Tras casi nueve meses, la Corte Penal Internacional (CPI) se pronunció respecto de la alegación ingresada contra el Presidente Sebastián Piñera por su supuesta responsabilidad en delitos de lesa humanidad registrados en el marco del estallido social. Según informó la Cancillería durante la tarde de este miércoles, el organismo desestimó el requerimiento.

“La oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional ha notificado al Estado de Chile su decisión de no iniciar un examen preliminar respecto de las alegaciones formuladas sobre los hechos que tuvieron lugar en el marco de las protestas que ocurrieron en Chile en 2019″, señala el comunicado emitido desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Con esta decisión, la oficina del fiscal, después de evaluar todos los antecedentes disponibles, descarta fundadamente que existan antecedentes sobre situaciones que puedan ser consideradas delitos sobre los que la Corte Penal Internacional tenga jurisdicción, concluyendo que las situaciones que le han sido comunicadas carecen del mérito necesario para abrir un examen preliminar de las mismas”, agrega el texto.

La determinación es parte del conducto regular seguido por la CPI. En la fase preliminar, “la fiscalía debe determinar si existen pruebas suficientes de los delitos de gravedad que son competencia de la CPI, si existen procesos nacionales genuinos y si la apertura de una investigación redundaría en beneficio de la justicia y de las víctimas”, detalla el portal web del organismo.

Una vez efectuada esa revisión, la fiscalía puede optar por tres caminos: declinar iniciar una investigación -como hizo en el caso del Presidente-, recabar más información, o bien iniciar una investigación. Sin embargo, el proceso tiene límites claros: “Si no se cumplen los requisitos para iniciar una investigación, o si la situación o los crímenes no están bajo la jurisdicción de la CPI, la fiscalía de la CPI no puede investigar”, señala el mismo sitio.

La denuncia contra el Mandatario fue ingresada el pasado 29 de abril. Esta llevaba la firma del exjuez español Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED). El documento solicitaba a la CPI que investigue, acuse e inicie un juicio al Presidente Sebastián Piñera y a sus colaboradores por crímenes de lesa humanidad.

En su argumentación, el texto intentó probar que hechos de violencia policial ejercidos contra manifestantes entre octubre de 2019 y febrero de 2021 fueron desarrollados de forma sistemática. Pero en lo fundamental, invocaba una acción de la CPI, ya que, a juicio de los denunciantes, los tribunales de justicia y el Ministerio Público “han tenido una demora injustificada” respecto del trámite de denuncias contra efectivos de Carabineros y las Fuerzas Armadas investigados por hechos constitutivos de delito.

Sin embargo, desde el primer momento el gobierno desestimó los argumentos levantados por los acusadores. Así lo hizo el propio Mandatario, tras la Cuenta Pública del 4 de junio, cuando se refirió a la acción judicial. “Denunciar es un pedazo de papel, no significa nada. No es una prueba, no es un fundamento. En la CPI no hay ninguna denuncia, hay una comunicación. Yo podría mandar 500 comunicaciones, acusando a cualquier persona”, señaló.

Como informó La Tercera hace algunos meses, en La Moneda se enteraron de la acusación por la prensa -ya que la corte no notifica los actos-. En ese entonces, dos de los abogados que trabajan como asesores del Segundo Piso, Marcelo Meza y Andrés Sotomayor, dedicaron parte de su trabajo a estudiar el funcionamiento de la CPI, las fases que toma tramitar un caso y los posibles escenarios de riesgo.