“Nos hemos encontrado con opiniones disímiles de todo tipo, de parte de los convencionales, con muchas solicitudes como más dinero para asignaciones, más espacio para bicicletas en el Congreso, nos preguntan por los símbolos culturales como los de pueblos originarios. Se ha hecho todo lo posible para asegurar una muy buena reunión”.

De esta manera, el subsecretario de la Segpres Max Pavez se refirió este martes a la serie de desavenencias públicas entre el gobierno y los nuevos constituyentes, a cinco días de iniciarse la Convención Constituyente (CC).

La tensión entre los convencionales y el gobierno ha ido en alza por temas prácticos, como las posibilidades de alojamiento para quienes se trasladarán desde regiones, hasta por asuntos políticos, como el rol del Ejecutivo en la ceremonia de instalación. Las discrepancias llegaron a su punto máximo con la solicitud de renuncia del secretario ejecutivo de la convención, Francisco Encina, que impulsó un grupo de representantes de pueblos originarios.

Todo partió el 20 de junio con el decreto presidencial que fijaba la fecha y forma de la instalación de la Convención Constitucional (CC). Frente al texto, varios electos consideraron que el Presidente Sebastián Piñera había excedido sus atribuciones al señalar que al ser investidos lo harían en conformidad al Capítulo XV de la Constitución.

El día anterior, 41 convencionales denominados la “Vocería de los Pueblos” había autoconvocado a los 155 electos a una reunión para conversar sobre la ceremonia de instalación, oportunidad en que decidieron realizar otros encuentros formales, públicos, para organizar su investidura y que esta no fuera fijada por el gobierno.

Estas reuniones se han realizado el viernes 25, lunes 28 y martes 29 de este mes con la participación de más de 55 convencionales representativos de la mayoría de las listas que resultaron electas. A ellas se restaron los 37 constituyentes de Chile Vamos y los exparlamentarios Felipe Harboe (PPD) y Fuad Chahin (DC).

En estos encuentros se han ido perfilando las diferencias con el gobierno respecto de las licitaciones, seguridad, investidura y las exigencias de los pueblo originarios, entre otros.

El jueves pasado, un reportaje de Ciper daba cuenta de que el gobierno había licitado el servicio de seguridad de la CC por $ 488 millones a una empresa perteneciente a un excarabinero que fue guardia presidencial de Pinochet y luego de Aylwin, con casi 200 infracciones laborales.

El asunto fue abordado in extenso por los convencionales, especialmente porque para participación ciudadana el monto asignado es muy parecido: $ 500 millones. “Manifestaría la preocupación a cómo la Segpres estaría llevando a cabo las licitaciones, como ejemplo lo de la empresa de seguridad, tanto por el monto como por su legitimidad en los temas de infracciones laborales. No es posible que se gaste la misma cantidad de plata en participación que en la seguridad, eso nos obliga a la reasignación”, indicaba la periodista Patricia Politzer, de la lista Independientes No Neutrales (INN).

Por su lado, el abogado Jaime Bassa (Frente Amplio) reclamó porque también se estaba licitando la transmisión televisiva. “La Segpres se reserva el derecho de qué se transmite y qué no. Tenemos que dar con una fórmula que permita a la constituyente revisar las licitaciones”.

En la reunión de ayer los convencionales autoconvocados reafirmaron también que no desean que haya un exceso de seguridad, ni anillos especiales, ni cortes de calles.

“A muchos nos van a acompañar en la llegada al ex Congreso y no queremos que haya represión”, indicó Ingrid Villena, de la Lista del Pueblo.

A su vez, Tania Madariaga, de la misma Lista, manifestó la necesidad de un acuerdo respecto de si había algún tipo de enfrentamiento afuera “hagamos una pausa en la ceremonia. No es posible que la convención siga funcionando si hay represión a la gente que nos quiera acompañar”. Incluso, se recalcó que tampoco podría haber intentos de detener las marchas no sólo de las inmediaciones, sino que también aquellas que se realicen en Plaza Baquedano.

“Los montos que se dieron para seguridad son escandalosos. Vamos a tener seguramente personas afuera con metralletas, y no vamos a tener intérprete de lenguas de señas. No sé si necesitemos ese nivel de seguridad”, remarcó Cristina Dorador (independiente).

El subsecretario Pavez respondió que muchos convencionales esperaban que más personas los acompañaran en la ceremonia, pero que eso no sería posible. “Respecto de venir con más personas, quiero señalar que los cambios de mando de la Policía de Investigaciones y del Ejército han sido sin acompañantes, porque estamos en una situación de pandemia. Estamos haciendo una tremenda excepción para tener 155 personas reunidas, porque entendemos la importancia histórica, pero no podemos seguir con más excepciones que pueden contribuir a mayores posibilidades de contagio”, dijo.

La solicitud de renuncia del secretario técnico Francisco Encina por parte de los convencionales de los pueblos originarios se activó luego de que el funcionario no respondiera a la demanda de que existan intérpretes de sus idiomas durante el acto de investidura y la posibilidad de realizar una ceremonia especial ese día.

En la reunión de ayer, los 55 convenciones convocados estaban por apoyar esta petición, y decidieron afinar una declaración y distribuirla entre el resto de los integrantes del órgano que redactará la nueva Constitución.

Frente al punto, el subsecretario Pavez este martes defendió la labor de Encina. “El trabajo de la secretaría ha sido ejemplar. Entendemos que puede haber diferencias políticas, pero no justifica la renuncia de nadie. Esperamos la debida comprensión”, dijo.

Asimismo, la autoridad desestimó que la secretaría no esté entregando los recursos para el desplazamiento de los representantes de pueblos originarios, “el PNUD está convocando a un encuentro días antes de la convención y la secretaría ejecutiva aseguró la presencia de todos los convencionales de pueblos originarios a esa instancia, es decir, nosotros ya compramos los pasajes para todos ellos”.

Otro tema que ha levantado polvareda es que algunos convencionales aspiran a contar con asesoría, mientras que el presupuesto acordado para el funcionamiento de la Convención Constitucional no tiene este tema contemplado.

“Hemos tenido solicitudes de todo tipo, gente que considera que $ 1,5 millones por convencional es muy poco, que quiere tener dos o tres asesores, un abogado bien pagado. Eso lo definirán después ellos, cuando tengan el comité de asignaciones”, remarcaba Pavez.

Asimismo, recordaba que la dieta de los convencionales asciende a $ 2,5 millones, tributables, más $ 1,5 millones de asignación.