La presión contra el régimen de Daniel Ortega por su ofensiva contra la oposición a cinco meses de las elecciones sigue aumentando. En una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, 59 países firmaron el martes una declaración conjunta en la que condenaron la violación a los derechos humanos en el país centroamericano e instaron a la celebración de comicios libres y a la “liberación inmediata” de los opositores detenidos. Un pronunciamiento en línea con la solicitud manifestada durante la jornada por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y por la organización Human Rights Watch (HRW), que solicitó a Naciones Unidas “incrementar presión” sobre el gobierno de Ortega para revertir la “campaña de violencia y represión”.

En una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, 59 países firmaron el martes una declaración conjunta en la que condenaron la violación a los derechos humanos en Nicaragua e instaron a la celebración de elecciones libres y a la “liberación inmediata” de los opositores detenidos.

“Compartimos las preocupaciones de la alta comisionada (de Derechos Humanos Michelle Bachelet) sobre Nicaragua, incluyendo la persistente impunidad de las violaciones de derechos humanos desde abril de 2018 y los continuos informes de detenciones arbitrarias. El gobierno debe garantizar la protección de los derechos humanos y hacer rendir cuentas a los responsables”, señaló la declaración.

El texto, que no fue firmado por los representantes de México y de Argentina, agregó que “instamos al gobierno a cesar el acoso a periodistas y defensores de los derechos humanos y a permitir que las organizaciones de la sociedad civil operen en entornos seguros y propicios, sin temor a represalias”.

México y Argentina, que se habían ofrecido como facilitadores de un posible diálogo con Ortega y se abstuvieron de firmar la semana pasada una resolución de condena en la OEA, llamaron el lunes a consulta a sus embajadores en Managua ante lo que calificaron como “preocupantes acciones políticas-legales” del gobierno sandinista.

De hecho, el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Cancillería de México, Maximiliano Reyes, dijo que la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador espera “una rectificación” de las autoridades de Nicaragua y no descartó aumentar la presión diplomática. Reyes señaló el martes que el siguiente paso sería declarar persona non grata al representante de Nicaragua en el país. “La acción más drástica, que esperemos no llegar allá, es el rompimiento de relaciones”.

En la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para tratar la situación en Nicaragua, Bachelet dijo que la crisis en el país centroamericano se ha agudizado “de manera alarmante” y las detenciones han generado “un clima de terror que inhibe el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión. Emplazo al gobierno de Nicaragua a un cambio urgente en el curso de acción que está adoptando frente el proceso electoral”, dijo la expresidenta chilena, llamando a “liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente”.

Asimismo, Bachelet urgió a “cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes, restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo, y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático”.

En un informe de 38 páginas titulado “Arremetida contra críticos: persecución y detención de opositores, defensores de derechos humanos y periodistas de cara a las elecciones en Nicaragua”, HRW concluye que los arrestos de alto perfil y otras graves violaciones de derechos humanos contra críticos a pocos meses de las elecciones presidenciales programadas para el 7 de noviembre de 2021 parecen formar parte de una “estrategia gubernamental para eliminar la competencia política, reprimir el disenso y facilitar la reelección del Presidente Ortega para un cuarto mandato consecutivo”.

Por ello, la organización no gubernamental (ONG) que vela por la defensa y promoción de los derechos humanos instó al secretario general de la ONU, António Guterres, a llevar el tema de Nicaragua al Consejo de Seguridad del organismo hemisférico e implementar sanciones contra los responsables de “graves abusos a los derechos humanos”.

“Ante la gravedad y la intensificación de la brutal represión contra críticos y miembros de la oposición por parte del gobierno de Ortega en las últimas semanas, es necesario que se redoble la presión internacional”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Apoyándose en las medidas adoptadas previamente por la ONU, es fundamental que el secretario general potencie las acciones de la ONU y presente esta situación ante el Consejo de Seguridad”.

“No hay prácticamente ninguna posibilidad de que los nicaragüenses puedan ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación, ni tampoco que puedan votar ni postularse para cargos públicos si el gobierno los percibe como críticos”, explicó Vivanco. “Los altos funcionarios de la ONU y los países miembros interesados en promover los derechos humanos podrían prevenir una crisis regional si aumentan la presión sobre Ortega para que ponga fin ahora a la represión. Deben hacerlo ahora, antes de que sea muy tarde”.

Más tarde, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, informó que Washington estaba “alarmado” por los sucesos en la nación centroamericana y que seguirá usando todos los medios diplomáticos y económicos disponibles para apoyar al pueblo nicaragüense. Estados Unidos celebró la firma de la declaración en la ONU mediante un mensaje en Twitter de la subsecretaria interina de Estado, Julie Chung, quien señaló que “el coro internacional que condena las acciones de Ortega y (la vicepresidenta y primera dama Rosario) Murillo crece cada día más”.

Según informó Vivanco en su cuenta de Twitter, el comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU. aprobó un proyecto de ley que busca fiscalizar y sancionar, de forma coordinada con la Unión Europea y Canadá, la corrupción y las violaciones de DD.HH. en Nicaragua.

En aparente respuesta a las críticas que enfrenta el régimen de Ortega, el canciller nicaragüense Denis Moncada, quien participó en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, rechazó las “medidas coercitivas e injerencias por parte de países y organismos extranjeros que persiguen desestabilizar al gobierno, lo que atenta contra la soberanía de un país”, informó el martes en Managua el portal gubernamental El 19 Digital.

“Nicaragua es un Estado libre e independiente, soberano y con autodeterminación y realmente no somos colonia de nadie, ni Estado subordinado de ninguna potencia imperial. El Estado nicaragüense actúa en base a su Constitución política, a las leyes y a la función coordinada y armoniosa de su institucionalidad”, declaró Moncada a la televisión venezolana.

Asimismo, el canciller nicaragüense aseguró que las detenciones de precandidatos presidenciales opositores al gobierno de Ortega no son “políticas”, ya que, a su juicio, promueven un “golpe de Estado”. La cantidad de opositores detenidos en el país sumaba 19 el martes, entre ellos cinco aspirantes a la presidencia. Según Moncada, todos ellos son procesados por delitos tipificados en las leyes locales.

“Son delitos que están relacionados con el encabezamiento y la dirección de golpes de Estado (...), actividades vinculadas con terrorismo, menoscaban la independencia y la soberanía del Estado nicaragüense”, dijo Moncada en una entrevista a la cadena Telesur. Piden “intervenciones militares, demandan sanciones contra el Estado y contra nuestros ciudadanos”, lo que la ley considera “traición a la patria”, sostuvo.