Chile, pero isapre Cruz Blanca en particular, han estado presentes en los últimos reportes de resultados que ha realizado desde Londres el controlador de dicha aseguradora de salud privada, Bupa (The British United Provident Association Limited). Pero en los resultados al cierre de 2022 que publicó la empresa este jueves, las referencias que hizo respecto al mercado local fueron significativamente mayores, en el contexto de la crisis que el sector acusa estar viviendo en el país.

Es más, en su estado de resultado del año pasado la compañía reveló que tuvieron que hacer una provisión superior a los US$100 millones ($97.164 millones) producto del fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores. Y el controlador no descarta que el efecto pueda ser incluso mayor, pero aclaran que hoy eso no se puede calcular. Eso sí, esto no queda reflejado en el resultado del grupo, sino que más bien corresponde a una norma de solvencia que debe cumplir Bupa al tener sede en Londres, por lo que no tiene efecto local al no estar Bupa Chile sujeto a esa normativa.

Bupa, que opera en más de diez países donde tiene sobre 43 millones de clientes alrededor del mundo y 82 mil empleados, puso mucho énfasis en lo que está ocurriendo con la industria de isapres en Chile, y en especial, sobre los efectos que esto ha generado o podría tener sobre Cruz Blanca. Tan pronto como en la tercera página de sus estados de resultados, aparece un apartado titulado “nota sobre Chile”, donde la compañía inglesa menciona que “la industria aseguradora de las isapres en Chile se ha visto impactada negativamente por acciones judiciales y regulatorias”.

Al respecto, agrega que “la Corte Suprema chilena ha cambiado significativamente su interpretación sobre la fijación de precios de las isapres en los últimos años, con el efecto acumulativo de restringir el enfoque de fijación de precios/tarifas previamente permitido y generalmente aceptado. En diciembre de 2022, la Corte Suprema emitió un fallo que obliga a las isapres a utilizar una tabla de factores de riesgo legal con efecto retroactivo, lo que significa que la cobertura de productos no se corresponde con la capacidad de aumentar las tarifas para reflejar el costo de dicha cobertura. Este fallo es complejo e incierto, y el regulador pertinente tiene hasta mayo de 2023 para implementarlo”.

Más adelante, en las perspectivas, el balance dice que lo anterior está “creando un entorno operativo desafiante para nuestro negocio de isapre”, y en otro apartado menciona que todo esto también “ha provocado un aumento de las pérdidas subyacentes en nuestro negocio de isapre”.

De hecho, en un video de tres minutos donde el CFO de Bupa, James Lenton, explica lo más relevante de los resultados del grupo durante 2022, también dedicó algunos segundos al mercado local. Antes que eso, explicó que a nivel global registraron “una importante pérdida estatutaria antes de impuestos de 427 millones de libras (unos US$512 millones)”, lo cual representa una baja de 201% frente a los 423 millones de libras (US$507 millones) que consiguieron en beneficios en 2021. “Esto se debe a ciertas pérdidas de valor para ajustar el valor de algunos de nuestros negocios”, añadió.

Ahí detalló que eso se explicó por cuatro de sus negocios, uno de ellos, el chileno. Al respecto, los estados financieros del grupo complementan que en el caso de Bupa Chile la pérdida de valor fue de 161 millones de libras (US$193 millones), lo cual estuvo “impulsado por mayores tasas WACC (weighted average cost of capital, o costo medio ponderado de capital, que es cuánto le cuesta a una compañía financiarse) y reducciones en los pronósticos de flujo de efectivo futuro que reflejan la acción judicial y regulatoria que afecta a la industria de isapres”.

Con todo, Bupa tuvo ingresos por 14.000 millones de libras (US$16.771 millones) a nivel global en 2022. En el caso de Bupa Chile, los ingresos fueron de 1.102 millones de libras (US$1.320 millones), esto es un alza de 3% versus 2021.

Uno de los dilemas que enfrentaba la industria a la espera de conocer las instrucciones de la Superintendencia de Salud, era respecto del modo en que tendrían que reflejar en sus balances el fallo adverso del máximo tribunal.

Y si bien finalmente ninguna isapre tendrá que hacer provisiones por este concepto en sus balances bajo IFRS, dado que la Superintendencia de Salud dio instrucciones a la industria indicando que por ahora no es posible medir qué montos habrá que desembolsar, Bupa sí tuvo que provisionar. Esto, porque el controlador de Cruz Blanca se rige bajo normas del Reino Unido, en este caso, bajo Solvencia II, que es el régimen prudencial para las compañías de seguros de la Unión Europea, el cual principalmente apunta a la cantidad de capital que deben tener las aseguradoras para reducir el riesgo de insolvencia.

Eso es lo que queda reflejado en un apartado titulado “Chile - isapre Cruz Blanca pasivo contingente”, donde se especifica que el fallo de la Suprema “ha dado lugar a un pasivo contingente material al 31 de diciembre de 2022. El cálculo del impacto del fallo no es posible sin una guía de aplicación detallada que debe ser especificada por el regulador. En ausencia de los detalles de aplicación necesarios, Bupa Chile no puede estimar de manera confiable el valor de los pagos retroactivos futuros, por lo tanto, no se ha reconocido ninguna provisión IFRS al 31 de diciembre de 2022″.

Luego, agrega que “existe una amplia gama de resultados posibles, sin embargo, en contraste con los requisitos de IFRS, bajo Solvencia II el grupo está obligado a incluir un valor para los pasivos contingentes, incluso si el monto de la obligación no puede medirse con la suficiente fiabilidad. El grupo ha incluido una provisión de 100 millones de libras (unos US$120 millones) para este pasivo contingente en concepto de pagos retroactivos dentro del balance reglamentario de Solvencia II”.

Y pese a haber hecho dicha provisión, el informe agrega que “es probable que el impacto final difiera sustancialmente de este valor y se trata de un cálculo a efectos de Solvencia II y no de una estimación previa de todas las pérdidas reales o potenciales relativas a isapre Cruz Blanca. Cualquier pago retroactivo que finalmente se determine que es debido con respecto a las pólizas históricas como resultado de esta sentencia sería un pasivo para isapre Cruz Blanca”.

En un apartado sobre la “viabilidad a largo plazo” de Bupa, se menciona que eligieron “un período de tres años para la evaluación de viabilidad a más largo plazo porque se relaciona con nuestro proceso de planificación interna. Nuestra planificación considera todas las medidas financieras y regulatorias importantes durante el período y enfatiza los riesgos clave que enfrentan las unidades de negocios individuales, así como los riesgos globales que podrían afectar a Bupa en su conjunto. Esto incluyó una amplia gama de posibles resultados adversos de la sentencia de la Corte Suprema de Chile, incluidos escenarios que consideraron resultados sustancialmente peores que el capital de Solvencia II asignado contra la contingencia dada la incertidumbre inherente que rodea la implementación de la sentencia de la Corte Suprema”.

Más adelante, los estados financieros hablan del desempeño de la unidad de mercado de Europa y América Latina, donde afirma que “en Chile, si bien hubo un aumento de los ingresos en nuestro negocio de seguros de isapres debido a los aumentos de precios permitidos a partir de 2021, las pérdidas aumentaron como resultado de la acción judicial y regulatoria que afecta a la industria, lo que ha tenido un impacto negativo significativo en los precios”.

Por otro lado, el balance también tiene un apartado sobre “riesgos de políticas gubernamentales y regulatorias”. Ahí asegura que “los cambios en las políticas gubernamentales y regulatorias siempre han sido uno de nuestros principales riesgos dada la naturaleza de nuestros negocios y esto sigue siendo así. Los desafíos que afectan a nuestro negocio de isapres en Chile son un ejemplo del riesgo de ‘stroke of pen’”. La traducción literal de esta última expresión sería ‘de un plumazo’, el término se refiere al riesgo de un cambio que se produce de un día para otro en las reglas que rigen a una industria, y que puede afectar el desempeño financiero de una empresa.