Las irregularidades financieras detectadas en gobiernos locales que tienen hoy en la mira de la justicia a las municipalidades de Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea han originado un debate sobre la necesidad de dotar de mayores herramientas a los órganos competentes para la fiscalización frente a los recursos públicos que son asignados a las corporaciones, por ejemplo. Las críticas se concentran en el control del gasto que realizan las corporaciones municipales. Ante ello, diferentes expertos concluyen que, a pesar de ser jurídicamente instituciones privadas, deberían regirse por reglas de las entidades públicas.

Una de las posturas más radicales la tiene el excontralor Ramiro Mendoza, quien afirmó a La Tercera que debe “terminarse con la fantasía disyuntiva de ‘eficiencia’ a través de vehículos privados de los municipios. Lo que ha determinado más bien un binomio de viveza/corrupción”.

La exautoridad profundizó y sostuvo que “debiesen extinguirse las corporaciones que existían hasta la decisión antigua del Tribunal Constitucional, y debe prohibirse, expresamente, la transferencia a corporaciones de derecho privado -creadas por vecinos- que impliquen o importen la asunción de funciones municipales”.

Asimismo, el experto en derecho administrativo enfatizó que, de seguir con la continuidad de las corporaciones, cualquiera sea su fin, a todas ellas se les debe transferir la carga del cumplimiento del derecho público en materia de transparencia, rendición de cuentas, compras públicas, control de Contraloría General de manera amplia. Agregó sumar “determinación de responsabilidad de sus administradores en materia civil, por los daños que se causen, a través del juicio de cuentas”.

Por su parte, el académico de la Universidad Católica de Valparaíso Eduardo Cordero explica que las corporaciones al celebrar contrataciones no están apegadas directamente a la ley de compras públicas, por lo tanto, eventualmente, “ellos podrían celebrar tratos directos sin licitación pública. Pero eso no significa que con posterioridad Contraloría no llegue y detecte que ese contrato fue irregular, porque, en definitiva, se podría contratar bajo condiciones del mercado totalmente desventajosa”.

Sobre esa misma línea, la directora de Democracia y Anticorrupción de Espacio Público, Valeria Lubbert, sostiene que la Contraloría puede fiscalizar los gastos de las corporaciones por medio de las auditorías, cuando ya se han generado los gastos. “Se rigen por el Código del Trabajo, tienen gran flexibilidad para el manejo de los recursos públicos, lo que genera un vacío de enorme vulnerabilidad para espacios de corrupción (...), lo que se traduce en dificultades para la fiscalización de la Contraloría y espacios para el nepotismo”, dijo la directora de Espacio Público.

Las corporaciones municipales son instituciones jurídicas de derecho privado, conforme a la norma de la Ley Orgánica de Municipalidades, para los efectos de la administración y operación de los servicios de salud, educación y atención de menores, hoy también con fines artísticos y culturales.

Desde el Observatorio Fiscal, su directora, Paula Díaz, dijo que estas entidades privadas, que administren fondos públicos, deben ser parte del marco jurídico y del estándar de transparencia, probidad, integridad y rendición de cuentas a la que están acogidas todas las entidades públicas. “Básicamente, son recursos de todos los chilenos y chilenas y, por tanto, si bien no es una entidad pública en términos jurídicos, sí ejercen funciones de ese carácter”, apuntó. Además, agregó que la Contraloría tiene la potestad de fiscalizar a quien es responsable de los recursos públicos, en este caso los municipios, no a quienes administran. “Por eso es importante que también haya una óptima fiscalización desde las contralorías municipales hacia las corporaciones”, sostuvo.

El profesor Cordero, además, explicó las ventajas y desventajas de ser más rigurosos con estas instituciones. Primero, si se instauran controles preventivos es probable que se disminuya la corrupción, pero se hacen más burocráticas y lentas las gestiones públicas. “En este caso las licitaciones de un servicio o producto pueden tardar meses”, advirtió el abogado. La otra opción es si se saca el control preventivo y se cambia a represivo, se facilita la gestión, “pero está comprobado que aumenta la corrupción”, afirmó Eduardo Cordero.

Todos los expertos concluyen que se debe modificar, sin quitar la autonomía, el proceso de control que existe en las corporaciones municipales. “Pasa más por profesionalizar, implementar y transparentar procedimientos que vayan en una línea, donde se tenga un estándar”, expresó Díaz.

Por su parte, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, sostuvo que estas instituciones deben continuar con su funcionamiento y labor, pero “con las debidas regulaciones y por un mandato claro, tanto del buen gobierno corporativo como también de transparencia y de probidad. Creo que la labor que hace la Contraloría, como también nosotros como gobierno regional, para hacer auditoría, me parece fundamental”.

La autoridad contó sobre el reciente lanzamiento de la alianza “Por la Probidad y la Transparencia”, que pretende trabajar con los municipios de la capital para generar medidas que prevengan los actos de corrupción.

En primer lugar, el proyecto creará una política de transparencia y probidad, incluyendo códigos de ética, dentro de los municipios. Segundo, ser parte del Observatorio Municipal que se conformará en conjunto con el Observatorio Fiscal. Esto para efectos de poder estandarizar la información de todos los municipios. Finalmente, se quiere convocar a todos los encargados de control de los municipios de la región, para que sean parte permanente de la red de transparencia y probidad.

Para el gobernador de la RM todas las acciones para erradicar la falta de probidad en la administración de los recursos públicos “deben ir de la mano de una actitud absolutamente implacable por parte de las autoridades políticas, esto ante cualquier caso de corrupción, cohecho o de abuso. No basta solo con tener transparencia y códigos de ética, sino sobre todo aplicarlo cuando hay denuncias concretas, como las que hemos visto esta semana”.

Desde Chile Transparente detallaron que están trabajando en el programa “Transparencia Municipal”, el que tiene como objetivo empoderar y entregar herramientas a los denunciantes -sean vecinos o trabajadores- de posibles situaciones de corrupción en los municipios y corporaciones.

Su director ejecutivo, Alberto Precht, explicó a La Tercera que el proyecto tiene una etapa inicial de dos años y que hay ocho municipios del país que se sumaron al proyecto: Arica, Nogales, Ñuñoa, Independencia, Puerto Natales, Puente Alto, Talcahuano y la última aún en conversaciones.

El programa entregará herramientas a la contraloría municipal, fortalecer la auditoría interna y las normas de transparencia activa. “En cada una de las comunas, en conjunto con los alcaldes, vamos a detectar cuáles son las áreas donde existen mayores riesgos, y en esas áreas trabajaremos (...). Una vez detectado, que es un proceso que ya estamos haciendo, cuáles son las comunidades que efectivamente tienen relación con ese problema”, explicó Precht.

Luego del diagnóstico se reunirá a funcionarios municipales y comunidades relacionadas al área en crisis para poder, en conjunto, dar soluciones a las brechas de riesgo.