Si ya el tema del financiamiento era un dolor de cabeza para Hacienda, ahora derechamente se transformó en un problema.

A los cuestionamientos que hicieron los diputados de oposición, ahora se sumó un informe elaborado por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) que pone en duda las fuentes de financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y los instó a buscar nuevas fórmulas para allegar recursos. A ello se suma que los senadores de oposición llamaron al gobierno a abrirse a buscar nuevas fuentes de recursos, puesto que tal como está el proyecto no tiene viabilidad de ser aprobado.

Era un documento esperado. Diputados y senadores le solicitaron al CFA que analizara las fuentes de financiamiento que el gobierno propuso para el proyecto que crea una Pensión Garantizada Universal (PGU). Esto porque desde un comienzo los legisladores de oposición consideraron que del 0,95% del PIB (US$3.000 millones) al menos la mitad no cuenta con fuentes claras de recursos.

De acuerdo a la Dirección de Presupuestos, (Dipres) el proyecto tiene tres fuentes de financiamiento: Provisión Reforma Previsional que aportará el 0,5% del PIB; exenciones que rendirá 0,35% del PIB y Redestino aporte Fondo de Reserva de Pensiones 0,1% del PIB.

De esos tres, los mayores reparos apuntan a los recursos provisionados y en segundo lugar el redestino del aporte del Fondo de Reserva de Pensiones. Aunque el CFA entregó sugerencias para las tres fuentes de financiamiento.

Según el CFA, “si bien el Ministerio de Hacienda indica que en régimen el mayor gasto fiscal con las indicaciones se ubicaría en aproximadamente 0,95% del PIB, las cifras hacia 2050 no muestran una estabilización completa del mayor gasto, ya que para dicho año este aún se encuentra en ascenso”.

En base a esa observación, un primer elemento que analiza el Consejo se refiere al período de la proyección fiscal. “Si bien el CFA valora que la Dipres realice proyecciones a cerca de 30 años (2050), tratándose de materias previsionales se sugiere, en línea con recomendaciones internacionales, que dicho ejercicio considere un horizonte aún mayor (por ejemplo, de al menos 50 años), de forma tal de apreciar en plenitud el efecto de la transición demográfica en el sistema”, dice el informe enviado al Parlamento.

En el documento, el CFA analiza una por una las fuentes de financiamiento expuesta por el Ejecutivo. En primero lugar, para el caso de reducción y eliminación de las exenciones tributarias, el Consejo observa que corresponde a nuevos ingresos permanentes, por lo que su efecto para financiar el gasto de la PGU no tiene impacto sobre el balance estructural ni en la deuda bruta o neta del gobierno. Sin embargo, advierte sobre “la fecha de entrada en vigencia de esos cambios a las exenciones, ya que los ingresos que provendrían de esa fuente dependen de la aprobación de un proyecto separado del que crea la PGU”

Por esto, el CFA sugiere “buscar fórmulas legislativas para que la implementación de los cambios tributarios que genera esta fuente de financiamiento sea anterior o que, al menos, coincida con la entrada en vigencia de la PGU”.

En cuanto a la provisión de los mayores gastos previsionales incluidos en la Ley de Presupuestos 2022 y en la programación financiera (2023-2026), el CFA plantea en el informe que su uso para la PGU “no significaría conceptualmente un deterioro para el balance estructural, al menos respecto de lo ya proyectado hasta 2026, por lo que, en un principio, no afectaría la deuda bruta ni neta del gobierno. Esto, asumiendo que la ley larga de pensiones no se aprueba, ya que no podría usarse la misma fuente de financiamiento para dos proyectos distintos”.

Sin embargo, el Consejo identifica en su informe “una serie de precauciones y limitaciones respecto de esta fuente de financiamiento y plantea que un análisis de sostenibilidad de largo plazo no debiera basarse en una programación financiera de mediano plazo, menos aún en un contexto de déficit estructural. De esta forma, se identifican desafíos y riesgos para la consolidación fiscal si se considera esta provisión como financiamiento permanente”.

Finalmente, sobre la disminución del aporte mínimo obligatorio que debe realizarse anualmente al FRP, que pasaría de 0,2% a 0,1% del PIB, el CFA dice que “implica una menor acumulación de ahorro para el financiamiento de los gastos previsionales futuros, para destinarla a gasto corriente en pensiones”.

Así, señala el Consejo, “en cuanto a los efectos en las variables fiscales del gasto en PGU financiado con el menor aporte al FRP, ello implicaría un mayor déficit estructural anual de 0,1% del PIB, por cuanto no existe una contraparte de mayores ingresos permanentes asociados”.

A la vez, indica que “la deuda neta aumentaría, debido a que el cambio implica un menor ahorro destinado al FRP, al reducir su aporte mínimo anual a la mitad. En base a este análisis, el Consejo sugiere su reemplazo por otra fuente de financiamiento con características de permanente”.

En la Comisión de Hacienda de la Cámara si bien el proyecto de exenciones tributarias se aprobó y despachó a la sala, la oposición introdujo una indicación que busca allegar más recursos permanentes dada la inquietud que existe en el bloque. Se trata de una que introduce un impuesto al patrimonio con tasas diferenciadas según monto del patrimonio. Entre US$5 millones y US$22 millones se pagará una tasa de 1,5%, mientras que el patrimonio por sobre US$22 millones pagará una tasa de 2,5%. Hacienda de inmediato alertó que era una propuesta inconstitucional. Y si bien en el Senado no subscriben del todo esta propuesta, sí hay plena coincidencia en que se necesitan nuevos recursos, puesto que de lo contrario la propuesta no es viable.

En ese sentido, el senador PS, Carlos Montes, afirmó que “la indicación para aplicar un impuesto a los súper ricos se presentó debido a que el gobierno no proponía nada”. Además, dijo que “tenemos otra alternativa que es el impuesto al royalty, que es una propuesta que tenemos bastante avanzada”.

Ante las críticas del gobierno y la reserva de constitucionalidad que hizo de la indicación, Montes, dijo que esa modificación para aplicar “un impuesto a los altos patrimonios es tan inconstitucional como sería el hecho de que se apruebe el proyecto de PGU sin financiamiento”. Enfatizó que “no corresponde aprobar un proyecto de esta envergadura sin un financiamiento transparente y claro”.

Mientras que Jorge Pizarro (DC), sostiene que “tendremos que esperar para ver cómo sale ese proyecto de financiamiento de la Cámara y en el Senado tomar alguna decisión que garantice que habrá financiamiento permanente a ese mayor gasto. La pensión básica es importante aprobarla, pero tan importante como eso es saber cómo se financiará, y eso no está claro todavía”.

En ese contexto, Pizarro plantea que Hacienda se debe abrir a revisar una mayor cantidad de exenciones “en línea con la propuesta que hizo la Comisión Tributaria impulsada por el propio gobierno”.

En línea con las anteriores declaraciones, Ricardo Lagos Weber (PD) se cuadró con la necesidad de contar con nuevas fuentes de financiamiento. “Pueden ser otras exenciones, algún espacio para ver el royalty, pero me queda claro que la estrategia del gobierno es decir: mire señor como esto está socializado en la opinión pública y los chilenos y chilenas requieren de este aporte económico se tendrá que aprobar no más y el financiamiento se verá después no más”.

Si bien para Lagos Weber, el impuesto “a los súper ricos” puede aportar, “no creo que alcance a financiar lo que resta. Puede ser un elemento más pero no es la solución”.

Desde el oficialismo, el senador RN, José García Ruminot argumentó que “he visto buena disposición en el Parlamento para despachar el proyecto de PGU. No obstante, el financiamiento requiere de un tratamiento más de detalle, idealmente aumentando la recaudación”. Si bien dice que no tiene dudas sobre el financiamiento, afirma que “debe ser la mayoría del Parlamento quien debe formarse igual opinión . Estamos hablando de una iniciativa cuya repercusión fiscal se proyecta por 40 años”.