Los resultados de las elecciones arrojaron una tendencia clara: los grandes bloques que habían gobernado durante los últimos 30 años no lograron los resultados esperados y, como contrapartida, ganó una mayoría independiente y bloques de izquierda.

Esto de inmediato abrió el debate entre los economistas y dirigentes empresariales sobre qué tan profundos puedan ser los cambios que se realicen en la Convención.

Mientras el académico de la Universidad de California, Sebastián Edwards, afirmaba que “la probabilidad de una Constitución que le dé la espalda a un sistema capitalista moderno es mucho más elevada”, los presidentes de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, y de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín, mostraron una postura distinta. El primero planteó que no veía que “esté en peligro el modelo de desarrollo”, mientras que el segundo sostuvo que “esperamos que la estrategia de desarrollo o el modelo económico no sea tanto tema de la convención, sino que de las elecciones democráticas”.

Entre los economistas consultados hay un consenso en que sí habrá cambios o modificaciones al modelo, y el sistema actual no seguirá tal cual cómo funciona hoy. Sin embargo, entre los expertos hay matices y todo quedará sujeto al debate que se dé en la Convención.

Aunque mencionan que los cimientos del modelo serán removidos, algunos pilares se deberían mantener como lo es la libertad de emprendimiento y la propiedad privada. En otras palabras, habrá un giro a la izquierda avanzando hacia un rol más solidario del Estado

En ese sentido, el principal punto en cuestión será el término del rol subsidiario del Estado. Los economistas coinciden en que se avanzará hacia un modelo donde el Estado y lo público tengan un rol más preponderante que el actual relegando al sector privado a una mínima expresión en temas como salud, educación, pensiones y otros como pasar a ser proveedor principal de servicios básicos como agua, luz entre otros.

Luis Eduardo Escobar, director del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) sostiene que “sin duda alguna habrá cambios importantes en el modelo económico que hemos implementado en Chile. Hoy el sistema está muy desequilibrado en favor de las empresas, especialmente las más grandes, y sus propietarios. Esta nueva estrategia conlleva un cambio fundamental en el rol del Estado, sobre la base de grandes acuerdos nacionales, que tendrá que definir políticas de desarrollo y jugar un papel directivo y de promoción en función de esas políticas”.

En este aspecto, Escobar menciona que “el cuestionamiento principal estará dirigido al rol subsidiario del Estado. El Estado no puede ser subsidiario si verdaderamente aspiramos a resolver los problemas más acuciantes que enfrenta el país en educación y capacitación, salud, pensiones, vivienda y protección social en un sentido amplio”.

Esa misma visión es la que entrega Alejandro Fernández, economista de Gemines, quien menciona que es probable que se dejen ciertas áreas privativas para el Estado. “Un tema puede ser el agua y eventualmente un papel mucho más activo en pensiones, salud, darle un sello mucho más estatista”.

Guillermo Le Fort, académico de la Universidad de Chile, sostiene que no se sabe bien qué tanto cambiará el modelo, ya que eso depende del grado de ideologización de quienes tengan la responsabilidad de gobernar. “Si son prácticos y les dan espacio a sus técnicos, estos tratarán de imitar a China, manteniendo la economía de mercado y el crecimiento hacia afuera, con las exportaciones en que tenemos ventajas y buscando estimular crecimiento sostenido con incentivos adecuados y alineados”, dice.

No obstante, un escenario alternativo es que “si son ideologizados se meterán en el aparato productivo para cambiarlo a su gusto, crearán empresas estatales, desconocerán derechos de propiedad, buscarán forzar nuevas exportaciones, baterías de litio y hasta autos eléctricos, sin que importe el costo a los que se producen. Así, el proceso del cambio por el cambio se acelerará sin destino ni perspectivas de sostener algún grado de crecimiento económico”.

Para Le Fort, el tema central es saber qué entienden los ganadores por “el odiado neo liberalismo que buscan reemplazar. Si creen que la escasez, la necesidad de incentivos bien alineados, las elasticidades de respuesta a los precios relativos son sólo expresiones del neo liberalismo, estaremos muy mal. Si no es así, tenemos la esperanza de que se haga un proceso con algún grado de aprendizaje que pueda ser de a poco, depurado de sus excesos y defectos”.

Los economistas afirman que pese a que el modelo avance hacia uno con una presencia fuerte del Estado, no creen que se cambien algunos pilares como la libertad de emprendimiento o el derecho a propiedad privada.

Patricio Rojas, economista de Rojas y Asociados, comenta que “es bien difícil que puedan cambiar algunos aspectos claves como lo es la libertad de emprendimiento, el derecho a propiedad y la importancia de la actividad privada para el crecimiento”. No obstante, sobre este punto acota que “un tema que puede ser discutido son algunos bienes de derechos públicos como el agua, o los minerales y puede haber modificaciones con respecto a cómo son tratados hoy en día”.

Para Rojas, donde sí puede haber cambios es en la definición de los derechos sociales y su respectivo financiamiento.

Esa opinión es compartida por Le Fort. “Una Constitución larga y de derechos garantizados va a eliminar en los hechos la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en materia de gastos y previsión. Y no sólo porque el Congreso seguramente podrá decidir gastos, también la Corte Suprema cuando falle a favor de los reclamantes que no ven reconocidos sus derechos constitucionales”. Por último, menciona que “hay una demanda por más bienes públicos que deberá ser respondida, ojalá que se haga con alguna conciencia de las restricciones que la realidad impone”.