“Han pasado tantos años, que se hace difícil sentirlo como justicia, o consuelo. Pero esto es una señal que está dando el Poder Judicial, que sólo desde comienzos de este siglo empezó a darle camino a las investigaciones”.

Las palabras corresponden a las hijas de Víctor Jara, Amanda Jara Turner y Manuela Bunster Turner, quienes el pasado 4 de septiembre -por medio de una declaración pública- se refirieron al fallo emitido el 28 de agosto por la Corte Suprema y que confirmó la sentencia en contra de siete exmiembros del Ejército por su responsabilidad en el crimen del cantautor nacional y del director de prisiones del gobierno de Salvador Allende, Littré Quiroga.

Por medio del escrito, valoraron que los tribunales estén avanzando en las indagaciones, aunque también hicieron presente duros reproches, pues muchos casos están pendientes y en varios queda un largo camino por recorrer. Y es que como también han planteado reiteradamente familiares y agrupaciones de derechos humanos, la búsqueda de justicia por los crímenes cometidos en dictadura ha sido lenta.

Aquello, en todo caso, es algo que reconocen en el Palacio de Tribunales y, por lo mismo, aseguran que se están tomando cartas en el asunto. De hecho, producto del plan diseñado con el ministro Mario Carroza a la cabeza de la Coordinación Nacional de Causas de Derechos Humanos, la Segunda Sala de la Corte Suprema ha acelerado la vista y resolución de causas vinculadas a crímenes de derechos humanos en un 48%.

Según las cifras del Poder Judicial, hasta el 10 de agosto, el máximo tribunal ha fallado 41 recursos que inciden en causas de derechos humanos, nueve más que las 32 revisadas en todo 2022. Y además, a la misma fecha, la sala penal ha dejado otras 26 “en acuerdo”, es decir, casos que ya han sido alegados por los abogados y que sólo resta la redacción de la resolución.

A eso responde que durante las últimas semanas se hayan conocido una serie de fallos en causas de derechos humanos: la absolución de los condenados por la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva; la condena a agentes de la DINA que operaron en la denominada ”Venda Sexy” y la sentencia definitiva por el secuestro y homicidio de escoltas del expresidente Salvador Allende. También se condenó a carabineros (R) por secuestros y torturas en los subterráneos de la plaza de la Constitución.

“Se puso una especial preocupación en que estas causas avancen, porque este problema referente a los casos por violaciones a los derechos humanos no solamente es un problema que daña al Poder Judicial, sino que yo creo que a Chile entero, a la sociedad entera. Por eso, con este trabajo, nosotros colaboramos en una pequeñísima parte, con miras a darle tranquilidad o un punto aparte a familiares, para que se llegue a una declaración de qué pasó con los desaparecidos o ejecutados”, comentó sobre el trabajo que han realizado el ministro Jorge Dahm, integrante de la Segunda Sala.

Y, en los mismos términos, Carroza indicó que “este tema es una responsabilidad de la Corte Suprema entera, pero fundamentalmente de las personas que llevan las causas, la Segunda Sala, y quien habla. Estamos viendo cómo nuestro trabajo tiene su culminación en lo que piden las agrupaciones”, agregando que “estamos viendo alrededor de un 48% más de causas de este tipo que antes”.

En cuanto a las labores pendientes, de acuerdo con lo informado por Cristián Sánchez, de la oficina de Coordinación Nacional de causas sobre Derechos Humanos, al 10 de agosto, 37 causas aún no están en tabla y no tienen asignado relator.

En tanto, otras 49 ya están en tabla y tienen relator asignado, por lo que se espera que en los próximos meses se sigan conociendo resultados. Entre las causas emblemáticas que se esperan revisar en el mediano plazo están: el caso Quemados -donde se persigue a quienes participaron del ataque a Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas, este último fallecido-, y ciertos episodios de la investigación al “Comando Conjunto”.

Cuando Mario Carroza asumió como coordinador de las causas de derechos humanos, en 2021, comenzó a reunirse con las agrupaciones de todo el país y ahí advirtió que, a pesar de que el máximo tribunal había adoptado un compromiso para avanzar en estas causas, en la práctica, esto no se estaba cumpliendo. Así, en coordinación con la corporación y la sala penal, fijaron medidas para destrabar este problema.

Lo primero fue exponer, el 3 de octubre del 2022, las fórmulas para acelerar la vista de estas causas históricas al presidente de la Corte Suprema y al pleno. Tras ello se dispuso la modificación del Auto Acordado sobre la Forma de Conocimiento del Recurso de Apelación de los Recursos de Amparo y así liberar espacio para agilizar el conocimiento y fallo de los asuntos pendientes.

A partir de entonces, se acordó con los relatores de la Segunda Sala disponer un sistema de trabajo para responder dudas sobre el fallecimiento de recurrentes, instalando en uno de los computadores de la oficina un sistema interconectado con el Registro Civil. Este sistema facilitó la revisión de los antecedentes.

Además, dentro de este sistema de trabajo de la Sala, se acordó dar apoyo a los relatores, remitiendo copias de las resoluciones pertinentes cada vez que son requeridas, lo que agiliza el tiempo de estudio en las causas.

Igualmente, se dispuso asignar a un mismo relator en investigaciones con episodios relacionados y, en la medida de lo posible, reordenar las tablas de las audiencias para reducir el tiempo de relación y los alegatos de los abogados. Esto se hizo, por ejemplo, respecto de los casos vinculados a la “Operación Colombo”, en medio de la cual la DINA intentó hacer parecer “como abatidas en el exterior” a 119 personas secuestradas en Chile.

Para ello, además, se dispuso y consiguió financiamiento para destinar a un relator específicamente para efectos de estudio previo de las causas, su clasificación y depuración con el objeto de agrupar materias similares.

Con miras a las labores que se requerirán del Poder Judicial en el marco del Plan de Búsqueda anunciado por el gobierno, además, se designó a la ministra de la Corte de San Miguel, Marianela Cifuentes, como “punto focal” de los magistrados que tramitan causas de derechos humanos para llevar coordinaciones con el Ministerio de Justicia.

Por lo pronto, la coordinación ya comprometió la construcción de un listado de sitios de interés de búsqueda de víctimas, a partir de la información que consta en los expedientes judiciales vigentes y no vigentes, en los análisis de la Policía de Investigaciones, las diligencias realizadas por el Servicio Médico Legal (SML) y la información con que cuente el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.

Además, en medio de la elaboración de un Registro e Inventario de Expedientes de la Transición, ya comenzaron labores para “identificar, separar y organizar aquellas investigaciones judiciales no vigentes por muerte, desaparición y tortura en que, a lo menos, se pueda sospechar la participación de alguna persona miembro del algún órgano del Estado o la existencia de motivaciones políticas, en el período septiembre de 1973 a marzo de 1990″.

De igual forma, ante observaciones realizadas por el ministro Carroza, el pasado 21 de agosto el pleno de la Suprema recordó una serie de medidas que las cortes de apelaciones del país también deben adoptar.

En primer punto, se indicó que los presidentes de los tribunales de alzada no debían llamar a integrar sala en cuyas tablas figuren causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos, a representantes del Ministerio Público.

Segundo, se explicó que si en el proceso previo a la vista de una causa vinculada a la materia se advertían inhabilidades de algunos de los ministros integrantes, estas deberían ser comunicadas inmediatamente al presidente de la Corte en cuestión, “para que éste disponga en el acto su integración extraordinaria, llamando a cuantos funcionarios sean necesarios para permitir el conocimiento del asunto en dicha audiencia, sin más dilaciones”.

Y tercero, que el presidente de cada Corte debería informar semanalmente al ministro visitador de su respectivo tribunal y al ministro Coordinador de Derechos Humanos las causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos que se encuentren en tabla, el lugar que ocupan en la nómina respectiva y los motivos para no haber procedido a su vista.

De esta manera, el Poder Judicial se volcó en una revisión histórica y que, esperan, pueda contribuir en el esclarecimiento de emblemáticos casos que marcaron la trayectoria judicial del país.