El director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, David Bravo, entra al debate sobre el financiamiento del proyecto de ley que entrega una Pensión Garantizada Universal (PGU) de $185 mil para el 80% de la población más vulnerable, donde también se extenderá parte de ese monto para quienes estén entre el 80% y el 90%.

Si bien algunos expertos como el director de Estudios de LarrainVial, Leonardo Suárez, habían advertido sobre esta situación, recién el martes el debate tomó fuerza luego de que los economistas José De Gregorio, Rodrigo Valdés, Eduardo Engel y Andrea Repetto criticaron la forma en que el gobierno estaba financiando esta propuesta, indicando que no eran fuentes de ingresos permanentes.

El economista y expresidente de la comisión sobre pensiones en el gobierno de la expresidenta Bachelet, sostiene que “lo fundamental es que el gobierno y la oposición tienen que sentarse a discutir el financiamiento y tratar de avanzar en este proyecto. Más allá de las consideraciones políticas necesitamos poder tener un periodo de gobernabilidad adecuada”.

Ayer surgió una polémica sobre el financiamiento del proyecto que amplía una pensión solidaria hasta el 90% de la población. ¿Cuál es su postura ante esta discusión?

Cuando se anunció la Pensión Garantizada Universal indique que era una buena posibilidad, ya que estuvo presente en las distintas propuestas de los candidatos presidenciales y profundizaba el pilar solidario. Entonces la pregunta es por qué no avanzar y desde ese punto de vista tiene rasgos positivos, pero que dependía de tres aspectos. Uno de ellos es el financiamiento de largo plazo del proyecto.

¿Usted suscribe los argumentos que entregaron los economistas en esa carta?

Coincido con la carta de los economistas en que el financiamiento es central y debe estar incluido en el proyecto. Las buenas prácticas muestran que los proyectos de ley deben incluir en un mismo proyecto su financiamiento, y no hacer uno donde estén los gastos y otro el financiamiento. No deben ir por separado. Lo que no puede pasar es que existan dudas sobre el financiamiento y esa discusión técnica básica se requiere.

¿Lo que recomienda es que se realice una discusión entre gobierno y oposición para que puedan zanjar esas dudas?

Esta es una discusión técnica que se puede hacer rápido. Se pueden poner de acuerdo fácilmente de manera técnica si es que hay voluntad política para avanzar. No es una excusa para que el proyecto no avance. Es un deber poder llegar a acuerdos e impulsarlo. Si bien las probabilidades de aprobarlo todavía son bajas, tenemos la urgencia.

¿Se pueden despejar rápidamente esas dudas?

Lo fundamental es que el gobierno y la oposición tiene que sentarse a discutir el financiamiento y tratar de avanzar en este proyecto. Más allá de las consideraciones políticas necesitamos poder tener un periodo de gobernabilidad adecuada. Llegar con una primera base de reforma consensuada sería positivo.

Los economistas también plantearon que era recomendable discutir todo en un mismo proyecto. Esto es el pilar solidario y cambios al pilar contributivo.

No estoy de acuerdo con que uno rápidamente pueda concluir que la pensión básica deba tramitarse con toda la reforma. No creo que se debe concluir eso rápidamente. Además, la oposición había pedido antes que se separara el pilar solidario del resto para avanzar más rápido, entonces no lo veo como necesario.

¿Ve que pueda haber un trasfondo político para que no se apruebe?

Sé que están los incentivos políticos para que no haya acuerdo. Ya sabemos quién es el Presidente que asume en marzo. Este gobierno quiere terminar de la mejor forma posible. Para el gobierno electo sería de gran utilidad llegar a marzo con esto resuelto y con un acuerdo. Boric tiene que jugar un rol más preponderante en esta discusión.