Daniel Ortega acentúa su ofensiva contra la oposición a cinco meses de las elecciones en Nicaragua

“Terrorismo” y “conspiración” son algunos de los cargos imputados contra cuatro precandidatos presidenciales de oposición que buscan desbancar al Presidente Daniel Ortega en las cruciales elecciones del 7 de noviembre próximo en Nicaragua y que han sido detenidos en los últimos días.

La primera detenida, el miércoles pasado, fue Cristiana Chamorro, la figura opositora con mayores posibilidades de ganar las presidenciales de noviembre. Luego fueron puestos tras las rejas Arturo Cruz, exembajador de Ortega en EE.UU., y Félix Maradiaga. Y este martes fue el turno de Juan Sebastián Chamorro.

Los organismos internacionales han exigido la liberación de los postulantes al sillón presidencial, mientras Estados Unidos dio un paso más allá al imponer una nueva ronda de sanciones para asfixiar al orteguismo.

Según el diario nicaragüense La Prensa, el exviceministro de Hacienda y precandidato inscrito por la Alianza Ciudadanos por la Libertad (Alianza CxL), Juan Sebastián Chamorro, fue inicialmente citado a una entrevista en la Fiscalía General de la República para posteriormente allanar su casa en Managua y ser detenido.

En las últimas horas, la prensa local aseguró que la esposa de Chamorro, Victoria Cárdenas, permanece incomunicada, bajo asedio policial y sin la posibilidad de comunicarse con sus abogados para tener información sobre su pareja.

Mediante un comunicado, la policía aseguró que el precandidato está siendo investigado por el Artículo 1 de la nueva Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, por, entre otros delitos, “incitar a la injerencia extranjera, pedir intervenciones militares y organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”.

Horas antes, el equipo del precandidato de la coalición Unidad Nacional Azul y Blanco, Félix Maradiaga, denunció una detención por una causa de “terrorismo”. Según la BBC, después de salir de la fiscalía, el docente disidente y su abogado fueron sacados del auto para ser golpeados y luego permanecer “desaparecido” por horas antes de ser trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), sitio conocido como el “Chipote” y denunciado como “centro de tortura”.

Las acusaciones contra la oposición han tomado un nuevo rumbo debido a la ley de seguridad aprobada en diciembre pasado por la Asamblea Nacional controlada por el sandinismo. De acuerdo con el diario El País, organizaciones de DD.HH. defienden que la reciente normativa es un “instrumento judicial para censurar y perseguir a las voces críticas al gobierno”.

La oposición intenta rearmarse ante la persecución del Ejecutivo. La semana pasada, Cristina Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), fue puesta en arresto domiciliario después de seis días incomunicada en Managua por un presunto caso de lavado de dinero -a través de la fundación formada en honor a su madre- y “falsedad ideológica”.

En tanto, el exembajador ante Estados Unidos (2007-2009), Arturo Cruz, vivió el mismo proceso a su retorno desde Washington. Al llegar al aeropuerto de Managua estaba siendo esperado por las fuerzas de seguridad para trasladarlo a prisión.

Sin embargo, los candidatos no han sido los únicos en verse afectados por la ofensiva de Ortega. El expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, y la activista Violeta Granera también fueron detenidos para después pasar a arresto domiciliario sin acusaciones formales, en lo que la oposición denunció como una “cacería” política.

El Cosep señala que el régimen de Ortega está realizando un “desmantelamiento” de la democracia y defendió que las detenciones responden a los cuestionamientos para realizar un “proceso electoral libre, justo, competitivo y transparente”.

El exguerrillero y líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) Daniel Ortega cumplió 75 años de edad hace seis meses. Su primer período en la Presidencia fue entre 1985 y 1990, para luego volver a retomar el gobierno el 10 de enero de 2007. Desde entonces ha sido reelecto en dos ocasiones bajo acusaciones de fraude electoral y a partir de su cuarto mandato, en 2017, tiene como vicepresidenta a su esposa, Rosario Murillo.

De esta manera, el próximo año Ortega alcanzará 15 años a la cabeza de Nicaragua, cargo que buscará extender hasta 2027. Sin embargo, desde las masivas movilizaciones en abril de 2018 -que fueron violentamente reprimidas por la policía sandinista, generando comparaciones entre el mandatario y el dictador Anastasio Somoza, y que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dejaron más de 320 fallecidos y cientos de exiliados- el orteguismo ha vivido días grises.

A fines de 2018, el expresidente de EE.UU. Donald Trump firmó una serie de sanciones económicas y de movilidad contra el régimen de Nicaragua, al considerarlo una “amenaza inusual para la seguridad nacional”. No obstante, ayer el Departamento del Tesoro estadounidense lideró una nueva ofensiva al tildar de “dictador” a Ortega y, como respuesta a la detención de los candidatos opositores, emitió nuevos castigos financieros. Entre los altos cargos afectados aparece Camila Ortega Murillo, hija de la dupla presidencial.

La Organización de Estados Americanos (OEA) solicitó la liberación de los presos políticos y el “cese del hostigamiento y la opresión de la dictadura del patricida Daniel Ortega”. El secretario general de Naciones Unidas, el portugués António Guterres, también pidió la libertad de los líderes de la oposición que han sido detenidos y la restitución de sus derechos políticos. En tanto, Human Rights Watch América defendió que se “necesitan con urgencia esfuerzos multilaterales para detener a Ortega”.

Según el diario estadounidense The New York Times, la represión de Ortega deja al país a un paso de convertirse en un “Estado de partido único”, al poner de manifiesto la detención de los disidentes, la prohibición de manifestaciones, los bloqueos a los medios de comunicación y la descalificación de los partidos políticos para evitar su participación en los comicios a través de las nuevas leyes de criminalización a la oposición.