder desempeñarlos. Y ahí uno no obliga a nadie”, explicó Meza.

En el balance diario y consultado sobre el tema, el ministro de Salud, Enrique Paris, recordó que las vacunas contra el Covid-19 fueron autorizadas bajo estado de excepción y que no fueron “aprobadas como las vacunas que se demoran años en ser estudiadas y aprobadas. Por lo tanto, a nivel mundial la OMS no recomienda que se obligue a utilizar la vacuna”.

No obstante, dijo que “está en su derecho el Parlamento de discutir y promover algún cambio al Código Sanitario. No podemos obligar a las personas a vacunarse, porque fue una vacuna aprobada en emergencia”, y aclaró que “el empleador no puede exigir la vacunación obligatoria a sus funcionarios bajo su cargo, por lo tanto, eso no es una recomendación ni ha sido una orden emitida desde el Ministerio de Salud ni el Ministerio del Trabajo. Descartamos totalmente esa obligatoriedad de mostrar que están vacunados para ser recontratados o asistir a su trabajo”.

En la comisión, los expertos plantearon que la obligatoriedad podría acarrear un problema jurídico, por la responsabilidad que asumiría el Estado y/o laboratorios privados ante eventuales efectos secundarios. Y también por la posible presentación de recursos de protección que apelen al derecho de objeción de conciencia. Aunque hasta ahora, dijo el abogado y asesor de la comisión, Jaime Junyen, los tribunales han fallado priorizando el derecho a la vida.

Al final de la sesión, el Colmed asumió la tarea de formar un grupo representativo que defina criterios en torno al proceso de vacunación y emita una declaración conjunta, “y así no veamos en la televisión que cada uno da su opinión. Eso confunde mucho a la gente”, dijo Meza.

En paralelo, los asistentes coinciden en la necesidad de explorar “otros caminos” antes de impulsar la vacuna obligatoria, como reforzar la campaña comunicacional de vacunación para convencer a los rezagados o mejorar la coordinación entre centros de salud y distribuidores de vacunas, para facilitar el acceso a quienes, queriendo vacunarse, no han podido hacerlo.